Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

miércoles, 16 de octubre de 2013

La ley obligará a disolver a las empresas municipales que no estén en equilibro financiero en 2015.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las empresas municipales que no sean rentables tendrán que cerrar

EL ECONOMISTA

Las empresas municipales que no consigan financiar al menos el 51% de su presupuesto con los rendimientos de su actividad en el mercado tendrán que desaparecer. Así de tajante se mostró ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante un encuentro informal con periodistas para explicar el contenido de la ley de reforma de la Administración Local, que el Gobierno ha enviado al Parlamento.

En el caso del sector público local, Beteta aludió a la disposición adicional novena del anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, en el que se afirma que las entidades locales que desarrollen actividades económicas, y se encuentren en desequilibrio financiero "dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la entidad local, un plan de corrección de dicho desequilibrio".

Si esta corrección no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014, "la entidad local, en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2014, disolverá cada una de las entidades que continué en situación de desequilibrio".

Disolución obligatoria

El secretario de Estado explicó que esta disolución será obligatoria por ley y en caso de que la administración local no proceda a hacerlo así el texto legal establece que "dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de agosto de 2015".

Con esta medida, y además de conseguir una mayor eficiencia y racionalización del gasto de los ayuntamientos, diputaciones y demás entes locales, el Ejecutivo pretende acabar con la "picaresca" utilizada en administraciones locales que utilizaban las empresas públicas para situar a aquellos asesores, amigos o colaboradores que no podía colocar como personal funcionario o contratado en la institución municipal o supramunicipal.

Para ello, la ley limita también las retribuciones de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y el número máximo de miembros del consejo de administración y de los órganos superiores de gobierno, que oscilará entre un mínimo de nueve y un máximo de quince.

Difusión de los órganos directivos

Además, las entidades incluidas en el sector público local estará obligadas a difundir "a través de su página web la composición de sus órganos de administración, gestión, dirección y control, incluyendo los datos y experiencia profesional de sus miembros".

Las retribuciones que perciban los miembros de estos órganos de dirección se recogerán anualmente en la memoria de actividades de la empresa o entidad pública local.

Antonio Beteta aprovechó también el encuentro para desmentir que la ley favorezca la privatización de servicios públicos, tal y como recogen las valoraciones críticas de los responsables del PSOE.

"En la Ley no existe la palabra privatización", resaltó el secretario de Estado, quien matizó que la norma sí deja la puerta abierta a que un servicio se preste de forma directa o indirecta, aunque siempre se deberá informar de por qué y del coste final obtenido, datos que los vecinos podrán comparar con la calidad del servicio que se recibe.