ESTIMA QUE EL EX PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS NO COMETIÓ NINGÚN DELITO

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

EL SUPREMO REHABILITA AL JUEZ CANARIO QUE ASESORÓ A UN CAPO DEL NARCOTRAFICO

CANARIAS 

El pasado jueves 3 de mayo se conocía la sentencia del Tribunal Supremo que anula  la expulsión del magistrado palmero José Antonio Martín Martín de la carrera judicial, dictaminada previamente por el Consejo General del Poder Judicial. Antes de ser separado de sus funciones Martín Martín no era un magistrado cualquiera dentro del organigrama de la judicatura en el Archipiélago. Se desempeñaba nada más y nada menos que como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Tampoco los hechos en los que se vio envuelto el juez que ahora restablece totalmente el Alto Tribunal fueron de escasa importancia.

LAS ACCIONES "NO DELICTIVAS" DEL JUEZ MARTÍN MARTÍN

     El escándalo de José Antonio  Martín estalló a comienzos del año 2006, cuando unas escuchas telefónicas ordenadas por el magistrado Miguel Ángel Parramón, en el marco de la investigación de la trama eólica, captaban accidentalmente la conversación mantenida por éste con su íntimo amigo Wilebaldo Luís Yanes.  Un conocido empresario imputado en la citada trama y padrino de su hijo Nereo Santiago Martín.  En esta conversación, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas aconsejaba a Yanes sobre la manera en la que debía actuar el abogado del narcotraficante Rafael Bornia para lograr su excarcelación bajo fianza.  Wilebaldo Luís Yanes, socio del hermano del encausado Julio Bornia, se dirigía a su compadre con un “joder, mira a ver lo que puedes hacer por ahí”.  A lo que el juez respondía con un “pero dile que no se enrolle, que explique las cosas claritas y sencillas, que diga que está dispuesto a pagar una fianza en la cantidad que se le diga (…) y ya está, a ver qué pasa”.

     Pero no fue ésta la única ocasión en la queJosé Antonio Martín trató de favorecer al narco.  Momentos antes de iniciarse la vista contra éste el magistrado se acercó al fiscal antidroga Javier García Cabañas y le preguntó por la posibilidad de que la Fiscalía, modificando su criterio anterior, pidiese la libertad de Bornia. Ante la negativa del fiscal, Martín intentó, nuevamente sin éxito, que éste aceptase ponerlo en libertad con una "alta fianza".  Al finalizar la vista, el juez Martín -conocido por sus sentencias implacables contra los delincuentes de poca monta- se apartó del criterio que había mantenido en casos similares, votando en solitario a favor de que se acordase la libertad provisional deRafael Bornia, en cuya casa encontró la policía más de 140 millones de pesetas escondidos en un trastero.  Unos meses antes, José Antonio Martín había compartido mesa y mantel conJulio Bornia -a quien con anterioridad absolvió por otro delito de narcotráfico-, en una cena a la que también asistió Wilebaldo Luís Yanes.

     A mediados del 2006, César Tolosa Tribiño -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria e instructor del expediente disciplinario abierto contra Martín- consideraba “sobradamente acreditado que el magistrado había puesto el ejercicio de su función al interés de Rafael Bornia”, al que se iba a juzgar en la Sección Primera de la Sala que él presidía. Tribiño estimaba igualmente acreditado que José Antonio Martín había incurrido en cuatro faltas consideradas muy graves, por lo que recomendaba su expulsión de la carrera judicial. Una de estas "faltas" fue presionar a los jueces encargados del caso para que concedieran al narcotraficante la libertad bajo fianza. Además de lo ya señalado, el expediente de César Tolosa Tribiño consideraba probado que, al tiempo que ejercía como presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Martín era dueño de un alto porcentaje de acciones de una empresa dedicada al asesoramiento legal, dirigida por su hijo, y que él mismo ejercía estas labores de asesoramiento.  Dos actividades que la Ley Orgánica del Poder Judicial declara incompatibles con el ejercicio de la judicatura.  La investigación penal abierta contra el juez desvelaba, asimismo, que éste tenía la friolera de 72 cuentas corrientes vinculadas a su nombre y facturas sin justificar por valor de más de treinta mil euros. 

EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA EN LA VÍA PENAL. SEPARADO DE LA CARRERA JUDICIAL DÍAS ANTES DE SU JUBILACIÓN

     Por todo ello, el ex presidente de la Audiencia era apartado cautelarmente de sus funciones y acusado de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios y cohecho. Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Canariasllegaba a imponer a Martín la leve condena de un año y medio de inhabilitación y 7.500 euros de multa. En enero de 2010, no obstante, el Tribunal Supremo anulaba esta sentencia, absolvía al juez del  “delito de actividades prohibidas a funcionarios”  -la única imputación que aún se mantenía contra él – y decidía archivar el caso definitivamente por la vía penal. De esta forma, y pese a la gravedad del caso, José Antonio Martín sólo tuvo que enfrentarse a la posibilidad de ser expulsado de la judicatura, lo cual terminó sucediendo, a escasas fechas de que llegase su jubilación.     

LAS RAZONES DEL TRIBUNAL SUPREMO PARA REHABILITAR AL JUEZ

     Lejos de conformarse con la benevolente sentencia, José Antonio Martín interpuso el recurso que ahora ha sido estimado por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal anula la expulsión del juez, por considerar que "el expediente disciplinario que sirvió para apartarle de la judicatura había caducado". Además, el Supremo ha dictaminado que las escuchas que sirvieron de prueba para iniciar el expediente disciplinario contra el juez son "ilícitas e inconstitucionales". La Sala sostiene que los contactos telefónicos del magistrado, igual que los de cualquier otro ciudadano, están ‘blindados’ por el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones, ya sean telefónicos como postal.

     La sentencia, sin embargo, no es compartida por cuatro de los magistrados del Tribunal Supremo. Nicolás Maurandi, José Manuel Sieira, Pablo Murillo y Luis María Díez-Picazoemitieron sus votos particulares  en contra, por considerar que  los llamados “hallazgos ocasionales” en intervenciones telefónicas obligan a identificar el delito y que  había motivos suficientes para iniciar una causa penal contra Martín precisamente por su desempeño jurisdiccional. Los magistrados sostienen, asimismo, que en el caso enjuiciado no cabe aducir caducidad por su “excepcionalidad”, ya que lo “insólito” de que un presidente de Audiencia Provincial pueda asesorar a un imputado requería que la duración del procedimiento se prolongara.

      Estas discrepancias particulares, sea como fuere, no modifican el final de una historia de la que no es difícil extraer consecuencias sobre la Administración de Justicia en el Estado español. José Antonio Martín Martín, el juez que según se constató por las escuchas policiales asesoró al capo del narco Rafael Bornia, es ya un hombre con el expediente perfectamente limpio,  y que  será restablecido en "todos los derechos administrativos y estatutarios que le correspondían en el momento de dictarse la resolución de separación de la carrera judicial”.