Los debe coleccionar. El periódico tinerfeño El Día ha acumulado a su atolondrada trayectoria de los últimos años un nuevo diploma, el amparo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado a la juez María Victoria Rosell frente a los ataques proferidos desde las páginas de ese diario soberanista. Ese amparo se puede traducir automáticamente en reprimenda, en dura reprimenda, porque no es nada habitual que el Poder Judicial otorgue amparo a jueces que sufren duras críticas por parte de los medios de comunicación. Se lo negó, por ejemplo, a Garzón, cuando fue cruelmente atacado por El Mundo y la COPE en una de sus investigaciones derivadas del 11-M, o se lo negó a la juez del incendio de Guadalajara, María del Mar Lorenzo, asaeteada por sus actuaciones contra instituciones de Castilla-La Mancha. Pero es que en ninguno de esos casos, por muy duras e injustas que fueran los calificativos, se rebasaron las fronteras de la crítica a las resoluciones judiciales o a la actuación de los jueces para entrar en la injuria, en la difamación o en la vida privada de los que administran Justicia, como sí ha hecho El Día de manera reiterada en los últimos tiempos.
Conociendo como vamos conociendo la deriva editorialista del periódico El Día, probablemente coincidente con la que sufre su editor y director, don Pepito Rodríguez, estamos por adelantarles que en su edición de este miércoles se atreverán a presentar ese amparo del Poder Judicial como un sello de honor, una justificación más para reclamar esa delirante justicia canaria propia que coloque al insigne independentista como prócer intocable e inmune. Pero mientras llega ese momento, don José y los suyos están sujetos al ordenamiento jurídico al que todos estamos sujetos, el mismo que ha llevado al CGPJ a afirmar que "Los artículos y editoriales que han sido publicados en contra de la referida magistrada [en El Día], más allá del legítimo ejercicio de la crítica de las resoluciones judiciales, pretenden atentar contra la independencia judicial, no se encuentran amparados por el derecho constitucional a la libertad de expresión, y por ello, objetivamente considerados pueden poner en peligro el valor constitucional de la independencia judicial". Sumen a este nuevo sello de honor la resolución del Parlamento de Canarias que tachó de xenófoba la línea editorial de este desquiciado periódico. Y que siga el disparate.
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