El total del presupuesto solicitado para financiar esta partida “en la que, y aunque no se especifica, es lógico pensar que el grueso de la misma vaya destinado a sufragar los trenes” es de 484.139.101,00. Esta parte corresponde al 80% de cofinanciación de la Unión Europea, lo cual significa que 121.034.775,25 deberán salir de las arcas públicas locales.
Ecologistas en Acción de Tenerife denuncia que la inclusión de los ferrocarriles entre las obras a subvencionar, “supondrá un importante derroche de dinero público para unas infraestructuras muy dañinas y totalmente inútiles. El derroche de fondos tanto europeos como propios se suma al volumen de dinero ya gastado en el diseño de los proyectos y sus numerosas actividades de promoción, y las previsiones arrojan datos muy negativos en cuanto a la rentabilidad futura de estos trenes”.
Señalan que “cabe recordar que estamos hablando de proyectos de trenes que no podrán prestar servicio a la mayoría de la población, puesto que no se trata de un tren de cercanías, con numerosas paradas, sino de un tren de “velocidad alta” que deberá dejar sin servicio a la mayoría de municipios que atraviese. Es por eso que, por ejemplo, el del sur de Tenerife sólo contará con 7 paradas, dos de ellas en Granadilla (San Isidro y Aeropuerto Sur) a pesar de que atraviesa 11 municipios”.
El colectivo ecologista recuerda que, en el caso del Tren del Sur, quedarían afectados cinco monumentos naturales1 entre los que destaca la Montaña de Guaza, que será atravesada por un túnel de 2.770 metros. También en Tenerife, el Tren del Norte “además de la afección al Espacio Natural Protegido de Costa de Acentejo (T-36) y numerosas casas habitadas, causará un daño severo a una de las zonas más productivas de la isla, puesto que afectará a, al menos, 130 hectáreas de pequeñas explotaciones, que significan un 3 % de la superficie agrícola cultivada en las dos comarcas más afectadas”.
“La construcción de los ferrocarriles no afecta únicamente al terreno sobre el que se instala la vía. También es preciso construir todo un enmallado de vías de servicio, carreteras y nuevos accesos a la autopista, cuyo impacto no se ha evaluado seriamente. Por otra parte están las estaciones, aparcamientos y centros comerciales que se contemplan en los proyectos ya diseñados, que también ocuparán una importante extensión de suelo y afectarán en múltiples aspectos a la configuración urbana y la economía local”.
Ecologistas en Acción denuncia que “la intención del Gobierno de Canarias y los partidos que lo conforman está muy alejada de solucionar los problemas de accesibilidad en la isla, prueba de ello es la cada vez más precaria situación del transporte público existente en Tenerife, que además de los incesantes recortes en servicios y la falta de inversión, se manifiesta cada vez más en las cada vez peores condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, con lo que ello supone para la calidad y la seguridad del servicio”. Añaden que “y eso por no hablar de la situación del transporte colectivo en las islas no capitalinas. Además, una vez más resaltamos que no resulta creíble que el objetivo de este proyecto sea reducir el uso del vehículo privado cuando paralelamente el Cabildo insular insiste una y otra vez en la ejecución de nuevas autovías ( Anillo insular, via exterior, ....) y la construcción de terceros carriles en las autopistas del norte y sur de la isla”.
Concluyen señalando que “la verdadera intención más parece tener que ver con continuar ahondando en un modelo productivo basado en la construcción y el turismo, con la ejecución de infraestructuras y en el afianzamiento de los polos turísticos como único objetivo de inversión. Es para ello para lo que se están adaptando desde las normas territoriales como la Ley de Armonización, a otras que les afectan como la de Inversiones Estratégicas para Canarias, y cerrando presupuestos justo antes de las elecciones”.
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