CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: La mayoría de los juristas de Las Palmas ha acogido con indignación la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

domingo, 18 de noviembre de 2012

La mayoría de los juristas de Las Palmas ha acogido con indignación la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las tasas impedirían litigar a más del 30% de la población

CANARIAS7

El proyecto de ley de tasas judiciales que aprobó el congreso el miércoles impediría acceder a la Justicia a cerca de un 30% de la población, según fuentes funcionariales. La mayoría de los juristas canarios acogen la norma con indignación: los abogados estudian ir al Constitucional, y los jueces sopesan convocar un paro nacional.

La mayoría de los juristas de Las Palmas ha acogido con indignación la decisión de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el pasado miércoles aprobó el proyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. La idea más generalizada entre la curia es que la norma, de entrada, vulnera el derecho a la tutela la tutela judicial efectiva, al impedir el libre acceso del ciudadano a un servicio público como la Justicia.

«Las tasas se imponen a cualquier persona, sea física o jurídica, y si es física, sólo se exime a quienes tengan ingresos inferiores a 12.780 euros anuales, y computando no sólo los del propio interesado, sino los de su unidad familiar», advertía el pasado 8 de enero el respetado catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva Santos, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, en un articulo que concluye que el proyecto es rotundamente contrario a la Constitución.