CANARIAS: EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE REPSOL AL DESCUBIERTO

CANARIAS SEMANAL

El pasado viernes, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación,José Miguel Pérez, y el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, presentaban en rueda de prensa el informe del Ejecutivo regional sobre el Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) realizado por Repsol sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

Un estudio que, para el Gobierno autónomo, contiene “causas de nulidad de pleno derecho”. “No cumple con el objetivo de que la población pueda conocer los posibles riesgos de las prospecciones y las medidas a adoptar para evitarlos”- aseguró Pérez. “La documentación entregada por Repsol y asumida como propia por el Ministerio de Industria obvia aspectos legales fundamentales, fruto de la actuación precipitada de la petrolera por obtener los permisos”- añadió el consejero.

EL ESTUDIO NO RECOGE LOS DATOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN

Según la evaluación del E.I.A. realizada por el Gobierno de Canarias, el estudio no recoge, ni en su forma, ni en su fondo, los datos necesarios para una correcta evaluación.

En este sentido, el vicepresidente regional afirmó que el informe carece del contenido mínimo exigido por la legislación vigente en dicha materia y señaló que la documentación de Repsolpresenta carencias, contradicciones y ambigüedades "que lo convierten en un informe inútil para su finalidad y lo relegan a una mera guía de evaluación de prospecciones petrolíferas, pero no a un estudio de impacto ambiental".

Para la Administración autonómica, el documento "es generalista y presenta un grado de indefinición que no resulta propio de una herramienta de prevención como debe ser este tipo de estudio, ya que no determina de manera precisa, ni completa los impactos que puede producir la actividad a realizar".

"Estas carencias son -aseguró Pérez - resultado de la precipitación con la que ha actuado la petrolera en su afán por obtener el permiso para realizar los sondeos y la posible explotación lo antes posible, con lo que ha incurrido en invalidez y nulidad del documento, aspecto que el Gobierno canario espera sea tomado en consideración por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para ser subsanado".

REPSOL IGNORA LA AFECCIÓN A LAS COSTAS CANARIAS Y LA POSIBILIDAD DE QUE SE INCREMENTEN LOS SEÍSMOS

En este sentido, Pérez explicó que Repsol deja fuera del estudio importantes riesgos ambientales como la afección a las costas canarias y a sus ecosistemas naturales o la repercusión de la actividad en la desalación del agua.

Tampoco analiza la posibilidad de que se incrementen los movimientos tectónicos y seísmos en la zona por la actividad producida, ni la interacción que este aspecto pueda tener con los sismos frecuentes en el archipiélago, propios de su origen volcánico. Las repercusiones de los sondeos en aspectos socioeconómicos fundamentales para Canarias como el turismo, los cultivos marinos o la pesca tampoco se plasman en el informe.

Pérez añadió que “las sinergias de la actividad con los proyectos y sondeos que se llevan a cabo en aguas adyacentes son obviadas por la petrolera, al igual que ocurre con los riesgos ambientales sobre las Reservas de la Biosfera y las áreas clave marítimas”.

Canarias cuenta con áreas clave marítimas, que tampoco son consideradas, en cuanto a posibles afecciones, en el documento. Así, no se analizan los posibles riesgos en zonas especialmente sensibles para España y la Unión Europea, e, incluso, para la Organización Marítima Internacional (OMI) y, concretamente, sobre la Red Natura 2000 en áreas marítimas y su probable ampliación en la Demarcación Canaria, la posible declaración de áreas marinas protegidas en la zona como consecuencia de la implementación de la Estrategia Marina de España en sus aguas de soberanía y la Zona Marítima de Especial Sensibilidad de Canarias declarada por la OMI.

Por último, Pérez destacó el "escaso" interés de Repsol por llevar a cabo un análisis de la aceptación o rechazo del proyecto en la población, aspecto exigido en la legislación vigente en esta materia.

ESPERANZAS INFUNDADAS EN LOS TRIBUNALES Y FALTA DE ORGANIZACIÓN POPULAR

En vista de los “graves incumplimientos” del E.I.A presentado por Repsol, José Miguel Pérez consideró que “el informe va camino de los tribunales" donde - dijo – “nos tememos que van a encontrar contundente respuesta porque hay mucha vulneración de legalidad".

El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, apuntó como posible alternativa a este desenlace que el Gobierno central “haga las cosas bien” y corrija las “evidentes deficiencias”. Para ello, el ministerio dirigido por José Manuel Soria debería contestar a cada una de las alegaciones y trasladar sus explicaciones a Medio Ambiente. Si la situación persiste, advirtió, “se podría recurrir por la vía judicial”. El Gobierno regional “espera que se actúe en consecuencia frente a un documento que no tiene en cuenta riesgos como los que pueden afectar a las costas canarias y sus ecosistemas, al turismo o la pesca”.

Pero si resulta altamente improbable que el Ejecutivo Rajoy dé marcha atrás en su incondicional apoyo a la multinacional petrolera, igualmente falta de realismo se antoja la esperanza de que sean los tribunales los que, finalmente, impidan las prospecciones y la extracción de hidrocarburos en aguas canarias por parte de Repsol.

El pasado 2012, el Tribunal Supremo rechazaba la petición realizada por el Gobierno de Canarias para que paralizase las prospecciones. Y no existen indicios que permitan inferir un giro en relación a este conflicto por parte de la administración española de “justicia”, más allá de una hipotética paralización temporal como la que, en su día, generó infundadas esperanzas en torno al contestado proyecto del Pto. de Granadilla, en Tenerife.

Aún más quimérico, con todo, sería esperar que la única alternativa realista para enfrentarse a los planes de la petrolera, potenciar la constitución de un movimiento popular con la suficiente fuerza como para librar una batalla sostenida contra la multinacional, pudiera surgir de un gobierno como el regional, representante de los intereses de la burguesía isleña.

La incapacidad demostrada hasta la fecha por las organizaciones populares del Archipiélago para llevar a cabo esta labor, tal y como objetivamente les correspondería hacer, contribuye a dibujar el oscuro panorama que hoy se cierne sobre Canarias ante el inminente desembarco y expolio de la petrolera.