Los inspectores de Hacienda piden un plan de investigación para políticos

ECOLEY

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone a la Agencia Tributaria (Aeat) que efectúe un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las Administraciones y de partidos políticos para prevenir la corrupción y el fraude fiscal. Así lo suscribe esta institución, que agrupa al colectivo de inspectores de Hacienda, en un informe titulado Problemas de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal, que considera que debería tratarse de un plan de carácter permanente e incluirse, por tanto, cada año en el Plan de Control Tributario.

Esta solicitud, según afirmó ayer el presidente de IHE, Ramsés Pérez, busca "la mayor transparencia de los patrimonios particulares de quienes tienen que controlar los patrimonios públicos".

Se exige la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria, la información contenida por los Registros de Bienes Patrimoniales de cada Entidad Local, así como en cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos como es la Declaración de bienes y rentas que han de presentar los diputados en el Congreso.

Como medida complementaria proponen, también, que se tipifique como delito, castigado con penas de prisión, la falta de entrega o el falseamiento de datos en la declaración de los bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo.

Y finalmente, en este capítulo se aboga por potenciar la Fiscalía Anticorrupción, reforzar la denuncia pública y aprobar una ley de prevención y lucha contra la corrupción, que recoja estas iniciativas.

Puntos oscuros en el Código

En el informe se denuncia que a pesar de los avances que contiene la última reforma del Código Penal, en el artículo 305 bis existen puntos oscuros que en, cierto modo, "invalidan todos los aspectos positivos y de forma especial, lo que supone la continuidad de la excusa absolutoria, ampliada ahora a una rebaja de la pena en caso de satisfacer, en vía judicial, la deuda tributaria", según comentó José María Peláez, expresidente de IHE.

Los inspectores han venido solicitando de forma reiterada la eliminación de la excusa absolutoria, y consideran que lo que se ha aprobado es justo lo contrario.

Con la reforma se establece que los jueces y tribunales pueden imponer al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos.

"En la práctica, el defraudador siempre va a tener la oportunidad de no ingresar en prisión por delito fiscal si paga el importe defraudado, aunque ya esté imputado", denunció José María Peláez.

Como la rebaja incluida en la reforma Penal es de dos grados, se le impone sólo una pena de prisión de 3 a 6 meses, lo que no supone el ingreso efectivo, y se complementa una multa del 25 al 50 por ciento, que es un importe inferior al que se le hubiera impuesto en el ámbito administrativo".

"Con esta regulación se le está enviando al defraudador un mensaje claro de tranquilidad, ya que éste sabe las dificultades que tiene la Administración para descubrirlo, sobre todo si utiliza paraísos fiscales o testaferros, y en el supuesto de que eso ocurriera, tiene la puerta abierta para que pagando lo que no pagó en su día se pueda librar de la cárcel", asegura el informe.

Por tanto, se preguntó Peláez, "¿para qué sirve el endurecimiento de las penas que se contempla en la reforma del Código Penal si al que paga, aunque esté ya imputado, le resultan ahora mucho más ventajosas que las que se imponían antes de la reforma?"

Los inspectores han ofrecido a la Aeat la posibilidad de que sus funcionarios trabajen horas extraordinarias hasta que cubran las plazas de la oferta anual de empleo público. A su juicio, este plan permitiría obtener importantes ingresos tributarios procedentes de la lucha contra el fraude y proponen que, para que no suponga un coste adicional para el Estado, el pago de esas horas salga de la percepción del porcentaje del 5 por ciento de los ingresos liquidados que recibe la Aeat.