INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA CONTRAÍDA POR LA EMPRESA CON LOS TRABAJADORES EN EL PERÍODO 2012/2014

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Las Palmas de Gran Canaria a 14 de marzo de 2015

COMUNICADO A TODOS LOS TRABAJADORES DE SALCAI-UTINSA S.A.

            INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA CONTRAÍDA POR LA EMPRESA CON LOS TRABAJADORES EN EL PERÍODO 2012/2014

Según datos proporcionados por la Dirección de la empresa SALCAI-UTINSA S.A., la Deuda contraída con los trabajadores desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014, por departamentos y sin contabilizar las obligaciones en materia de cotización con la Seguridad Social, ascienden a:

PERSONAL DE PRODUCCIÓN:          5.892.242€ PERSONAL DE OFICINAS:                  674.793€ PERSONAL DE TALLERES:                251.785€

Si sumamos estas cantidades y las dividimos entre los 750 trabajadores que aproximadamente conforman la plantilla, nos da una media por trabajador de 9091.96€.

En resumen,  la Dirección de la empresa SALCAI-UTINSA S.A., adeuda de media a cada trabajador, la cantidad de 9.091.96.

RECORDATORIO - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CATT - 24/04/2015

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

POR LA PRESENTE CONVOCAMOS A TODOS LOS AFILIADOS AL C.A.T.T.

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EN     C/ VIERA Y CLAVIJO 23, 2º, EL VIERNES DÍA 24 de ABRIL de 2015 a las 17:00 H., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1º      PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS

2º      ELECCIONES SINDICALES

3º      VARIOS

4º      RUEGOS Y PREGUNTAS

DADA LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS A TRATAR

ROGAMOS LA MÁXIMA ASISTENCIA

Las Palmas de Gran Canaria, a  24 de marzo de 2015.

Derogación de la Ley de Tasas Judiciales 10/2012

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El fiasco de las tasas judiciales

CANARIAS AHORA

Hasta hace apenas unos días, un divorcio o una separación que no fuese de mutuo acuerdo costaba un mínimo de 168 euros por tasas judiciales, da igual que hubiese menores o no por medio. A ese pago, que requería Hacienda, había que añadir la minuta de abogado y procuradora. Igual de mal lo tenían quienes querían reclamar contra una sanción administrativa, con una tasa mínima de 200 euros, o interponer pleito por un impago, por ejemplo, en una comunidad de vecinos. En esos casos, las tasas judiciales podían llegar a los 300 euros si el pleito se transformaba en un juicio ordinario. Y ojito con recurrir, porque los recursos podían llegar hasta 1.200 euros.

La derogación de la Ley de Tasas Judiciales 10/2012 de noviembre, también conocida como la ley del tasazo o el tasazo a secas, se esperaba desde la caída de Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Fue una de sus medidas estrellas junto con la reforma de la Ley del Aborto, e igual de contestada socialmente.

"Afecta a personas físicas y jurídicas, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de cada cual, y quiebra la tutela judicial efectiva, se ha llevado por delante el artículo 24 de la Constitución y con ello, una de las principales garantías de nuestra democracia", afirmó en noviembre pasado en la Universidad de La Laguna el profesor Miguel Revenga Sánchez, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España, con motivo de unas jornadas dedicadas a la Constitución de Cádiz.

La tasa judicial es un tributo de carácter estatal por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. Ruiz Gallardón la extendió a toda la población en su ley de 2012, pero su ámbito de aplicación fue corregido tan sólo tres meses después ante las protestas de colegios de abogados de toda España, procuradores, incluso jueces y fiscales. En un principio se imponían hasta en la justicia gratuita y para llevar a cabo demandas en la jurisdicción social, de forma que, por ejemplo, para defenderse de un posible despido improcedente o nulo había que pagar previamente y cruzar los dedos, porque un recurso de suplicación costaba la friolera de 500 euros.

En efecto, el 22 de febrero de 2013, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 3/2013 por el que se dejaba de aplicar el tributo a la justicia gratuita y se reconocía el derecho a devolución de las cantidades pagadas entre octubre y la entrada en vigor de este decreto. De la misma forma se admitía la devolución de las tasas si antes de que finalizar el proceso de demanda se llegaba a un acuerdo extrajudicial entre las partes.

