"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
GOLPE FINAL AL TERRITORIO: EL GOBIERNO PRIVATIZA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
CANARIAS SEMANAL
Con una absoluta, fulminante y rotunda victoria ha concluido la campaña iniciada hace menos de un mes por la patronal canaria, para tratar de poner nuevamente en marcha el destructivo modelo económico del "ladrillo" que ha llevado al borde del colapso a la economía isleña. Y, si nada lo impide, las consecuencias de dicha victoria para el futuro del Archipiélago y la mayoría de su población podrían ser auténticamente devastadoras. Tras la escenificación de un presunto enfrentamiento entre los empresarios y el Ejecutivo regional, en el que los primeros "denunciaban" la supuesta paralización injustificada de sus inversiones, el Gobierno de CC y PSOE ha terminado por mostrar sin ambages a quiénes representa. El pasado sábado, solamente tres días antes del encuentro previsto entre Paulino Rivero y los presidentes de los principales grupos de la Construcción, la noticia era ofrecida como todo un éxito por el diario La Provincia, vocero oficioso de los intereses patronales. La reiterada petición empresarial de que se removieran los obstáculos "burocráticos" y legales que estaban impidiéndoles llevar a cabo sus proyectos ha sido satisfecha de la manera más radical. El Gobierno autonómico no solo reducirá a la mitad los trámites del planeamiento, sino que ¡cederá a la iniciativa privada la redacción de los planes y el control ambiental!
La nueva Ley del Territorio de Canarias que ultima el Ejecutivo encabezado por Paulino Rivero y José Miguel Pérez privatizará el planeamiento, traspasando la responsabilidad en la elaboración de los planes a los despachos profesionales contratados por los empresarios. "Se pretende sustituir los informes y los controles administrativos por un mayor autocontrol de los equipos redactores privados, que deberán garantizar la adecuación a la legalidad del planeamiento", reconocía el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel. La Consejería de Política Territorial y la empresa Gesplan, por su parte, se limitarán a "controlar la calidad de los despachos de arquitectos y juristas", que teóricamente tendrán que cumplir una serie de requisitos para poder concursar a la elaboración de los planes.
SUPRIMEN DE FACTO LA COTMAC
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac)dejará de ser un obstáculo -siquiera minúsculo - para los proyectos empresariales. Para ello no será necesario proceder a su "disolución", tal y como solicitaba la pasada semana el presidente del Cabildo de Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna. Aunque esta comisión jamás ha impedido la depredación del Archipiélago, el escaso margen de control que han podido ejercer en ella sus técnicos y juristas será eliminado por la nueva Ley del territorio. Para ello, la nueva legislación "simplificará sus funciones" e impondrá la "corresponsabilidad" de los despachos profesionales que realicen los planes. Estos despachos contarán con sus propios técnicos y juristas para dar el visto bueno a las construcciones.
LEGALIZANDO DEFINITIVAMENTE LA IMPUNIDAD
La nueva ley modificará también el actual régimen jurídico sancionador en lo que respecta a la disciplina urbanística, territorial y ambiental. La regulación habilitará procedimientos para que los infractores puedan convertir en legales las ilegalidades urbanísticas que hayan cometido, lo que les permitirá reducir de manera ostensible posibles multas. Pero éste será solamente un último recurso para casos excepcionales, ya que el texto legal introducirá también la figura de "la mediación y la negociación" con el fin de evitar las medidas coercitivas como la sanción o el derribo de las construcciones por parte de la Administración autonómica.
TODO POR EL "INTERÉS GENERAL"
Con esta legislación privatizadora, el Ejecutivo regional se reservará el papel de mero coordinador o "repartidor" del pastel entre los grandes empresarios de la construcción. Demostrando una diligencia digna de mejor causa, el Gobierno autonómico ha incluido ya en los planes de dinamización los proyectos que éstos pretenden poner en marcha de forma inmediata. De manera que -según confirmó el director de la empresa pública Gesplan, Rafael Castellano- muchos de ellos serán autorizados en los próximos meses.
Finalmente, el Ejecutivo canario podrá intervenir para sacar adelante aquellos proyectos que, a pesar de contar con este marco legal ultraliberal, pudieran enfrentar algún tipo de obstáculos. Para ello, ha ampliado los casos en los que tendrá la potestad de obviar los informes ambientales calificando el megaproyecto de turno como de "interés público prioritario".
La nueva Ley del Territorio de Canarias que ultima el Ejecutivo encabezado por Paulino Rivero y José Miguel Pérez privatizará el planeamiento, traspasando la responsabilidad en la elaboración de los planes a los despachos profesionales contratados por los empresarios. "Se pretende sustituir los informes y los controles administrativos por un mayor autocontrol de los equipos redactores privados, que deberán garantizar la adecuación a la legalidad del planeamiento", reconocía el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel. La Consejería de Política Territorial y la empresa Gesplan, por su parte, se limitarán a "controlar la calidad de los despachos de arquitectos y juristas", que teóricamente tendrán que cumplir una serie de requisitos para poder concursar a la elaboración de los planes.
SUPRIMEN DE FACTO LA COTMAC
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac)dejará de ser un obstáculo -siquiera minúsculo - para los proyectos empresariales. Para ello no será necesario proceder a su "disolución", tal y como solicitaba la pasada semana el presidente del Cabildo de Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna. Aunque esta comisión jamás ha impedido la depredación del Archipiélago, el escaso margen de control que han podido ejercer en ella sus técnicos y juristas será eliminado por la nueva Ley del territorio. Para ello, la nueva legislación "simplificará sus funciones" e impondrá la "corresponsabilidad" de los despachos profesionales que realicen los planes. Estos despachos contarán con sus propios técnicos y juristas para dar el visto bueno a las construcciones.
LEGALIZANDO DEFINITIVAMENTE LA IMPUNIDAD
La nueva ley modificará también el actual régimen jurídico sancionador en lo que respecta a la disciplina urbanística, territorial y ambiental. La regulación habilitará procedimientos para que los infractores puedan convertir en legales las ilegalidades urbanísticas que hayan cometido, lo que les permitirá reducir de manera ostensible posibles multas. Pero éste será solamente un último recurso para casos excepcionales, ya que el texto legal introducirá también la figura de "la mediación y la negociación" con el fin de evitar las medidas coercitivas como la sanción o el derribo de las construcciones por parte de la Administración autonómica.
TODO POR EL "INTERÉS GENERAL"
Con esta legislación privatizadora, el Ejecutivo regional se reservará el papel de mero coordinador o "repartidor" del pastel entre los grandes empresarios de la construcción. Demostrando una diligencia digna de mejor causa, el Gobierno autonómico ha incluido ya en los planes de dinamización los proyectos que éstos pretenden poner en marcha de forma inmediata. De manera que -según confirmó el director de la empresa pública Gesplan, Rafael Castellano- muchos de ellos serán autorizados en los próximos meses.
Finalmente, el Ejecutivo canario podrá intervenir para sacar adelante aquellos proyectos que, a pesar de contar con este marco legal ultraliberal, pudieran enfrentar algún tipo de obstáculos. Para ello, ha ampliado los casos en los que tendrá la potestad de obviar los informes ambientales calificando el megaproyecto de turno como de "interés público prioritario".
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