"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"SB-Noticias
Joaquín Sagaseta, abogado laboralista y candidato al Congreso de los Diputados por la coalición Canarias por la izquierda-Sí Se Puede-IUC por la provincia oriental, analizó en Canarias día a día las propuestas de la CEOE de nuevos recortes de derechos para los trabajadores y dijo que las propuestas de Juan Rosell son una provocación escandalosa y de una obscenidad inaudita, porque debemos tener en cuenta que la pretensión de la patronal no es otra que la de reducir a menos de la mitad los despidos improcedentes.
Joaquín Sagaseta anticipa que el despido improcedente tiene su origen en una ilegalidad del empresario. En este sentido, advierte que es rotundamente falso el argumento aportado por la patronal para justificar esta obscenidad de que el despido en España cuesta muy caro a los empresarios porque la realidad es que no cuesta ni una “perra”.
Tras explicar que lo que se penaliza con el despido improcedente es una ilicitud del empresario, recuerda que se bajó de los 45 días por año trabajado a 20, pero es que debemos tener en cuenta que el tope máximo sería una anualidad, por lo que el pago por cometer una ilegalidad apenas tiene coste para los empresarios.
Destaca que la coalición electoral por la que concurre a las elecciones así como la plataforma de abogados laboralistas a la que representa defiende que no se pueda despedir a un trabajador cuando no existan razones objetivas para hacerlo, dicho lo cual insiste en el carácter obsceno de la propuesta de la patronal puesto que hablamos de recortes de derechos de los trabajadores muy serios.
El abogado opina que las propuestas de Rosell son una auténtica barbaridad, porque además propone rebajar el despido por causas objetivas de 20 a 12 días, algo que ya tienen de alguna manera con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), también con el máximo de un año y añade que el despido por causas objetivas después de las últimas reforma realizadas por el gobierno del Estado es un despido extremadamente fácil para el empresario hasta el punto de que el trabajador se encuentra prácticamente indefenso.
Sagaseta destaca que nos enfrentamos a empresarios sin escrúpulos que tienen cuentas en su mayoría trucadas, que impiden por todos los medios que los trabajadores tengan información veraz y que encima tienen la facilidad para despedir basando sus argumentos en más que discutibles previsiones de que las cosas vayan mal a la empresa, razón por la que opina que estamos volviendo a los tiempos de acumulación primitiva y al imperio de las brutalidades del capitalismo.
Recuerda por otro lado que el derecho del trabajo se ha construido sobre la base de el principio de la estabilidad del empleo, algo que no se ha realizado ni por casualidad, ni porque se le ocurriera a alguien, sino porque sin estabilidad en el empleo, sin garantías frente al despido injustificado, todos los demás derechos del trabajo sobran.
Explica que si un trabajador se siente aplastado y acosado permanentemente por la amenaza del despido, renunciará al ejercicio de cualquier otro derecho precisamente para evitar ese despido, lo que supone una renuncia a las conquistas históricas de jornada laboral, al tiempo de trabajo, a vacaciones, etc., con tal de no ser despedido, creando por tanto una situación de completa indefensión de los trabajadores.
Para Joaquín Sagaseta, la protección frente al despido es una condición sine quanon para poder ejercer el conjunto de los derechos de los trabajadores, puesto que si un trabajador no está protegido frente al despido, tampoco podrá ejercer el conjunto de derechos que la legislación da, por lo que insiste en que lamentablemente sobran todos los demás derechos si no existe una garantía frente al despido, que ya de por sí en España era débil, pero que fue aún más debilitada por las reformas del gobierno, pero que ahora quiere acabar definitivamente la patronal dando un duro golpe en la línea de flotación de todo el derecho del trabajo como tal.
Tras explicar que lo que se penaliza con el despido improcedente es una ilicitud del empresario, recuerda que se bajó de los 45 días por año trabajado a 20, pero es que debemos tener en cuenta que el tope máximo sería una anualidad, por lo que el pago por cometer una ilegalidad apenas tiene coste para los empresarios.
Destaca que la coalición electoral por la que concurre a las elecciones así como la plataforma de abogados laboralistas a la que representa defiende que no se pueda despedir a un trabajador cuando no existan razones objetivas para hacerlo, dicho lo cual insiste en el carácter obsceno de la propuesta de la patronal puesto que hablamos de recortes de derechos de los trabajadores muy serios.
El abogado opina que las propuestas de Rosell son una auténtica barbaridad, porque además propone rebajar el despido por causas objetivas de 20 a 12 días, algo que ya tienen de alguna manera con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), también con el máximo de un año y añade que el despido por causas objetivas después de las últimas reforma realizadas por el gobierno del Estado es un despido extremadamente fácil para el empresario hasta el punto de que el trabajador se encuentra prácticamente indefenso.
Sagaseta destaca que nos enfrentamos a empresarios sin escrúpulos que tienen cuentas en su mayoría trucadas, que impiden por todos los medios que los trabajadores tengan información veraz y que encima tienen la facilidad para despedir basando sus argumentos en más que discutibles previsiones de que las cosas vayan mal a la empresa, razón por la que opina que estamos volviendo a los tiempos de acumulación primitiva y al imperio de las brutalidades del capitalismo.
Recuerda por otro lado que el derecho del trabajo se ha construido sobre la base de el principio de la estabilidad del empleo, algo que no se ha realizado ni por casualidad, ni porque se le ocurriera a alguien, sino porque sin estabilidad en el empleo, sin garantías frente al despido injustificado, todos los demás derechos del trabajo sobran.
Explica que si un trabajador se siente aplastado y acosado permanentemente por la amenaza del despido, renunciará al ejercicio de cualquier otro derecho precisamente para evitar ese despido, lo que supone una renuncia a las conquistas históricas de jornada laboral, al tiempo de trabajo, a vacaciones, etc., con tal de no ser despedido, creando por tanto una situación de completa indefensión de los trabajadores.
Para Joaquín Sagaseta, la protección frente al despido es una condición sine quanon para poder ejercer el conjunto de los derechos de los trabajadores, puesto que si un trabajador no está protegido frente al despido, tampoco podrá ejercer el conjunto de derechos que la legislación da, por lo que insiste en que lamentablemente sobran todos los demás derechos si no existe una garantía frente al despido, que ya de por sí en España era débil, pero que fue aún más debilitada por las reformas del gobierno, pero que ahora quiere acabar definitivamente la patronal dando un duro golpe en la línea de flotación de todo el derecho del trabajo como tal.
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