Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

viernes, 18 de mayo de 2012

El trámite parlamentario de la reforma laboral deberá aclarar si la razonabilidad -como requisito legal para que el empresario despida por causas económicas- seguirá utilizándose por los jueces...

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El juez "debe seguir midiendo la razonabilidad del despido"

ECOLEY

El trámite parlamentario de la reforma laboral deberá aclarar si la razonabilidad -como requisito legal para que el empresario despida por causas económicas- seguirá utilizándose por los jueces, o si bastará el criterio objetivo de la existencia de pérdidas en la empresa durante tres trimestres consecutivos. Los expertos, sin embargo, lo tienen claro: lo conveniente es que los jueces de lo social sigan aplicando la razonabilidad.

Es una de las conclusiones alcanzadas por los profesionales que aplican la norma, reunidos un desayuno jurídico organizado por la revista Iuris&Lex. Este punto de la reforma "preocupa mucho" y "debería aclararse durante el trámite parlamentario" de la norma, según declaró Javier San Martín Rodríguez, presidente del Consejo Superior de Colegios de Graduados Sociales.

En caso contrario, existe consenso entre los ponentes en que dejar la tarea de interpretar la norma a los jueces desembocará en "resoluciones contradictorias", aunque, en opinión de Ignacio Ramos, de Peña Abogados, "es una opinión bastante extendida" que los jueces de lo social seguirán guiándose por este criterio subjetivo. La misma opinión expresó Juan Fernández Henares, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, quien aseguró que "aunque la ley es así de clara, todavía deben analizar la razonabilidad". Fernández se centró, además, en que la reforma "ha sido poco valiente en el fomento de la contrata.

Salarios de tramitación

Otro tema clave es la eliminación del despido exprés, que permitía al empresario reconocer automáticamente la improcedencia de la extinción del contrato, algo que podía no ser real y que se utilizaba para evitar el proceso y el pago de salarios de tramitación. En este punto, Ramos recordó que, con la reforma, se crea incertidumbre sobre las consecuencias fiscales de la indemnización al trabajador por despido reconocido como improcedente. Tal y como queda redactado el Estatuto de los Trabajadores, si realmente no existe improcedencia, las indemnizaciones "no serán legales y no estarán exentas".

En cuanto a la eliminación de la autorización previa de la autoridad laboral en los despidos colectivos o en los casos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para San Martín, supone "un acto generoso de avance legislativo".

'Cláusulas de descuelgue'

Los invitados también hablaron sobre las llamadas cláusulas de descuelgue, que abren las puertas a nuevas posibilidades de intervenir en la resolución de discrepancias entre empresa y trabajadores, al permitir que lo negociado entre las partes prime sobre el convenio sectorial. Sobre este punto, Martín Borrego Gutiérrez, director general de la Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), reivindicó el papel de mecanismos como el arbitraje o la mediación para descargar la alta litigiosidad.

Además, sobre la carga extra para los tribunales que pueda suponer la impugnación de los despidos que el trabajador vea improcedentes, Ramos aseguró que una opción es "penalizar vía costas". San Martín, por su parte pidió sancionar al profesional, "no a la parte", ya que las reclamaciones sin sentido "no las hace el trabajador".