¿Las primeras víctimas del "Plan de Racionalización" del sector?

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

SEIS DE CADA DIEZ TRABAJADORES MUNICIPALES PODRÍA SER DESPEDIDO

CANARIAS SEMANAL

Los recortes en las plantillas de empleados públicos, reiteradamente anunciados, parecen estar al caer. Así lo admitía la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, quien no tuvo reparos a la hora de afirmar que será necesario reducir “a la fuerza” las plantillas del sector.

    El Plan de Racionalización del sector  en el que el Gobierno está trabajando no se limitará, en efecto,  a volver a recortar los sueldos de los funcionarios. Según el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, las administraciones dan trabajo a más de 3,1 millones de empleados, fijos y eventuales. Los funcionarios puros y duros, los únicos que están blindados ante un posible ERE público, suman 2,1 millones. El 30% restante, un millón de trabajadores, es personal laboral, que puede ser despedido en cualquier momento. Para mantener todos esos puestos de trabajo, el Gobierno necesita cada año 123.000 millones de euros.

      Pero los que se encuentran en peor situación son los que trabajan para los ayuntamientos. Según las estadísticas de personal que maneja el Gobierno, uno de cada cinco trabajadores públicos está al servicio de la administración local. Se trata de casi 647.000 empleados, distribuidos entre  los 8.116 ayuntamientos del Estado. De ellos,  el 60% -384.273 personas- se encuentra totalmente desprotegido ante cualquier despido colectivo que planteen los consistorios para ajustar sus gastos.

    Según el secretario de Hacienda, Antonio Beteta, estos son los empleos públicos que tendrán que desaparecer “inexcusablemente”, y no los de los funcionarios de carrera. A menos, claro está, que los pagos de la Deuda y la "austeridad presupuestaria" obliguen a realizar  nuevos ajustes.