Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

lunes, 12 de septiembre de 2011

TRAS LA DENUNCIA CONTRA NOTARIOS Y REGISTRADORES

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La Fiscalía investigará los cobros ilegales al cancelar hipotecas

EL ECONOMISTA

La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para investigar a notarios y registradores de la propiedad por supuestos cobros ilegales a los consumidores en la cancelación de créditos hipotecarios, según informa la Fiscalía en un comunicado.

La investigación parte de la denuncia presentada la semana pasada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en la que acusaba a los dos colectivos de apropiarse indebidamente de cerca de 93 millonesde euros por las 372.042 cancelaciones de hipotecas realizadas en 2010.

A instancias del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, ha abierto estas diligencias informativas con el fin de esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados.

Revisar las facturas

La OCU pide a la Fiscalía que revise de oficio todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias emitidas desde diciembre de 2007 y obligue a devolver a los consumidores, en su caso, las cantidades indebidamente cobradas.

La asociación denuncia que tanto notarios como registradores están incumpliendo la normativa en materia arancelaria aprobada en 2007, que suponía un abaratamiento importante de los trámites de cancelación de una hipoteca.

Desde el cambio normativo de 2007, el notario ha de cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Por su parte, el registrador debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que es igual a 'cero' cuando se trata de cancelar una hipoteca ya pagada) y reducir el resultado en un 90%.

Falta de claridad

Por su parte, notarios y registradores defienden que están a la espera de que la Justicia determine la aplicación de los aranceles que deben cobrar por la cancelación una hipoteca, ya que la "falta de claridad" del criterio introducido en la reforma ha motivado que se hayan dictado resoluciones administrativas contradictorias respecto a la aplicación de los aranceles.

Estas resoluciones son las que están recurridas ante los distintos tribunales -las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Cataluña, País Vasco, Málaga y Sevilla- pendientes de resolución. Los honorarios de los registradores están controlados por un procedimiento de impugnación de minutas establecido en el Real Decreto 427/1989

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