CATT-GLOBAL Salcai-Utinsa S.A.: FICHERO DISCIPLINARIO CON DATOS DE AFILIACIÓN SINDICAL

Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

viernes, 22 de febrero de 2013

FICHERO DISCIPLINARIO CON DATOS DE AFILIACIÓN SINDICAL

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Justicia crea un fichero disciplinario para empleados públicos

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado este jueves que el Ministerio de Justicia ha creado un fichero de régimen disciplinario de los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado con destino en dicho Departamento que incluirá, entre otros datos, la afiliación sindical de las personas denunciadas.

Según ha informado el sindicato a través de un comunicado, este hecho "puede entrar en colisión con la Ley Orgánica de Protección de Datos" e incluso con la Constitución. El fichero, creado al amparo de una orden ministerial publicada el pasado martes, 19 de febrero, en el Boletín Oficial del Estado (III. Otras Disposiciones), tiene como finalidad "el seguimiento y gestión de las actuaciones referentes al régimen disciplinario de los empleados públicos".

En dicho fichero se incluirán datos identificativos habituales como nombre y apellidos, domicilio, direcciones postales y electrónicas, teléfono, así como detalles del puesto de trabajo, número de registro personal, sanciones propuestas e impuestas y la "afiliación sindical de los denunciados".

El Ministerio de Justicia -- ha concretado CSI-F -- considera esta información como "datos especialmente protegidos", con medida de seguridad "media" y prevé su cesión a unidades y órganos disciplinarios, recursos humanos, así como a los jueces, tribunales y la Abogacía del Estado. Frente a esta nueva medida adoptada por el Departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, el sindicato considera que "con los derechos fundamentales no se juega".

"La inclusión de la afiliación sindical como dato permanente en un fichero es irrelevante para el procedimiento disciplinario y, en consecuencia, contraviene el principio recogido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) que exige que los datos sean 'adecuados, pertinentes y no excesivos' en relación con la finalidad del fichero", recuerda CSI-F.

UNA MEDIDA NO CONSULTADA

Asimismo, el sindicato "no ve ninguna razón para que conste en un fichero de carácter permanente la afiliación sindical de ningún empleado público que no está obligado a revelar su condición de afiliado si no lo desea y mucho menos puede verse obligado a que ese dato figure en un fichero". "Esta medida además, no ha sido consultada con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva", ha criticado.

También, CSI-F ha denunciado que, "si el dato de afiliación se incluye en el fichero, el nivel de seguridad del mismo debería ser alto y no medio como le atribuye la orden al incluir un dato especialmente protegido del artículo 7 de la LOPD que, por otro lado, no podría recogerse sin el consentimiento expreso y por escrito del afectado".

Finalmente, CSI-F ha adelantado que "pedirá explicaciones públicas" a Justicia en la mesa sectorial que se celebrará la próxima semana y ha advertido que, de no modificarse la orden, el sindicato "estudiará las actuaciones legales que sean necesarias ante una posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que pueden afectar a los derechos de libertad sindical, y a la libertad de conciencia, que contemplan los artículos 28 y 16 de la Constitución".