LA MUTUAS PRIVADAS EXPEDIRÁN LAS BAJAS POR ENFERMEDAD

CANARIAS SEMANAL

"Hasta siete facultativos pueden intervenir para dar de alta a un trabajador". "Los expertos piden mayor protagonismo de las mutuas en las altas y las bajas". "La ministra de Empleo ha legislado para acabar con el fraude del absentismo laboral". Con tan terminantes y sesgados juicios ha comenzado a presentar la prensa del establishment la última contrarreforma implementada por el Ejecutivo Rajoy en el mercado de trabajo español.

El objetivo de la misma no es original. Se trata, una vez más, de aumentar los beneficios de las grandes empresas rebajando los "costes laborales". En este caso, sin embargo, el ahorro se efectuará negando de facto el derecho a mantener un puesto de trabajo cuando se sufra una enfermedad de relativa duración. Aprobando, en definitiva, el "despido por enfermedad".

El Ejecutivo Rajoy también rebajará el tiempo que las empresas deben hacerse cargo del coste de la bajas laborales y aumentará el papel de las mutuas privadas en las gestión de las mismas. Medidas todas ellas que habían sido insistentemente reclamadas por la patronalCEOE y Cepyme.

BAÑEZ APRUEBA QUE SE PUEDA DESPEDIR "AUNQUE LA AUSENCIA SEA JUSTIFICADA"

Con el aplauso unánime de estos lobbys empresariales el Ministerio de Empleo encabezado por Fátima Báñez, en efecto, ha legislado. Pero no para "acabar con el fraude"de quienes pudieran fingir enfermedades para no acudir a sus puestos de trabajo, sino para que sea posible echar sin ningún tipo de freno a un trabajador con bajas justificadas. A partir de ahora, será procedente despedir a quienes no acudan a su puesto de trabajo un 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos en un periodo de doce meses, "aunque la ausencia haya sido justificada". Es decir, aunque la más grave enfermedad diagnosticada por un médico especialista sea la causa de estas ausencias.

MAYOR NEGOCIO PARA LAS MUTUAS PRIVADAS. EL PP PROFUNDIZA EN EL CAMINO ABIERTO POR FELIPE GONZÁLEZ

La contrarreforma del Gobierno del PP no solo abre las puertas para que los empresarios se puedan deshacer, sin ningún problema, del trabajador que haya cometido el terrible pecado de enfermar. También establece nueva rebajas a la aportación que las empresas realizan para cubrir las bajas aprobadas, para lo cual se disminuirá el tiempo que tienen que hacerse cargo del coste de las mismas. Actualmente se ocupan económicamente de las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, mientras que después se hace cargo la Seguridad Social.

Pero el proyecto del Ejecutivo Rajoy va mucho más allá. En diciembre de 1995, el Ejecutivo de Felipe González aprobaba el Real Decreto 1993/1995 que abría el camino para que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales comenzaran a gestionar la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes. Desde entonces, estas empresas han pugnado para conquistar nuevas cuotas de mercado ocupando el lugar de los profesionales médicos del Servicio Nacional de Salud.

Las mutuas, como las clínicas y los centros de salud concertados, reciben fondos públicos, pero son compañías privadas integradas en la patronal. Sus clientes son las propias empresas interesadas en que sus trabajadores no reciban bajas, por justificadas que éstas puedan estar médicamente, que puedan alterar mínimamente sus cuentas de resultados.

Leire Txakartegi, responsable de Salud Laboral en la Ejecutiva del sindicato ELA - denuncia esta supeditación de lo público a lo privado, alertando de que "en el fondo están acercando la opción de la privatización del sistema de la Sanidad, lo que es malo no solo en general para la sociedad, sino para los trabajadores en particular, porque se utiliza la salud con criterios económicos".

Adolfo Muñoz, secretario general de este sindicato, se muestra igualmente contundente a este respecto. "Las mutuas -concluye Muñoz- se ponen al servicio de los empresarios en contra de la salud de los trabajadores. Solo quieren el negocio".