EL GOBIERNO RECORTARÁ 900 MILLONES DE EUROS EN SUELDOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

CANARIAS SEMANAL

“Se trata de la norma más discutida de todas las que llevamos", reconocía el secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta, refiriéndose a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y no es para menos. La ley que el ministro Montoro presenta este mismo martes a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) amenaza con provocar un auténtico descalabro en miles de municipios del Estado español. La entrada en vigor de la reestructuración, que el Ministerio calcula para el 1 de enero de 2014, quitará a los municipios considerados "ineficientes" con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios.

El ministerio tiene ya una vara para establecer las localidades que serán incluidas en esta categoría y aquellos que no cumplan con sus criterios se quedarán sin la mayor parte de sus funciones. Este baremo se calcula con el coste medio de los servicios en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (445,44 euros) y el de los municipios pequeños (1.219,98), y la diferencia entre ellos, a la que han aplicado algunas correcciones como por ejemplo la de densidad o dispersión de la población.

Los ayuntamientos que hasta abril de 2014 no se ajusten a los "estándares de eficiencia"impuestos por el Ejecutivo central, unos 5.586 según los cálculos del propio gobierno, deberán ceder automáticamente sus competencias en la gestión de servicios obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en los de menos de 5.000 habitantes. A estos se les suman parques públicos, bibliotecas, mercados y tratamiento de residuos en las de más de 5.000 y hasta 20.000. Si el consistorio es incluido en esta lista también deberá dejar de brindar automáticamente servicios como los relacionados con la asistencia social. Los municipios de más de 20.000 habitantes no estarán obligados a renunciar a ellos, pero podrán hacerlo voluntariamente.

Literalmente, estos municipios serán “vaciados” de sus funciones, quedando como meros interlocutores políticos para las diputaciones. Éstas serán las que asuman sus competencias y las que reciban los fondos para financiar los servicios y parte de los recursos humanos, aunque no se sabe en qué medida serán provistas de los recursos necesarios para hacerlo.

UN NUEVO AJUSTE DE 8.000 MILLONES DE EUROS

Y es que aunque el Ministerio haya tratado de presentar la Ley como un mero instrumento para la gestión más “eficiente” de los fondos públicos, lo cierto es que la misma supondrá otro “ajuste” presupuestario con el que Montoro planea ahorrar alrededor de 8.000 millones de euros. Junto a los ciudadanos de los municipios afectados, los damnificados por el “recorte” serán, una vez más, los empleados públicos. En la Ley de Presupuestos se establecerán rangos salariales, estableciendo horquillas con retribuciones mínimas y máximas. Esto se traducirá en una reducción salarial de casi 900 millones de euros que sufrirán los trabajadores de todas las corporaciones locales y las diputaciones provinciales.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local dejará a algunos de los ayuntamientos afectados sin ninguna financiación, “si no tienen una gestión eficiente” – según ha reconocido el propio secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta.

Aquellos que aspiren a recuperar sus funciones tendrán que presentar “un plan de viabilidad que garantice una adecuada gestión”. Aunque para ello tendrá que transcurrir cinco largos años. "Establecimos ese plazo – aseguró Beteta - para huir de los ciclos políticos".