El silencio de los corderos

CANARIAS SEMANAL

El Presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, ha sido separado de la carrera judicial y de la Audiencia Provincial por existir "indicios racionales" de prevaricación y cohecho en sus actuaciones judiciales. Sobre este caso, Canarias-semanal.com prepara un informe que aparecer en sus pantallas próximamente.

El asunto que nos ocupa en esta editorial no es un hecho puntual, que afecte a la posible conducta delictiva de un significado miembro de la magistratura. Aparecen relacionados con el mismo notorios integrantes de los tres poderes de la Comunidad Autónoma. El judicial, en la persona de su máximo representante en Las Palmas; el ejecutivo, en la del ex titular de la Consejería de Industria, Luis Soria; y por los datos que empiezan aparecer en las últimas horas, el legislativo en la persona del diputado y presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Manuel Soria.

Según se desprende de los hechos investigados, una enmarañada urdimbre institucional favoreció, presuntamente, la realización de determinadas operaciones empresariales de conocidos hombres de negocios, vinculados a la presidencia de la Cámara de Comercio de esta provincia. Los hechos - aunque usuales en este rincón del Atlántico - no dejan de ser gravísimos.

Sin embargo, en estas ínsulas de Barataria, parece como si no hubiera sucedido nada. Nuestros ilustres representantes en las instituciones, intentan aparentar serenidad, aunque el lenguaje de los gestos apunte una cierta desazón en los espíritus de algunos. Ya se sabe, surfean en el feo rostro de la situación con las frases estereotipadas de rigor. "Pido respeto hacia el papel de la justicia", reclamaba estos días la inefable vicepresidenta del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios. El ex juez y senador del PSOE, Arcadio Díaz Tejera, desertor de tantas causas, sentenció? con tono engolado: "Esta es una respuesta a los agoreros que insisten en que las instituciones no funcionan y no confían en el Estado de Derecho". Con el cinismo propio de quien es conocedor del intramundo de la política en el Archipiélago, Díaz Tejera terminó deseando que "se imparta Justicia por el bien del magistrado, porque lo conozco, lo aprecio y es un amigo". El presidente del Cabildo, José? Manuel Soria, como si oyera llover y la cosa no fuera con ?l, declar? solemne que "Las cuestiones sub iudice no son opinables. En mi opinión, los autos y las sentencias están para ser acatados o recurridos". Castro Feliciano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en un alarde de optimismo infinito, manifestó? que "no creo que lo sucedido provoque una pérdida de confianza en la Justicia".

Los integrantes de la casta que dirige los destinos del Archipiélago son expertos en este tipo de avatares. Un interminable historial de escándalos, pelotazos, apropiaciones indebidas o simples hurtos avalan la distante serenidad de nuestros políticos y empresarios en sus declaraciones públicas. Se sienten seguros. Son sabedores de que, a la postre, no suceder nada, de que estos asuntos quedan siempre atados y bien atados; de que si algún cabo quedara suelto y amenazara la estabilidad de las instituciones, la magia del "consenso" - hoy por mí, mañana por ti - lo arreglará todo. Y es que, aunque vagamente, todavía permanecen en nuestro subconsciente colectivo los nombres de "Puerto Marena", "Aeromédica", "Tindaya", "Floreal", "ICFEM", "La Favorita"... y el largo corolario de escándalos financieros que jalonan la corta historia de esta Autonomía nuestra de las corrupciones.

La experiencia nos indica que -en el mejor de los supuestos- esta cadena interminable de corruptelas es pasto de titulares de prensa sólo durante unas pocas semanas. Y ello, si interesa a las facciones que se disputan el poder institucional. El griterío inicial termina siendo ahogado en los despachos kafkianos de la judicatura, para sumergirse, finalmente, en el olvido. Transcurrido cierto tiempo, los personajes involucrados en el affair de corrupción, vuelven aparecer en la vida pública como si nada hubiera sucedido. La sanción con la que las sociedades castigan a quienes malversan su patrimonio es inexistente.

En esta ocasión los datos no sugieren que las cosas vayan a ser diferentes. Un oscuro túnel del tiempo puede estar amenazando, una vez más, el derecho de nuestro pueblo a conocer cómo se administran sus bienes. La magistrada designada para la instrucción de la presunta trama es Carla Bellini. Esta juez fue propuesta para su cargo en el Tribunal Superior de Justicia, por el Partido Popular. Sin prejuzgar cuál podrá ser su conducta en el curso de la instrucción del caso, no parece que su indudable vinculación con la derecha política del Archipiélago contribuya a proporcionar verosimilitud a la investigación y a sus conclusiones. Curioso resulta el silencio que al respecto ha mantenido la domesticada prensa local, incluida aquella que digitalmente representa a la "izquierda" leal. En otras geografías, las organizaciones sociales, políticas y sindicales estarán reclamando la renuncia inmediata de la magistrada, en el cometido que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha encomendado. No es casualidad que eso no suceda en estas latitudes.

Nos encontramos ante una sociedad inerme, desarticulada, incapaz de defenderse. No nos engañemos, ese pudoroso silencio que embarga a nuestras débiles organizaciones sociales es, en gran medida, un silencio cómplice. Es el silencio letal que enmudece a los corderos.