Empleo va a subvencionar a sindicatos y a la CEOE tras quitarles la formación

EL ECONOMISTA

Según el proyecto de Real Decreto-ley para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional que ultima el Departamento de Fátima Báñez, los agentes sociales dejarán de estar al frente de estos cursos, si bien el Gobierno baraja tratarles como consultores, una compensación que estaría remunerada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes cercanas a la negociación explican que los agentes sociales se encargarán ahora de elegir con qué criterio debe de repartirse el dinero público entre los agentes de colocación que oferten sus servicios.

Para ello, necesitarán técnicos, evaluaciones de las necesidades de las empresas y un control posterior. Una labor que la patronal estaría dispuesta a aceptar por un cheque de unos 50 millones de euros, a lo que habría que sumar otro montante para los sindicatos.

En juego, 1.900 millones

Los cursos de formación mueven al año 1.900 millones de euros aproximadamente, un montante que se nutre de la cuota de formación profesional -un 0,7% de la nómina de los trabajadores-, así como de ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y aportaciones específicas establecidas en el presupuestos del Servicio Público Estatal.

De este gran montante, 650 millones están destinados a pagar la formación de demanda o habitualmente denominada también como "bonificada", debido a que se refiere a los cursos que ofrece la empresa a sus trabajadores.

El resto del pastel se reparte entre las CCAA (1.080 euros que tienen transferido y que gestionan bajo sus propios criterios), una ejecución que ha sido puesta en entredicho por numerosos escándalos, y otros 180 millones, dedicados a la formación de oferta o sectorial, esto es, generalmente a desempleados o trabajadores de un determinado sector.

No es un secreto que la patronal está más que molesta con el Gobierno por haberles quitado la competencia de impartir cursos. Es más, un alto responsable de la patronal CEOE llegó incluso a admitir que, de aprobarse tal y como está, "que no cuenten con nosotros para nada". "Si nosotros pagamos la formación a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y también somos quienes mejor conocemos las necesidades y prioridades de la empresas y los trabajadores, es inadmisible que ahora se ponga al frente de la formación al SEPE (Servicio Público de Empleo) donde ni se conoce ni se han preocupado nunca", argumentan.

Es la línea roja que el Gobierno está tratando ahora de limar. En este sentido, este lunes Empleo volvió a reunirse con los empresarios, un encuentro en el que la patronal volvió a trasladar su petición de que el modelo no constriña la capacidad de las empresas de recibir la formación profesional que reciben sus empleados. La reunión se cerró sin un apretón público de manos, sin bien fuentes cercanas a Moncloa afirman que el Gobierno estaría estudiando incluir una excepción en la norma. En concreto, los agentes sociales sí que podrían seguir dando "algunos" cursos en las empresas de menos de 50 trabajadores.

Si bien el decreto sería aceptado por los sindicatos, tampoco cuenta con su especial admiración. En este sentido, fuentes sindicales recuerdan que tan sólo el 23% de las pequeñas empresas reciben la formación que ha sido bonificada.

Así, calculan que mientras que el presupuesto de dicha formación -650 millones- ha crecido un 12% desde 2011, los fondos para programas de formación se han reducido un 30% y la formación de oferta ha descendido un 54% en el ámbito estatal y un 70 en las comunidades autónomas. "Las empresas se han acostumbrado a contratar a gestoras que directamente bonifican las nóminas y luego les comunican los cursos a los que supuestamente están apuntados sus trabajadores", explican fuentes sindicales.

Para el Gobierno esta nueva regulación persigue el objetivo de poner coto a la corrupción que ha ido de la mano en la gestión de algunos cursos de formación. En este sentido, una de las medidas que establecerá el Real Decreto Ley es la obligación por parte del Gobierno de fijar módulos específicos para determinar el coste por participante y hora de la formación que sea objeto de financiación pública.

Entre otra novedades previstas, el texto establece la creación de un cheque formación para los trabajadores desempleados que se instrumentará a través de los servicios públicos de empleo de acuerdo a su perfil profesional. Según éste, los desempleados elegirán qué entidad será la encargada de buscarle un trabajo.

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