El Gobierno plantea el retraso de la jubilación anticipada a los 65

EL ECONOMISTA

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, abogó este jueves por retrasar la edad de acceso voluntario a la jubilación anticipada a los 65 años y la parcial a los 63 años en el año 2027, cuando concluya el periodo transitorio que llevará la edad ordinaria de retiro de los 65 años a los 67 años. Así lo anunció en su intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde apuntó que estas modificaciones están basadas en "criterios de lógica y de coherencia", y responden a "desajustes, incoherencias e inequidades" que, en su opinión, existen actualmente en el sistema de pensiones.

El Ejecutivo defiende que las edades de jubilación anticipada y parcial deben evolucionar "en línea" con la edad ordinaria. Así, si ésta se retrasa dos años, el retiro anticipado debería ser, según Burgos, "a los 65 años cuando concluya el periodo transitorio" y, en la misma lógica, la jubilación parcial pasaría a los 63 años.

No obstante, el secretario de Estado admitió que estas medidas no supondrán un "ahorro inmediato" pero añadió que sí que tendrán una "clara incidencia" en la sostenibilidad de la Seguridad Social. Burgos defendió que las propuestas del Gobierno, que incluyen el retraso en la edad de acceso a la jubilación anticipada y parcial, los años de cotización requeridos y la modificación de los coeficientes reductores, no tendrá efectos importantes de forma inmediata pero "sí tendrán una clara incidencia en la sostenibilidad futura del Sistema". En este sentido, subrayó que las medidas que propone el Ejecutivo suponen "correcciones y ajustes técnicos, pero no altera en esencia el sistema y supone un importante ahorro de costes".

Burgos, avanzó que el Ejecutivo "mantendrá" las medidas incluidas en la reforma de pensiones del anterior Gobierno, como el retraso de la edad de jubilación. En este sentido, añadió que el Gobierno no puede "voltear" el sistema de pensiones pero "sí introducir correcciones que no responden a una línea ideológica, sino a la realidad". También explicó que los cambios no afectarían a una serie de jubilaciones anticipadas, como la de las personas con discapacidad o la de los trabajos penosos. Asimismo, se mantendrían las modalidades, requisitos de acceso y cuantías para las personas cuya relación laboral se extinguiera antes de la entrada en vigor de esta reforma, así como la de los afectados en expedientes de regulación o concursos de acreedores suscritos con anterioridad.

Por otro lado, Burgos criticó que algunas medidas adoptadas en anteriores legislaturas "han sido contraproducentes para promover la permanencia en activo" de los trabajadores una vez cumplida la edad de jubilación. En cuanto a la jubilación parcial, el secretario de Estado criticó que ha supuesto una "fórmula privilegiada" de retiro anticipado sin coeficientes reductores y cuyo coste ha recaído sobre la Seguridad Social. En este caso también abogó por incrementar en un 50% la jornada mínima que deben realizar los jubilados parcialmente que en la actualidad la ley sitúa en el 25% de la jornada habitual, pero que en realidad se acerca al 20%. También propone aumentar de 30 a 33 los años de cotización necesarios para acceder a este tipo de retiro.

Por otro lado, Burgos se refirió también a la propuesta del Gobierno para compatibilizar pensión y salario, que, según el Gobierno, debería situarse en entre un 50% y un 60% de la prestación. En este sentido, sostuvo que si este porcentaje se situase en el entorno del 80%, la situación sería "poco asumible".

Críticas de la oposición

En respuesta a la intervención del secretario de Estado, la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, sostuvo que es "indigno" y supone una "falta de respeto" hablar de compatibilizar la pensión con un empleo cuando hay casi seis millones de paradosen España. Además, aconsejó al Ejecutivo que no confunda la jubilación anticipada, con las "prejubilaciones forzosas" de trabajadores que hacen las empresas.

La diputada de BNG, María Olaia Fernández Davila, advirtió al Gobierno de que en lo "único que podríamos estar de acuerdo con ustedes para reformar las pensiones" sería si se vuelve a situar la edad de jubilación en los 65 años, algo que considera que sería "coherente" con la oposición que el PP hizo de esta medida adoptada por el anterior Ejecutivo.

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, instó al secretario de Estado a tener el "coraje" para hacer desaparecer el contrato de relevo de la jubilación parcial, ya que en la actualidad supone un "fraude colectivo". También reclamó al secretario de Estado que aclare si el Ejecutivo revalorizará las pensiones en función de la inflación. Esta reclamación fue bastante generalizada por parte de todos los grupos parlamentarios, incluido el portavoz de CiU, Carles Campuzano, quien, además, criticó que las reformas que propone el Ejecutivo "no son la prioridad".

En representación de La Izquierda Plural, el diputado Joan Coscubiela criticó la incoherencia de las propuestas del Gobierno y sostuvo que "no hay razón alguna, ni de naturaleza económica, ni de equilibrio o equidad interna para que se reforme la jubilación parcial y anticipada".