Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

jueves, 29 de noviembre de 2012

El magistrado Vegas Ronda, titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Benidorm, ha hecho pública una resolución en la que se posiciona en contra de la aplicación de la nueva Ley de Tasas Judiciales ...

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Un juez de lo social se niega a aplicar la nueva Ley de Tasas Judiciales

ECOLEY

El magistrado Vegas Ronda, titular del Juzgado de lo Social nº 1 de Benidorm, ha hecho pública una resolución en la que se posiciona en contra de la aplicación de la nueva Ley de Tasas Judiciales a los recursos de suplicación en la jurisdicción social, al entender que tal norma resulta contraria al Derecho comunitario.

La resolución -que no obedece a ningún caso concreto, sino que es un acuerdo de unificación de criterios, según fuentes del Juzgado-, se apoya en que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda "el establecimiento de reglas comunes en los diferentes órganos jurisdiccionales", para que los ciudadanos tengan certeza de los criterios judiciales en ciertas cuestiones.

Así, el juez adelanta que, en su ámbito competencial, no aplicará la nueva tasa, y ello, entre otras cosas, porque "el establecimiento de una tasa vinculada a la prestación de un servicio público que en cuantía puede llegar hasta los 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional, es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, en los términos del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea".

A ello se suma que el diseño de la tasa "entra de pleno" en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Así, dado que esa Directiva se aplica también a los prestadores de servicios públicos -como la Justicia-, establecer unas tasas judiciales -como precio del servicio- que "no se sabe qué sufragan" constituye una "cláusula abusiva".