lunes, 6 de abril de 2015
Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, responden a Miguel A. Ramírez con una huelga y una denuncia por la vía penal
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
CANARIAS SEMANAL
Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- El pasado 9 de enero se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria una manifestación organizada con el objeto de denunciar "los continuos abusos" y las presuntas ilegalidades que - según manifiestan sus asalariados - se cometen en la empresa Seguridad Integral Canaria, integrada en el Grupo RALONS y propiedad de Miguel Ángel Ramírez.
La manifestación, convocada por los sindicatos USO, Intersindical Canaria, CC.OO. y UGT, junto a los Comités para la Unidad Obrera (CUOs), se anunciaba entonces como la primera de las acciones que se preveía organizar para enfrentar una situación denunciada durante años por los sindicatos del sector, sin obtener ninguna respuesta de las autoridades competentes.
UN "EMPRENDEDOR" CON LAS MEJORES RELACIONES EN LAS ALTAS ESFERAS
Y es que el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, es uno de los empresarios isleños que mejor ha sabido explotar, en beneficio propios, sus buenas relaciones en las altas esferas de la política dentro y fuera del Archipiélago. Eximido gracias a un indulto gubernamental de cumplir una condena a tres años y un día de cárcel por un flagrante delito medioambiental, su imputación como presunto autor de otro delito contra laHacienda Pública, por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de SIC, no ha sido obstáculo para queRamírez continúe recibiendo concesiones públicas que multiplican exponencialmente su ya abultado patrimonio.
El desembarco en la península de Miguel Ángel Ramírez se remonta al año 2005. En marzo de 2014, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada porRalons Servicios y SIC- ambas propiedad del presidente de la Unión Deportiva- recibía la adjudicación del concurso de 11,5 millones de euros que le confiaba la custodia de todos los bienes de Patrimonio Nacional.
Entre otras muchas concesiones públicas, Ramírez logró hacerse, el año pasado, con el contrato para la vigilancia de varias zonas de Metro de Madrid,así como en varios ministerios como el de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y otras dependencias públicas como las del Servicio Madrileño de Salud o laDirección General de Tráfico.
Desde el año 2011, Seguridad Integral Canaria es la responsable de custodiar la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España, como el Palacio de Aranjuez, el Palacio de El Pardo, el Monasterio de El Escorial, el Valle de Los Caídos, el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos), el Palacio Real de La Almudaina (Mallorca) y los palacios de La Granja de San Ildefonso y Riofrío (Segovia).
El grupo de Miguel Ángel Ramírez factura actualmente más de 150 millones de euros al año y, gracias al magnífico impulso logrado por sus numerosas concesiones públicas, ha logrado diversificarse e internacionalizarse, extendiendo sus negocios hasta América.
La última pica para impulsar en este increíble crecimiento la clavaba el cuestionado empresario nada más y nada menos que en el Ejército español. Desde el 1 de septiembre de 20145, SIC es la empresa encargada de la seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, tras ganar un concurso adjudicado en junio por 72,5 millones de euros para un periodo total de cuatro años No son pocos los que achacan la fantástica capacidad de Miguel Ángel Ramírez a sus contactos preferentes en las esferas del poder político. Como se recordará, la investigación del llamado Caso Bárcenas puso al descubierto que durante los años 2010 y 2011 el presidente de la U.D. Las Palmas fue uno de los principales financistas del Partido Popular. A través de su ex-empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, y según figura en la contabilidad de esa organización política, realizó generosas aportaciones dinerarias al mismo partido que, con sus concesiones, ha convertido a Seguridad Integral Canaria en la empresa líder del sector en el Archipiélago y en la séptima de todo el Estado.
LOS TRABAJADORES SE PLANTAN Y VAN A LA HUELGA
El martes de la pasada semana, representantes de los trabajadores deSeguridad Integral Canaria de la provincia de Las Palmas, junto con los responsables sectoriales de los sindicatosIntersindical Canaria, Comisiones Obreras, UGT, USO y SUSPcomparecían en rueda de prensa para anunciar la convocatoria de una huelga que se realizará entre los días 15 de marzo al 15 de mayo.
Los empleados de Miguel Ángel Ramírez reclaman el cumplimiento del vigente Convenio Colectivo Estatal de Empresas de seguridad Privada que -dicen - es sistemáticamente vulnerado en la compañía del empresario grancanario.
Exigen, igualmente, que se finiquiten las reclamaciones económicas resultantes de diferencias salariales que hacen que los empleados de SIC cobren un promedio de 300 euros menos al mes que el resto de trabajadores del sector.
Asimismo, los portavoces sindicales denunciaron, una vez más, "el constante acoso laboral y la persecución sindical a la que se ven expuestos los miembros de los comités de empresa y el comité de huelga.
"Once de los integrantes de dichos comités -manifestaron - han visto como se les incoa expedientes disciplinarios tras el preaviso de huelga, alegando una serie de motivos tan absurdos como publicaciones en sus páginas de Facebook personales o la participación en acciones de protesta absolutamente legítimas".
"Detrás de estos expedientes - añadieron - no hay otra cosa más que el intento de amedrentar y atemorizar a quienes se atreven a exigir sus derechos".
Con dichas acciones - explicaron - Seguridad Integral Canaria estaría "vulnerando con esos expedientes, tanto la ley de Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical como el propio código penal en sus artículos 311, 314 y 315 que recogen los delitos contra los derechos de los trabajadores".
Como respuesta a estos ataques, los sindicatos y comités de empresa anunciaron futuras acciones tanto de movilización como una denuncia por la vía penal contra Miguel Ángel Ramírez Alonso por presuntos delitos contra los trabajadores.
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