Claves de la 'drástica' reducción de los contratos laborales

EL ECONOMISTA

El pequeño empresario "tiene problemas para contratar por el laberinto burocrático que supone esta gran diversidad de contratos laborales existentes". Esta es la idea que ha valido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para anunciar -como ya es habitual en materia de reformas laborales, en pleno mes de agosto-, que el Gobierno ultima un proyecto de Ley para simplificar la actual nube contractual que está obstaculizando la creación de empleo y, por tanto, la reactivación económica.

La ministra ya ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está trabajando en una simplificación de los modelos de contratos de trabajo.La idea es reducir a tan sólo cinco los formularios disponibles para las empresas frente a los 41 que existen en la actualidad.

Según Báñez el objetivo es "facilitar e incentivar la contratación estable de trabajadores, atendiendo a una reivindicación del pequeño empresario". La gran diversidad de formularios que, ahora, incorporan modalidades específicas para casi todo, como contratos para menores de 30 años o para personas con discapacidad, se centrarán, por tanto, en sólo cinco: contrato indefinido, temporal, de relevo, contrato en prácticas y contrato de formación y aprendizaje. La ministra ha asegurado que los trabajos técnicos están ya muy avanzados pues se trata de una modificación implicará varias reformas normativas.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno ha dejado varias incógnitas sin resolver derivadas, según los más críticos, del lenguaje empleado por la ministra, para muchos "ambiguo". Y es que, los expertos laboralistas ya están censurando que tras la primera impresión que podría dar a entender que se elimina la maraña de contratos existentes, sin embargo, de una lectura más pausada se deriva que, si bien es cierto que ya no habrá 41 formularios, sino sólo cinco, eso sí, en esos cinco grandes modelos, estarán incluidos los 41 existentes en la actualidad. Es decir, que el anuncio del Gobierno supone que no se suprimirá ninguno de los contratos legales existentes actualmente ni sus condiciones, sino que únicamente se simplificará la burocracia.

De una decisión "lógica" a una "burla" del Gobierno

A la espera de conocer con más detalle la nueva propuesta, sin embargo, ya ha despertado opiniones para todos los gustos y, como era de esperar, patronal y sindicatos no se tomaron de igual manera la medida. Los sindicatos no han dudado en criticar la "sumisión" de Báñez a las exigencias de los empresarios, mientras que la patronal aplaude la medida.

De este modo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha acogido la medida con "entusiasmo y positivamente". Lo cierto es que el hecho de que la CEOE esté contenta era algo que cabía esperar. Y es que, la institución viene demandando desde hace tiempo algo similar a la reducción de formularios, apostando por la disminución de los modelos de contratación a cuatro o cinco porque, "son los que las empresas utilizan realmente". La Confederación ha calificado la decisión de "muy positiva" asegurando que la disminución de los modelos de contrato "es lo lógico". Con esta reducción, a juicio de la patronal "se simplifica la contratación", haciéndola "cómoda, rápida y sencilla".

Los sindicatos, por su parte, han recibido el anuncio de la ministra con críticas al Gobierno. UGT espera que "no suponga, una vez más, un regalo para los empresarios", a los que el Gobierno "ya benefició recientemente con la introducción de cambios en los despidos colectivos para las empresas multinacionales".

Comisiones Obreras (CCOO) ha llegado a acusar al Gobierno de "actuar al dictado de las organizaciones empresariales". Y es más, su secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, llegó a considerar "una burla" que la ministra de Empleo planteara la reducción del número de contratos durante una comparecencia sobre la evolución de la reforma laboral de 2012.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha mostrado una reacción en la línea de la patronal. La organización veía la medida "necesaria" para facilitar y clarificar la contratación en el mercado español y ha asegurado que "ningún empresario conoce todos y cada uno de los contratos vigentes". La práctica totalidad de los autónomos españoles, confiesa la institución, "desconocen los 41 modelos de contrato actuales y sólo usan a lo sumo cinco o seis".

Reforma de las pensiones

También esta semana se ha reunido la ministra Báñez con patronal y sindicatos con la idea de "lograr el mayor consenso posible" respecto de los cambios que su Ministerio planea en el sistema de pensiones -que persigue revisar cómo contener el coste creciente de las pensiones públicas-. En concreto, el Ejecutivo propone la aplicación del conocido como factor de sostenibilidad que determina las pensiones mediante dos fórmulas: su cuantía, en función de la esperanza de vida, que debe determinar el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI); y su revalorización, por los ingresos y gastos de la Seguridad Social, calculada a través del Factor de Revalorización Anual (FRA) que vendría a desvincular la subida de las prestaciones del IPC, como se viene haciendo hasta ahora.

El planteamiento del Ejecutivo, que según Báñez persigue "dar confianza, certidumbre y tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana", suaviza en algunos aspectos la propuesta original de los doce expertos designados por el Gobierno para definir el llamado factor de sostenibilidad de la pensiones, que se pronunciaban porque entrara en vigor lo antes posible, preferiblemente en 2014, y de otro lado, planteaban desvincular las pensiones de los precios y ligar su evolución al ciclo económico.

