miércoles, 30 de mayo de 2012
CREEN QUE SE DEBE "DESPEJAR CUALQUIER RECELO"
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
EL ECONOMISTA
"Es evidente que los esfuerzos que se imponen a los ciudadanos para la viabilidad económica de Bankia, que supone unos 500 euros por ciudadano, imponen una justificación clara de las circunstancias que han llevado a esta situación y que se despeje cualquier tipo de recelo".
Así de claro se mostró ayer Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria en la carrera judicial-, después de conocerse que un juzgado madrileño ha admitido a trámite una querella presentada por Manos Limpias contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la caja de ahorros.
Llarena reconoció que "es imposible evaluar desde fuera si ha habido alguna irregularidad", lo que no impide que la organización a la que representa considere necesario que la Fiscalía investigue la gestión de la crisis de la entidad. No se trata del único caso: el portavoz de la Asociación Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado Pérez, consideró "muy positivo" que se investigue "todo lo necesario", y denunció que este papel corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha declarado que no tiene previsto abrir una investigación de oficio. Sobre este punto, aclaró que "lo que no puede ser es que los gestores y altos ejecutivos se estén llevando el dinero de los contribuyentes de forma impune".
Los jueces evitaron valorar el papel de los querellados por considerar, en palabras de Llarena, que "como asociación judicial, no se puede entrar en determinadas escaramuzas políticas a personas significadas y concretas". Se impone, así, "la claridad de los hechos", por lo que habrá que esperar a la valoración de la Fiscalía.
En cuanto al papel de los ciudadanos, Llarena aseguró que "cualquier persona física o jurídica puede presentar una denuncia o una querella si determinados hechos pueden constituir delito, aunque además pueden manifestar su voluntad de constituirse como acusación particular". Dolado añadió que "si existen asociaciones de particulares o sindicatos que se sienten perjudicadas por Bankia, veríamos bien que acudan a la Justicia". Eso sí, la Fiscalía "es la única que puede iniciar un procedimiento de este tipo, porque a consumidores o particulares les faltarían pruebas".
Los jueces también valoraron positivamente que la Comisión Europea estudie si la nacionalización de Bankia supone una ayuda de Estado contraria al derecho comunitario. Llarena aseguró que "habrá que estar pendiente de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", aunque consideró que "no existe una subvención directa, sino que se suscribe la ampliación de capital para evitar que lo haga el mercado". En todo caso, corresponde a Europa valorar si existe un "apoyo encubierto" y "si se aborda este problema es porque en principio la existencia de un abuso ofrece viabilidad".
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