"En la jurisdicción social se hizo una equiparación con la justicia gratuita, porque el pago de la tasa suponía una quiebra a los derechos de los trabajadores, con un único afán recaudatorio que, además, se dijo que era para sufragar la justicia gratuita, cuando ese apartado ya cuenta con su partida presupuestaria propia en los presupuestos generales de Estado. Para lo único que ha servido es para impedir el acceso a la justicia de esa gran franja de ciudadanos que, sin poder solicitar un abogado de turno de oficio, carecen de medios para sufragarse los costes de un pleito de su propio bolsillo. Y eso sigue siendo así", sostiene el abogado Ignacio Cestau, especializado en Derecho Social y ejerciente en Tenerife desde hace más de 30 años.

El salario medio en España seguirá disminuyendo hasta 2017, como consecuencia de los recortes salariales operados durante la crisis, la reducción de los sueldos de los nuevos activos que se reincorporan al mercado laboral muy por debajo de sus condiciones de salida, y por el recurso a la contratación parcial.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El salario medio seguirá a la baja al menos tres años

EL ECONOMISTA

Esta es la una de las conclusiones del último informe de Situación Económica, del Instituto Flores de Lemus, en el que se añade que estos factores "seguirán operando con plena fuerza" durante este año y los dos siguientes, precisamente el período de vigencia del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que está negociando los sindicatos y la CEOE.

El Instituto, dependiente de la Universidad Carlos III, resalta que el consumo privado en nuestro país, dista todavía 9,6 puntos porcentuales de su máximo en los años anteriores a la crisis, por lo que "proyectando la última tasa interanual calculada dentro del horizonte de previsión, aún tardaría un año más en alcanzar los niveles pre crisis".

Recuerda el informe que la previsiones sobre el tirón del consumo privado en España se basan en la reincorporación de parados al mercado laboral, y por tanto, "a la obtención de rentas salariales de, al menos parte, los activos que han quedado sin trabajo en la crisis".

Sin embargo explica que aunque las tasas de creación de empleo son altas, la reincorporación al empleo se está haciendo a salarios mucho más bajos de los que se pagaban en la parte alta del ciclo".

A ello se añade, también como efecto perjudicial para la recuperación del consumo privado, la "incidencia al mayor uso de los contratos a tiempo parcial, que derivan en una percepción de salarios notablemente por aquellos que son contratados bajo esta figura".

Circunstancias estas que llevan a los autores del informe a concluir que "el patrón de crecimiento económico que, según las previsiones, va a seguir la economía española en los próximos dos años es solamente sostenible durante un periodo relativamente corto, que podría fijarse hasta la recuperación de las magnitudes precrisis",

En este escenario, y a la vista del posible efecto decreciente en la demanda interna en la eliminación del excedente de paro, el Instituto recomienda implementar medidas adicionales entre las que estima que "la de mayor recorrido sería impulsar subidas salariales durante un periodo limitado en el tiempo, en un mecanismo de política de rentas".

Este tipo de medidas -añade el informe- "tiene un recorrido y una duración mayor que las bajadas de impuestos, y admite la introducción de mecanismos correctores que minimicen el impacto en la competitividad donde se observase especialmente pernicioso".

Más empleo temporal

En el consejo del Instituto Flores de Lemus figuran Paulina Beato, Guillermo de la Dehesa, José Luis Feito, Emilio Ontiveros, Federico Prades y Narcís Serra, entre otros. Y, al margen de las consideraciones anteriores el informe de Situación Económica admite que los datos de afiliación a la Seguridad Social "sorprendió al alza", obligando a revisar al alza sus pronósticos sobre el crecimiento medio anual del empleo en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

De esta forma, las previsiones del Instituto estiman que el crecimiento medio del empleo en 2015 será del 3,1%, tres décimas superior al 2,8% previsto inicialmente. Mientras que en 2016 el crecimiento del empleo se desacelerará hasta el 2,5%.

En cuanto a la composición del empleo, la previsión que más varía es la referida al tipo de jornada, con una descenso de tres décimas, hasta el 1,8%, en la estimación de creación de puestos de trabajo indefinido, que contrasta con el aumento de 2,8 puntos porcentuales en el empleo temporal, que crecería un 9,1% en media anual. De esta forma, la tasa de temporalidad de la economía española se situaría en el 24,2%, ocho décimas más que al final de 2013.

