CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: Una cámara de videovigilancia de una empresa grabó cómo asesinaban a una persona. Pero los tribunales acabaron anulando las imágenes como prueba porque no se había respetado el derecho del asesino a su propia imagen.

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

viernes, 23 de noviembre de 2012

Una cámara de videovigilancia de una empresa grabó cómo asesinaban a una persona. Pero los tribunales acabaron anulando las imágenes como prueba porque no se había respetado el derecho del asesino a su propia imagen.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La cámara de videovigilancia no cumplía con la LOPD, grabando más ángulo del que permite la ley, y los jueces incluso comunicaron a la AEPD el hecho por si la empresa propietaria de la cámara estaba incumpliendo la norma. Por fortuna, las restantes pruebas permitieron condenar al asesino.

El 15 de julio de 2007, un joven de 20 años se disponía a entrar en una discoteca de Barcelona cuando, sin mediar palabra, otra persona le asestó varias puñaladas por la espalda. Desde la acera de enfrente, una cámara de una mutua de seguros grabó toda la escena, en la que se podía apreciar cómo el agresor apuñaló a la víctima hasta en 15 ocasiones, acabando con su vida.

Gracias a las imágenes y al resto de pruebas, el agresor fue condenado a 17 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Barcelona. Sin embargo, la defensa recurrió la sentencia alegando, entre otras razones, que la prueba de las imágenes de la videocámara debía ser anulada porque la cámara incumplía la legislación de protección de datos.

Tras revisar el caso, el Tribunal de Justicia de Cataluña, en una sentencia confirmada ahora por el Tribunal Supremo, aceptó los argumentos de la defensa y anuló la prueba de las imágenes. Los jueces consideraron probado que la videocámara, una de tipo omnidireccional y con zoom, recogía imágenes más allá de lo que autoriza la AEPD para la vigilancia privada, grabando la vía pública y a los transeúntes. Además, invalidó el testimonio del vigilante de seguridad porque se basaba en lo que había visto en el monitor de la cámara. La sentencia reconoce por tanto que se vulneró el derecho fundamental del acusado a su propia imagen.

No sólo eso, el Alto Tribunal pide que se comunique a la AEPD las circunstancias de la instalación de la cámara de videovigilancia en el edificio de la mutua “a los efectos que procedan”, por lo que el caso podría acabar en sanción para la empresa responsable de la cámara. El resto de pruebas del caso bastaron al Tribunal para mantener la condena por asesinato.