Sin embargo, finalmente Empleo se ha decantado por que la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en 2019; es decir, en la parte más alejada de la fecha sugerida por los expertos -entre 2014 y 2019-, que, en su mayoría, apostaban por implementar la medida cuanto antes "para evitar que los desequilibrios del sistema puedan verse agravados". Con ello también trata de garantizarse el apoyo de CCOO, cuyo representante votó estos ajustes, pero demorando su aplicación cinco años.

Además, Báñez ha propuesto un nuevo sistema de revalorización de las pensionesque no se base sólo en la evolución de la inflación, sino también en los ingresos y gastos del sistema, así como en su situación de déficit o superávit.

La ministra ha explicado que el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones entrará en vigor en 2014 y ha defendido que las pensiones "no van a bajar nunca" al exponer su postura ante los agentes sociales asegurando que crecerán todos los años como mínimo en torno al 0,25%. Nuevamente, se trata de una medida que da pie a otra lectura: se fija un techo para las subidas, de modo que, incluso en tiempos de bonanza, las pensiones no se revaloricen por encima del IPC más un 0,25% adicional. El texto legal probablemente se remitirá al Congreso a finales de septiembre.

Oposición "clara y radical"

Sin embargo, la postura, aún suavizada, del Gobierno no tiene demasiados adeptos. La crítica más dura ha llegado desde la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien anunció su oposición "clara y radical" a la reforma. En su opinión, la medida "conllevará una fuerte pérdida de poder adquisitivo" ya que según ha señalado"con un IPC del 2%, el recorte alcanzaría el 20% de reducción de la pensión real".

También dieron su opinión respecto de la propuesta CiU e Izquierda Unida que tampoco la aceptaron con demasiado entusiasmo. Así, el secretario ejecutivo de Economía de IU, José Antonio García Rubio, aseguró que se opondrá "incluso con la movilización, a cualquier medida que lleve a la disminución del poder adquisitivo de los pensionistas". Por su parte, desde CiU, su portavoz de en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró "preocupado por el hecho de que la medida pueda suponer pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas".

En relación a los sindicatos, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha reclamado una "mayor concreción por escrito de la reforma" para poder hacer una "valoración seria" y también ha mostrado sus cautelas acerca de que pueda existir "una clara pérdida de poder adquisitivo que en la práctica es una bajada de las pensiones".

Desde el Partido Popular ya se han defendido de estas críticas. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha resaltado esta semana que la reforma de las pensiones "no esconde una intención de recortar esta prestación", y ha instado a los interlocutores sociales y políticos para que trabajen "codo con codo" con el Gobierno para buscar el mayor acuerdo de cara a la tramitación del proyecto de ley.

Además, ha defendido que la reforma busca un modelo "estable, previsible y objetivo" que evite las decisiones arbitrarias de los gobiernos y se quede al margen de la discrecionalidad política.

Una Ley rodeada de polémica

Lo cierto es que, desde que viera la luz, la reforma laboral ha estado siempre acompañada de cierta polémica. Concebida desde el Gobierno con la intención de "dotar de mayor flexibilidad a las compañías con el propósito de aumentar la productividad y volver a la senda del crecimiento económico", la norma incorporó una serie de medidas que, para muchos, disfrazaban una suerte de barra libre de los despidos colectivos por parte de las empresas.

La falta de consenso, y las dudas generadas desde los distintos sectores jurídicos y desde los demás grupos parlamentarios han terminado por pasarle factura tan sólo un año y medio después de su entrada en vigor. Por ello, el Ejecutivo se ha visto obligado a retocar recientemente la reforma que, a rasgos generales, limita aún más la negociación en el marco de Expedientes de Regulación de Empleo así como el margen de los jueces para anularlos.

Las nuevas disposiciones forman parte de un paquete normativo incluido en un Decreto Ley (publicado en el BOE el pasado 3 de agosto tras su aprobación en Consejo de Ministros) titulado para la Protección de los Trabajadores a Tiempo Parcial y otras medidas de orden económico y social.

Pese a todo, en el mismo Consejo de Ministros que dio luz verde al Real Decreto, aprobó un informe sobre el impacto de la reforma laboral durante su primer año de aplicación en cuya presentación Báñez no se anduvo con rodeos y aseguró que la normativa "ha contribuido a evitar la destrucción de 225.000 empleos en su primer año de aplicación". Y además, explicó Báñez, "ha permitido que la economía pueda llegar a generar empleo con un crecimiento del 1% del PIB, cuando el paradigma anterior era que España no podía crear puestos de trabajo si no crecía más del 2%". Unos datos que Báñez ha recordado estos días como apoyo a las nuevas modificaciones anunciadas en materia laboral.

A la espera queda ahora que el Gobierno presente unas propuestas más detalladas, que puedan disipar las dudas y temores de los agentes involucrados.

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