MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PIDE AL GOBIERNO QUE LO HABILITE PARA SER NUESTRO POLICÍA

CANARIAS SEMANAL

El pasado martes, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados daba el visto bueno, con los votos del Partido Popular, PNV y CiU, al proyecto de Ley de Seguridad Privada. Una nueva legislación que abrirá las puertas de par en par a la privatización de las funciones coercitivas reservadas hasta la fecha a las llamadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Una vez que la citada ley entre en vigor los vigilantes de seguridad podrán patrullar, registrar, identificar y detener en la vía pública a cualquier ciudadano, del mismo modo que hoy lo hace un agente de la policía o un guardia civil. El texto del proyecto de ley especifica que los "seguritas" estarán capacitados para ejercer estas funciones en espacios abiertos como "zonas peatonales, polígonos industriales, urbanizaciones y sus vías de uso común".

La ley que el Ejecutivo Rajoy ha sacado adelante con el apoyo al voto de los nacionalistas de derechas cuenta, en esta ocasión, con el rechazo de los sindicatos policiales que, con razón, han advertido también que "inicia el camino para la privatización de la seguridad ciudadana". Mientras que el pío ministro del Interior, Jorge Fernández, no ha tenido reparos a la hora de reconocer que la ley está pensada, entre otras cosas, para aumentar el negocio de las empresas de seguridad privada. Según Fernández, en España estas compañías tienen todavía un peso inferior al que poseen en otros países como Alemania. Para poner "remedio"a esa situación la nueva ley permitirá, igualmente, que los guardas privados presten "servicios de vigilancia perimetral en centros penitenciarios y centros de Internamientos de Extranjeros".

Con la legislación que en breve será aprobada, pues, el Gobierno ultraconservador del PP creará un multimillonario nicho de negocio para las empresas del sector. Pero, al mismo tiempo, dará también otro paso decisivo en la configuración de un Estado policial orwelianodestinado a reprimir, sin contemplaciones, cualquier tipo de contestación popular. Un proceso coherente desde la perspectiva de los testaferros de las clases dominantes, en un país en vías de subdesarrollo donde la creciente desigualdad, la pobreza y la marginación acabarán provocando, inevitablemente, futuros estallidos sociales.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ NO SE CONFORMA CON EL REGALO DEL GOBIERNO

Sin embargo, lejos de mostrarse agradecidos, los dueños de las compañías de seguridad continúan estando insatisfechos. Consideran que la ley constituye "un avance insuficiente" y reclaman que además se confiera a sus guardias privados el carácter de "agentes de la autoridad".

Así lo ha solicitado, entre otros, el dueño de Seguridad Integral Canaria y el Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez. "En el sector de la seguridad privada buscamos el bien común y debemos estar legitimados para actuar en momentos de riesgo. Si a los vigilantes se les permite llevar grilletes, defensas y revólver, o se les permite detener personas mientras realiza un servicio, también deben tener ese carácter de autoridad" - manifestó el empresario con su habitual desparpajo.

Si la reclamación de Ramírez y sus colegas fuera satisfecha, la resistencia de un activista social a un agente de seguridad privado durante un acto de protesta, en alguno de sus nuevos lugares públicos de patrulla, podría suponerle una pena de entre dos y cuatro años de cárcel. Pero, por osada que pueda resultar esta demanda, no es extraño que se atreva a realizarla abiertamente quien goza de tan buenas relaciones en las altas esferas del poder político como el presidente de la U.D. Las Palmas.

Y es que no por casualidad Seguridad Integral Canaria es hoy la primera empresa de este sector en el Archipiélago y la séptima de todo el Estado, donde operan importantes multinacionales.

Beneficiaria de una auténtica cascada de concesiones públicas, SIC acaparara prácticamente todo el gasto en seguridad de la Administración de la CAC. En 2011 logró también un contrato, por casi ocho millones de euros, para ofrecer los servicios de vigilancia y seguridad de los Reales Sitios de Patrimonio Nacional. Entre otros, el Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial, los Reales Alcázares de Sevilla o la Granja de San Ildefonso en Segovia. Ese mismo año, conseguía la adjudicación del contrato para la seguridad de las zonas 1, 2 y 5 del metro de Madrid, por un periodo de cuatro años, prorrogable por otros dos. Actualmente, Seguridad Integral Canaria se encuentra presente en comunidades autónomas como Baleares, Extremadura, Andalucía y Castilla.

Hoy, Ramírez ya ha logrado internacionalizarse desembarcando en Perú y proyecta hacerlo también en Miami, México, Colombia y Chile.

REITERADAMENTE DENUNCIADO, SENTENCIADO E INDULTADO POR EL GOBIERNO

Su habilidad para establecer las amistades políticas más rentables, sin embargo, es solamente uno de los secretos del éxito del magnate que presume de ser un "hombre hecho a sí mismo". El origen de sus extraordinarios beneficios empresariales lo conocen bien sus miles de empleados, sometidos a unas condiciones de superexplotación y precariedad muy superiores a la media del sector.

Pero, pese a haber sido denunciado reiteradamente por sus trabajadores y por los sindicatos por sobreexplotación y por la presunta comisión de delitos como la vulneración de la Ley de Seguridad Privada y la legislación laboral o presuntos fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, Miguel Ángel Ramírez siempre ha logrado librarse de este tipo de contenciosos. Quizá fuera esa justificada sensación de impunidad la que le llevó a despreciar soberanamente la legislación medioambiental, invadiendo la zona de especial protección del Paisaje de Pino Santo, en Gran Canaria, con una construcción ilegal realizada en su finca de más de 30.000 cuadrados. Esta actuación fue la única que le valió una condena a tres años y un día de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. La sentencia delJuzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, ratificada luego por la Audiencia Provincial de Las Palmas, también lo inhabilitaba para para el ejercicio de la construcción y lo obligaba a derribar las obras ilegales.

Quien hoy quiere convertirse en jefe supremo de casi 5.000 "agentes de la autoridad" se pasó por salva sea la parte la resolución judicial y no movió ni una sola piedra de la construcción ilegal levantada en los terrenos rústicos protegidos. En vez de eso, decidió encomendarse a sus buenos contactos y solicitar el indulto al Gobierno central. Sin duda, sabía lo que estaba haciendo. El pasado mes de noviembre el Ejecutivo Rajoy le concedía la gracia, incluyéndolo así en la lista de banqueros, políticos corruptos y policías condenados por torturas a los que PP y PSOE sacan de apuros con significativa asiduidad.

En abril de este mismo año, la investigación del llamado Caso Bárcenas -o caso PP - había desvelado datos que permitían pronosticar este desenlace. Durante los años 2010 y 2011Miguel Ángel Ramírez fue uno de los principales financistas del Partido Popular. A través deGestiones y Asesoramientos 3000 S.L., Ramírez realizó generosas aportaciones dinerarias al partido que, con sus concesiones, ha colocado a sus empresas, y a él mismo, en una privilegiada situación.

Hechos entre los que, como con su ulterior indulto, no parece infundado establecer una lógica relación causal.