jueves, 14 de marzo de 2013
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictamina que la norma española para los desahucios es contraria a la legislación europea de protección a los consumidores.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
EL ECONOMISTA
La norma española para los desahucios es contraria a la legislación europea de protección a los consumidores, según ha dictaminado hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De acuerdo con la sentencia, la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos establece un "desequilibrio" entre el cliente y la entidad. Consulte aquí la resolución del TJUE (.doc).
"La normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión", afirma el tribunal en un comunicado.
La legislación española no permite paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe solventarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado el lanzamiento.
La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
El Gobierno español espera a conocer el contenido de la sentencia antes de aprobar el proyecto de ley sobre los desahucios por deudas hipotecarias que actualmente tramita el Congreso, dijeron recientemente a Efe varias fuentes parlamentarias, para evitar tener que modificar la ley a poco de ser aprobada.
Actualmente hay dos textos sobre desahucios en el Parlamento: el proyecto de ley para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente del real decreto que aprobó el Ejecutivo español el pasado mes de noviembre, y la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social.
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