Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

miércoles, 24 de febrero de 2016

LOS EXPERTOS ALERTAN DE DESIGUALDAD TRIBUTARIA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las autonomías acercan su IRPF hacia la tarifa estatal

ECOLEY

Los impuestos de su comunidad

Siete comunidades autónomas han aprobado, para el año 2016, una nueva escala en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que tiende a acercarse a la tarifa estatal. Estas modificaciones, en gran parte, se han realizado a través de una reducción del tipo mínimo.

Así lo aseguran los expertos del Registro de Asesores Fiscales Reaf-Regaf, el órgano especializado en materia fiscal del Consejo General de Economistas, que ayer presentó su estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y local 2016. El informe destaca que las escalas más elevadas que gravan la renta general las tienen los territorios forales, con tipos que llegan al 49% en el País Vasco, y al 52% en Navarra. En las de régimen común, el tipo máximo más alto es del 48% -en cinco autonomías-, siendo el menor del 43,5%. En cuanto a los tipos mínimos, en territorio común oscilan entre el 19% y el 21,5%.

En este sentido, los expertos alertan de la desigualdad en los tributos cedidos a las autonomías, sobre todo en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Según el informe, en relación al IP, tres comunidades tienen mínimos exentos inferiores al de la norma estatal, que es de 700.000 euros, y otras ocho han incrementado las tarifas respecto a la que se regula por defecto.

En Sucesiones, los datos reflejan que los descendientes y adoptados menores de 21 años tienen una tributación "muy reducida" en muchos territorios. Sin embargo, los familiares cercanos tributan solo de manera simbólica en los territorios forales, en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid, y de forma bastante atenuada en Baleares, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana -bonificación del 75%- y Murcia -bonificación del 50%-.

En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, solo en Madrid y Navarra (6%) y en Canarias (6,5%) se aplica un tipo inferior al 7%, que es el que tienen los territorios forales y La Rioja.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, señaló ayer que el actual marco fiscal "no se puede entender". Pich exige la creación de una comisión de expertos con sensibilidades territoriales diferentes para abordar una reforma del marco fiscal actual.

Por su parte, Juan Rosell, presidente de la CEOE, vaticinó un aumento de la recaudación en 2016. "Se acercará a los niveles de 2007", apostilló. Rosell criticó la extensa producción normativa en materia fiscal. "Estamos asfixiados en cuanto a leyes", apostilló. "La legislación ahoga a particulares y Pymes", añadió. El presidente de la CEOE abogó, en este punto, por "un compromiso político de durabilidad", que estimó en una modificación normativa por legislatura.

Críticas a la legislación

El informe critica la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas en sus impuestos propios. Además, sostiene que "la forma de legislar en tributos propios no es la más adecuada, debido a suspensiones y no aplicaciones de algunos de estos impuestos".

En 2016, las comunidades han regulado 79 impuestos propios. Según los especialistas, la creación de estos tributos suponen "numerosos problemas de litigiosidad, aportando una recaudación de tan solo el 2,4% de los ingresos tributarios de estos entes territoriales".