Al Gobierno sólo le queda racionar las prestaciones y tirar de las reservas.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

¿Qué va a pasar con las pensiones?

EL ECONOMISTA

Me decían funcionarios amigos que este año el INSS había preferido no imprimir la acostumbrada edición anual del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, porque en el mismo momento de su difusión ya sería una versión desactualizada, tal es la frecuencia de los cambios que el Gobierno aprueba.

Ante la evidencia de que en 2012 se ha producido un enorme déficit y un uso de las reservas (Fondo de Reserva y, no olvidar, Fondo de Prevención) que amenaza con acabarlas al final de la legislatura, frente al crecimiento que experimentaron antes, incluso en los años más duros, la solución pasa por actuar contra el sector más vulnerable de los futuros pensionistas: quienes llegan a la pensión como refugio después de un despido y que, por carecer de rentas, no pueden esperar y se ven forzados a aceptar una pensión recortada, que en ocasiones no guarda la debida proporción con una carrera de cotización amplia, tanto en el tiempo como en la base de cotización.

El borrador que anda circulando, con fechas cercanas al debate del estado de la nación, pretende sin abrir un nuevo periodo transitorio exigir tres años más de cotización a quienes acceden a la pensión como despedidos (de 30 a 33 años cotizados). Les impone unos coeficientes muy superiores a los que derivarían de consideraciones estadísticas y estocásticas, empeora la situación de los que acceden voluntariamente a la jubilación anticipada y la jubilación parcial con contrato de relevo, y abre paso a la compatibilidad general entre trabajo y pensión.

En cuanto al aumento de los años cotizados, esta decisión va a afectar particularmente a los despedidos después de la Ley 27/2011. Quienes abandonaron antes el mercado de trabajo se benefician de la mayor sensibilidad de los acuerdos suscritos entre interlocutores sociales y Gobierno la pasada legislatura. Puede ser que personas afectadas por decisiones adoptadas el año 2012 o los primeros meses de 2013 se encuentren ahora imposibilitadas de jubilarse en la fecha prevista. En términos sociológicos, el colectivo de personas que varían entre 30 y 33 años de cotización son esencialmente mujeres y trabajadores/as de sectores con ocupación estacional. La ley será, pues, especialmente dura con quienes han tenido un curso de cotización menos afortunado.

El empeorar los coeficientes a todos los que hayan cotizado por debajo de 44 años y seis meses afecta a todo el mundo. Los varones, por el servicio militar. Las mujeres, por la maternidad y la mayor exigüidad de sus carreras. Es una tomadura de pelo que no se diga, directamente, que todos van a soportar coeficientes disuasorios. Aplicar unos coeficientes doblemente empeorados a quienes optan por la jubilación voluntaria se resolverá simulando extinciones de otra naturaleza, como ya sucedía.

El empeoramiento de la jubilación con contrato de relevo, y el establecimiento de la compatibilidad, al margen de otras reflexiones en el plano técnico, tiene una desventaja añadida en el plano de la oportunidad. ¿Es ahora cuando hay que dificultar la sustitución de trabajadores veteranos por jóvenes? ¿No sería más razonable acordar la medida, y situar su entrada en vigor en el momento en que los menores de 35 años tengan una tasa de paro menos insoportable?

Se necesitan cambios estructurales

Pero con ser importante, lo fundamental de este nuevo decreto ley es su insuficiencia y el riesgo reputacional que añade al sistema. Aquí no prolongará su vida laboral nadie, por la sencilla razón de que nadie se fía de que el actual Gobierno mantenga sus propios actos siquiera el tiempo que dura la edición de un volumen, y, como todos los cambios empeoran las expectativas de derecho, la salida del mercado de trabajo se produce mecánicamente.

Este aluvión de cambios no va a cesar, por la sencilla razón de que son irrelevantes frente a la magnitud del problema. Debemos pagar nuevas pensiones que alcanzan los 20.000 euros anuales con bases de cotización muy inferiores, y ésta devaluación competitiva de los salarios hace insostenible el sistema en el momento en el que se invierte además la tregua demográfica de la que hemos disfrutado los últimos veinte años, y comienzan a jubilarse las generaciones del baby boom de la posguerra. Podemos empeorar las pensiones de los despedidos, maltratados únicamente por ser quienes tienen menor posibilidad de presión y de respuesta, actuar todavía peor con las mujeres por las mismas razones; retrasar su jubilación no un mes al año, sino tres años de golpe y porrazo. No será suficiente. Necesitamos otras medidas, entre ellas una radical reforma de la cotización aumentando las cuotas destinadas a pensiones y disminuyendo otras contingencias. Pero esta medida requeriría consenso social y el Gobierno ha quemado esta nave. Sólo le queda racionar prestaciones y tirar de la despensa de las reservas.

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social en 2004-2011