Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

martes, 19 de abril de 2011

CON EL BENEPLÁCITO DEL GOBIERNO

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las cajas prejubilarán a 11.000 personas con cargo al Estado

EL ECONOMISTA

La reestructuración del sector financiero pasará una elevada factura a las arcas estatales.

Mientras el Gobierno se plantea modificar la ley para que las empresas privadas que tengan beneficios no recurran al dinero público para llevar a cabo sus ajustes laborales, las cajas de ahorros ya tienen asfaltado el camino para recorrer de la mano de más de 11.000 prejubilados ese trayecto. Opinión: Las prejubilaciones, una perversidad aceptada por todos.

A los casi 11.000 millones de euros que las cajas han recibido a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que tendrán que devolver más unos intereses que el primer año son del 7,75%, hay que sumar ahora el coste laboral que supondrá la salida de más de 11.000 empleados y que durante dos años acudirán a las prestaciones por desempleo que sufraga el antiguo Instituto Nacional de Empleo (Inem). Hasta ahora, todas las cajas de ahorros españolas han declarado beneficios.

¿La razón? El vehículo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al que se han subido las cajas de ahorros como medio para acometer el ajuste laboral en el sector provoca que el coste para las entidades financieras se reparta con las arcas estatales. En concreto, al tramitarse como ERE, los prejubilados pasan a ser, en la práctica, despedidos de cuya cobertura se hace cargo el Estado durante los dos primeros años que el empleado cobra el popular paro.

Mientras tanto, la entidad financiera se ahorra las cotizaciones al Convenio Especial de la Seguridad Social del trabajador, que corren a cargo del Inem durante ese periodo, según explican en fuentes sindicales. Transcurrido ese plazo de dos años, el trabajador se hace cargo de sus propias cotizaciones a la Seguridad Social y la entidad cubre el resto hasta llegar, en la mayor parte de los casos, hasta los 63 años, según el modelo que se viene aplicando en la mayoría de los acuerdos suscritos entre las entidades y los trabajadores, según las mismas fuentes sindicales.

A partir de los 63 años -edad de corte en la que se vienen cerrando las negociaciones-,el empleado procedería a pedir la prestación por jubilación, de tal forma que la entidad financiera se ahorra dos años de cobertura social al prejubilado, así como la tributación al Convenio Especial de la Seguridad Social.

El modelo, que es el que el despacho de abogados laboralistas Sagardoy ha extendido a la mayor parte de este tipo de negociaciones, provoca un ahorro de costes que los expertos consultados por este periódico cifra en el 25 por ciento para la entidad y que va en función de las condiciones que se apliquen.

Esta nueva fórmula elegida por el sector financiero evita mermar las reservas de la entidad donde, hasta ahora, se cargaban estos procesos, trasladando parte de ese coste a las arcas estatales. Hasta la fecha, y tomando como referencia las grandes reestructuraciones llevadas a cabo por el Santander y BBVA, estos costes iban directamente a las reservas de la entidad.