"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
700.000 FUNCIONARIOS AMENAZADOS POR LOS DESPIDOS MASIVOS
CANARIAS SEMANAL
"Con la reciente Reforma Laboral presentada por el Gobierno ultraconservador de Mariano Rajoy las cosas han dado un giro de 180 grados en lo que se refiere a los funcionarios. En su disposición adicional segunda, la Reforma Laboral incluye por vez primera en la historia del Estado español, la posibilidad de que éste pueda proceder al despido del personal laboral adscrito a su servicio "por causas de carácter económico". A partir de ahora la espada de Damocles penderá sobre las cabezas de los 700,000 asalariados que integran el colectivo del personal laboral integrado en el funcionariado. Y el gobierno parece decidido a utilizar a este colectivo para lograr los objetivos del deficit 5.3%, que le exigen los banqueros de Alemania y Francia.
El crecimiento del paro en España ha sido vertiginoso. En apenas un par de años el número de parados ha alcanzado la impactante cifra de 5.227.000 parados. Se trata de un hecho que no tiene ningún precedente histórico. Jamás había sucedido un acontecimiento semejante en los dos últimos siglos, desde que en el Estado español empezó a imponerse la formación social capitalista.
Es frecuente que muchos historiadores señalen a los 7 millones de parados existentes en la Alemania de 1933 como el factor que permitió la ascensión de Hitler al poder. Ello no es exacto. Fue uno factores, pero en ningún momento el determinante. Sin embargo , el fenómeno del paro jugó también su papel en una situación que se caracterizó por la complejidad de sus contradicciones y una intensa confrontación de clases sociales. Esta referencia nos puede servir para medir la magnitud que este crack laboral tiene en el momento actual que vivimos en el Estado español.
EL FUNCIONARIADO COMO OBJETIVO
De acuerdo con los augurios que hacen los economistas más conservadores, a finales del presente año el paro sobrepasará, posiblemente, la cifra de 6 millones de personas. Sin embargo, hasta ahora ha habido un colectivo laboral que no se ha visto tan afectado por los despidos como otros sectores de asalariados: los funcionarios. Las razones son múltiples. Van desde el hecho de que se trata de un colectivo laboral bien organizado, hasta las garantías legales que han rodeado el acceso al puesto de trabajo en el sector público.
Pero con la reciente Reforma Laboral presentada por el gobierno ultraconservador deMariano Rajoy las cosas han dado un giro de 180 grados. En su disposición adicional segunda, la Reforma Laboral incluye por vez primera en la historia del Estado español, la posibilidad de que éste pueda proceder al despido del personal laboral adscrito a su servicio "por causas de carácter económico". A partir de ahora la espada de Damocles penderá sobre las cabezas de los 700,000 asalariados que integran el colectivo del personal laboral integrado en el funcionariado.
PREPARANDO LAS CONDICIONES
En el curso de las últimas semanas el gobierno, a través de sus cargos intermedios, no ha dejado de estar preparando sicológicamente la situación que se avecina. Ya a principios del mes de marzo el secretario de Estado de administraciones públicas, Antonio Beteta, hizo una clara advertencia en el sentido de que debería procederse a recortar el empleo público con la finalidad de alcanzar los objetivos de déficit del 5.3%, que exigen Alemania y Francia.
Como han repetido en ocasiones similares los voceros gubernamentales en relación con otros recortes, Beteta trató de justificar su amenaza con el argumento de que la contratación en la Administración pública se había disparado en el último decenio.
El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, multiplicó la inquietud de los funcionarios públicos cuando utilizando un artero argumento en una conferencia que impartía, manifestó hace unos días que los empleados públicos "también deben ganarse el puesto de trabajo ", como si eso no fuera lo que hicieran diariamente las decenas de miles de médicos, enfermeras, maestros, profesores, economistas, oficinistas, jardineros, etc. que atienden durante largas jornadas laborales los servicios que demandan millones de ciudadanos.
LA INSEGURIDAD ES YA PATRIMONIO DE TODOS
Una vez abierta la veda para que el Estado pueda proceder al despido masivo detrabajadores públicos, la zozobra ha empezado a extenderse también a los funcionarios de carrera. En este sector del funcionariado ya nadie contempla como imposible que el día menos pensado una nueva reforma laboral convierta en tangible la posibilidad de que los funcionarios de carrera puedan ser separados de su puesto de trabajo por imperativos de carácter económico. "Una vez que se ha abierto la caja de Pandora,, resulta difícil saber quién la va a cerrar", expresaba gráficamente al respecto un sindicalista.
En una reciente reunión de los sindicatos con la Directora General de la Función Pública,Carmen Sánchez, ésta expresó la voluntad de su gobierno de "no proceder a ningún tipo de reducción salarial" para los funcionarios, aunque su jornada laboral haya sido incrementada en dos horas. En realidad, lo que sucede es que el gobierno de Rajoy prepara, sigilosa pero también implacablemente, las condiciones para poner en la calle a miles de empleados públicos. Se aumenta la jornada, pero los salarios siguen intactos. De esta forma, los que tengan la suerte de continuar en sus puestos , cubrirán con su trabajo las bajas de aquellos que han sido despedidos.
CONVERTIR A LOS FUNCIONARIOS EN ESQUIROLES
El Ministro de Educación Wert ha llegado más lejos. Entre sus planes figura la posibilidad de que los enseñantes incrementen "voluntariamente" sus emolumentos mensuales trabajando más horas. De esta sofisticada forma, el Ministerio de Educación convertirá en esquiroles aquellos enseñantes que se presten a incrementar sus salarios a costa de la pérdida del puesto de trabajo de sus colegas.
Las dimensiones del reto que el gobierno ultraconservador de Rajoy le plantea a los funcionarios públicos son enormes. Ignoramos si este sector laboral se encuentra en condiciones de afrontarlo o, por el contrario, su renuncia a resistir provocará una catástrofe administrativa que terminará pagando la sociedad en su conjunto.
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