Leer más:  El salario medio seguirá a la baja en España al menos durante tres años - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6621604/04/15/El-salario-medio-seguira-a-la-baja-en-Espana-al-menos-durante-tres-anos.html#Kku8n1bidTvEGZvS

Importancia de la evolución de las remuneraciones salariales.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La subida salarial, clave para una recuperación económica sostenible

EL ECONOMISTA

En vísperas, esperemos, de la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y con el debate de la recuperación de los salarios como telón de fondo de los desacuerdos entre patronal y sindicatos, parece conveniente abrir una reflexión sobre la importancia de la evolución de las remuneraciones salariales para la sostenibilidad a medio plazo de una recuperación cuyo patrón de crecimiento tiene como uno de sus pilares básicos la recuperación de consumo privado, que el Gobierno vincula directamente a la creación de empleo.

Un modelo aparentemente coherente en el ámbito de la teoría pero que se rompe cuando, como ocurre aquí y ahora, la mayoría de los empleos nuevos que se crean lo hace estigmatizados por unas condiciones salariales y de temporalidad sensiblemente inferiores a los de antes de la crisis.

Una seria amenaza

Quiere esto decir que el aumento de los puestos de trabajo no permite hacer una traducción proporcional o equivalente al aumento del consumo interno. Y si a ello añadimos que, con datos de la Comisión Europea, los salarios reales en España se han recortado nada menos que un 4,5% desde 2008, pues no es difícil inferir que estamos ante una seria amenaza para que el crecimiento de la economía sea sostenible en el tiempo y ante una rémora para impulsar el aumento de la recaudación impositiva y de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social de los que se nutren las arcas del Estado para pagar, entre otras cosas, las pensiones.

¿Se referiría a esto la ministra Fátima Báñez cuando el pasado lunes, durante el Ágora del Empleo de elEconomista, instaba a los agentes sociales a acompañar con la subida de salarios la creación de empleo? Probablemente.

Aunque en el Ministerio de Empleo no se pronuncian sobre la negociación colectiva, que compete exclusivamente a sindicatos y empresarios, algunos responsables del Departamento no ocultan que se vería con simpatía un acuerdo que empezará a recuperar el poder adquisitivo de los salarios para impulsar el consumo y el empleo. Entre otras cosas, porque recordemos que la Comisión Europea denunciaba en noviembre pasado que el recorte de salarios que se ha producido en España durante la crisis ha sido "lento, ineficaz e injusto", perjudicando especialmente a los trabajadores temporales.

En esta coyuntura, los agentes sociales debería mostrar mayor flexibilidad a la hora de impulsar unas alzas salariales que garanticen una recuperación cierta de la capacidad de compra, para ayudar así a fortalecer una demanda interna que no puede sostenerse sólo con la expansión de los empleos en las actuales condiciones de precariedad. Incluso aunque se genere algo de inflación, que en una situación de bajos precios ayudaría, incluso a reducir la deuda. Pero ésa es otra historia.

Leer más:  La subida salarial, clave para una recuperación económica sostenible - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6618844/04/15/La-subida-salarial-clave-para-una-recuperacion-economica-sostenible.html#Kku8xjDqtk64SYFf

TRABAJADORES DE TELEFÓNICA/MOVISTAR EN HUELGA - "TELEFÓNICA/MOVISTAR NOS COARTA LA VIDA"

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

LOS SUBCONTRATADOS DE TELEFÓNICA EN HUELGA INDEFINIDA

CANARIAS SEMANAL

El personal técnico de contratas, subcontratas y los autónomos subcontratados por Telefónica-Movistar han acordado iniciar una huelga indefinida. La decisión se adoptó, inicialmente, en una multitudinaria asamblea de trabajadores celebrada en Madrid. Asambleas de otras provincias del Estado, como Barcelona, Gerona, Asturias, Andalucía, Canarias, Galicia... están sumándose a la huelga.

   Según informan los convocantes, se han realizado manifestaciones masivas, los piquetes se han multiplicado, y este jueves el paro era prácticamente total entre los trabajadores, tanto los de plantilla como los autónomos.

   Los sindicatos  AST, CO.BAS y CGT han convocado la huelga indefinida a nivel estatal para todas las contratas y autónomos. UGT y CC.OO. del metal anuncian en su web que también convocarán.

   'En Construcció', plataforma de trabajadoras y trabajadores de Telefónica, convocará a la plantilla fija de Barcelona a una jornada de huelga el día 20 de abril para luchar contra la situación laboral que sufren los trabajadores  y contra la precariedad en el sector, y "confían en que otras fuerzas sindicales se sumen a la propuesta para poder hacer una convocatoria estatal". 

   Un total de 15.000 trabajadores de nueve empresas subcontratadas por la operadora se han sumado a la huelga.

