LOS EMPRESARIOS CANARIOS ESCAMOTEAN A HACIENDA 2.000 MILLONES DE EUROS

Por Ernesto Gutiérrez -Redacción Canarias Semanal

A 2.000 millones de euros asciende el monto de los impuestos que Hacienda trata de cobrar sin éxito a los empresarios canarios desde hace más de dos años. Una cifra que equivale a un tercio del presupuesto de la comunidad autónoma previsto para 2012. El litigio entre la Agencia Tributaria y los empresarios tiene su origen en la más que "flexible"interpretación que los segundos han venido haciendo de las normas establecidas para la llamadaReserva de Inversiones de Canarias (RIC).

La RIC es un instrumento fiscal que otorga a los empresarios instalados en el Archipiélago el privilegio de no tener que pagar prácticamente impuestos por los ingresos obtenidos como resultado de su actividad. Permite reducir la base imponible de los Beneficios No Distribuidos hasta en un 90% en el Impuesto de Sociedades y puede aplicarse también en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En este último caso, permite una deducción en la cuota íntegra del IRPF por los rendimientos netos de explotación destinados a la RIC. Ideada por José Carlos Mauricio y el ex consejero del Gobierno de CC Antonio González Viéitez la Reserva de Inversiones fue presentada ante la población como una herramienta ideal "para estimular la inversión de las empresas en las Islas y el crecimiento económico”. Según se afirma en la web oficial del Gobierno de Canarias, se “trata del incentivo más potente del Régimen Económico y Fiscal (REF)”, con el que, supuestamente, se deberían compensar los perjuicios de la “ultraperificidad” del Archipiélago.

Su utilidad última - según sus creadores y propagandistas - sería la de "crear empleo". Sin embargo, la promesa con la que se vendió este regresivo instrumento fiscal jamás se hizo realidad. Desde mediados de la década del 90 y hasta el estallido de la Crisis económica en 2008 la RIC se convirtió en el chollo perfecto para la acumulación de capital por parte de los principales grupos empresariales de las Islas. Entre 1998 y 2007, los impuestos que el empresariado se ahorró gracias a la Reserva de Inversiones de Canarias nunca bajaron de los 1.300 millones de euros anuales (216.301 millones de pesetas). En este mismo lapso de tiempo Canarias continuó siendo una de las comunidades del Estado español con mayor índice de desempleo y precariedad laboral. Los fondos de la RIC, lejos de fluir hacia el conjunto de la sociedad tal y como aseguran siempre que sucederá los defensores de ésta y otras medidas económicas neoliberales, han sido utilizados por sus beneficiarios para la adquisición de terrenos o apartamentos destinados a la especulación, para la compra de bienes de lujo y para realizar todo tipo de actividades fraudulentas. Otra de las más lucrativas posibilidades de inversión de los fondos de la RIC ha sido la adquisición de Deuda de la Comunidad Autónoma. Destino que permitió a los empresarios convertirse en acreedores del Estado con los fondos que deberían haber aportado a las arcas públicas si no tuvieran la suerte de estar radicados en un paraíso fiscal ultraperiférico.

La enorme cantidad de posibilidades de “negocio” que ofrece un mecanismo de estas características ha sido exprimida al máximo por la patronal isleña. Además de dotar la Reserva con los beneficios obtenidos a través de la “actividad propia de sus empresas”, los “emprendedores” comenzaron pronto a incluir en la misma todo tipo de ingresos. El rendimiento de sus cuentas bancarias, la venta de instalaciones, de naves comerciales, de hoteles, etc. La magnitud de la picaresca empresarial obligó al ministerio de Hacienda a tratar de establecer de manera explícita los límites de la exención fiscal, en la última reforma de la Reserva recogida en el artículo 27 de la Ley del REF que entró en vigor en enero de 2008.

Desde entonces Hacienda intenta que los empresarios isleños tributen lo obtenido mediante estos “beneficios atípicos”. Hasta el momento, los tribunales han dado la razón invariablemente a la Administración. Pero los empresarios canarios no han dejado de interponer los correspondientes recursos, elevando los pleitos hasta el Tribunal Supremo, donde continúan atascados y sin perspectiva alguna de resolución. El sostenimientos de los caros bufetes de abogados encargados de defender a la patronal isleña en estos litigios parece destinado a convertirse, pues, en el enésimo destino de los multimillonarios fondos de la RIC.