¿Por qué no cesan a Cándido Méndez?

LA OPINIÓN DEL DIRECTOR DE EL ECONOMISTA

Cuando en agosto de 2011 la bolsa registró fuertes caídas y la prima comenzó a desmadrarse me eché a temblar. Aquello no podía traer nada bueno. Zapatero y su Gobierno en pleno lo negaron, pero era la W que dibujó la economía. Esta semana, la bolsa recuperó el nivel de finales de 2010, momento de la recaída. Los mercados suelen adelantar en seis meses la evolución económica. Si los números rojos que tiñeron las bolsas aquel verano anunciaban la depresión, la subida de ahora debería augurar una prudente recuperación.El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo resumió muy bien esta semana: "Hemos salido de la recesión, pero no de la crisis".

¿A qué se debe tanta alegría, si el consumo sigue hundido, el crédito seco y la morosidad por las nubes? El elemento clave es el desapalancamiento de las empresas, recogido en la balanza por cuenta corriente. El último dato, correspondiente al segundo trimestre, arroja un superávit del 2 por ciento del PIB. Este indicador refleja que el ahorro es superior al gasto por primera vez desde 1998. Su lectura restaura la confianza en la capacidad de pago de nuestro país. Por eso, los inversores vuelven a la deuda pública.

El mayor mérito corresponde al sector privado, con un superávit del 6 por ciento del PIB, mientras que el farolillo rojo son las administraciones públicas, con un déficit de casi el 4 por ciento. Otra prueba palmaria de que el recorte público está por hacer y de que el sector privado es el que se ajustó antes y el primero en sanearse, pese a la carestía y escasez del crédito.

Las principales dudas provienen sobre la evolución del déficit y de la deuda públicas en los próximos meses. Pero el espaldarazo dado esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que augura su cumplimiento prácticamente tanto este ejercicio como el que viene, reforzó las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Otro dato para la esperanza es el regreso del capital extranjero al mercado inmobiliario. El precio cae más del 30 por ciento, una deba-cle similar a la que sufrió EEUU en tiempo récord, antes de comenzar a recuperarse. España está de moda entre los inversores, entre otras cosas, porque la UE nos pone como el ejemplo de que sus recetas de austeridad funcionan. Lo cierto, es que no tienen opción mejor si se mira a Italia, Portugal o Grecia.

La confianza exterior es imprescindible para superar el bache, aunque insuficiente. Pocos dudan de que la recuperación está en marcha, aunque es difícil precisar si será vigorosa. Su ritmo languidecerá si se aplaza la reestructuración del sector público.

Resulta paradójico, por ejemplo, que el Gobierno siga postergando la privatización de empresas públicas y renacionalice una parte de Indra. Además, la Sepi, en manos de Ramón Aguirre (gracias a María Dolores de Cospedal) planteó quedarse con el 5 por ciento de Iberdrola, ante las prisas por vender del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Tras Iberia e Indra, Goirigolzarri quiere desprenderse de las participaciones industriales, porque las tiene dotadas en sus cuentas a precios irrisorios. El banco se apunta la plusvalía y evita que un cambio de rumbo del mercado trastoque sus objetivos.

Aguirre va a tener oportunidades de comprar entre las participadas de la entidad: Mapfre, NH Hoteles, Deoleo o Realia son los siguientes en la lista. La pobre gestión del tándem Ignacio Bayón-Íñigo Aldaz en la inmobiliaria de Bankia y FCC ha acelerado sus planes de venta, junto a las necesidades de liquidez del grupo constructor dirigido por Juan Béjar.

El principal elemento de inquietud internacional, que Rajoy no ha sabido solventar hasta ahora, es el de la corrupción. El juez Ruz lo eximió ayer de acudir a declarar por el caso Bárcenas, pero existe una larga ristra de imputados, entre los que se encuentran empresarios como Juan Miguel Villar Mir, José Mayor Oreja ó Luis del Rivero. El magistrado sumó ayer a esta lista al presidente de Sacyr, Manuel Manrique. Además de aumentar la transparencia a los contratos con la administración pública, es necesario incrementar las sanciones contra las empresas o los empresarios corruptos.

Mención aparte merecen los sindicatos. elEconomista ha recopilado los escándalos en que se vieron envueltos en la última década UGT y CCOO por unos 500 millones. Si los agentes sociales (patronal y sindicatos) viven de las ayudas públicas, el control sobre su gestión y sus cuentas debe ser absoluto. Es incomprensible el silencio administrativo que rodea la gestión del responsable de UGT, Cándido Méndez, después de conocerse las tropelías de su sindicato en Andalucía. Si un ciudadano que comete fraude es obligado a devolver el dinero con una sanción e inhabilitado para percibir nuevas ayudas, ¿por qué no se deja de subvencionar a UGT y se piden cuentas y el cese de Méndez, tras casi dos décadas al frente?