SUPEREXPLOTACIÓN Y MÁXIMA PRECARIEDAD

   La reacción prácticamente unánime de todas las organizaciones sindicales se explica por las condiciones extremas que los empleados de la multinacional se ven obligados a aceptar.  

   Los trabajadores autónomos, son contratados por 2 ó 4 horas diarias, viéndose forzados  a trabajar hasta 12 horas cada día, todos los días de la semana, para poder llegar a cobrar alrededor de 800 euros.

   "Esta huelga - apuntan los portavoces sindicales - afecta directamente a los clientes de Telefónica porque ella es la responsable de las pésimas condiciones de trabajo de las empresas colaboradoras, la que insta a las empresas a disminuir sus plantillas aumentando el número de autónomos, lo que ha sido calificado en ocasiones como cesión ilegal por la Inspección de trabajo".

   "Los compañeros de contratas - continúan explicando - hacemos el mismo trabajo que los telefónicos, pero con salarios y condiciones mucho peores, menos de un tercio en muchas ocasiones. Esa es la política de Telefónica que,  apoyándose en la legislación vigente, pone en peligro los puestos de trabajo dignos, los que le resultan más caros, al mismo tiempo que los escandalosos salarios de la dirección no paran de crecer desde la privatización".

  "La división que Telefónica nos impone segregándonos en más de 600 empresas en Barcelona, va contra todos, contra el futuro del empleo digno" - concluyen.

LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES

   Las reivindicaciones presentadas por los representantes de los trabajadores ante Telefónica  y Confemetal (confederación que agrupa las empresas del sector Telecomunicaciones) son:

   -Retirada del contrato mercantil que impone Telefónica.

   -Mismo trabajo, mismo salario; unificación de condiciones de jornada y salario para todo el Estado.

   -Pase a plantilla de todos los falsos autónomos que lo deseen, derecho del trabajador a la readmisión si gana un juicio como improcedente y ningún despido por baja médica.

EL TREN QUE UNIRÁ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CON MASPALOMAS, "ES UN AUTÉNTICO DISPARATE"

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

No al tren público

ABC.es

«Construir infraestructuras públicas siempre es beneficioso, es una inversión.» Esta quizás sea una de las frases más repetidas por los políticos y aceptada por la mayoría de la sociedad. Sin embargo, desde carreteras sin automóviles hasta aeropuertos sin pasajeros, España es un claro ejemplo de destrucción de capital construyendo unas instalaciones que no sirven para nada, que han sido pagadas con el dinero de los contribuyentes y solo han sido útiles para engordar los bolsillos de algunos.

En Canarias, son muchas las obras públicas que se han hecho de esta forma, pero si hay una que es un auténtico disparate es la del tren que conectará Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas. La realidad es que la mayoría de las que se construyen en otros países se realizan de forma distinta, pues para que realmente sean un servicio tienen que ser un negocio. No se pagan con dinero público, lo que hace que el inversor no se aventure en llevar acabo aquellas que no sean rentables, es decir, beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Además, si los inversores se equivocan en sus cálculos son ellos los que internalizan las pérdidas y no los contribuyentes como sucede aquí.

Alguno podría pensar que un tren en Gran Canaria será fantástico y que si de entrada no es productivo y hay que subvencionarlo no pasa nada, pues es una infraestructura que está ahí para el futuro. Sin embargo, este planteamiento ni está teniendo en cuenta la cantidad brutal de dinero que se desperdiciaría para realizar y mantener algo que sería improductivo ni la cantidad de sanas inversiones que se harían y crearían riqueza si ese capital se quedase en el bolsillo de los ciudadanos.

Un claro ejemplo de mala gestión es la inmensidad de kilómetros de AVE que se han realizado. Mientras en Francia se abandona el tren como medio de transporte aquí seguimos malgastando dinero en estas infraestructuras. Por ejemplo, recientemente, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha concluido en un informe que «España no debería haber construido ninguna línea de AVE», pues ha sido una de las peores inversiones públicas de nuestro país. Es más, al igual que pasará con el tren en Gran Canaria, compañías privadas que hacen el servicio eficientemente hoy se han visto perjudicadas.

Un tren en Gran Canaria podría funcionar si tuviéramos muchísima más población de la que hay hoy y, en especial, más concentrada, pero en ese caso no habría que emplear un solo euro público, pues habría inversores dispuesto a construirlo. No obstante, ese incremento de población desgraciadamente no va a suceder mientras seamos una de las regiones con más impuestos, regulaciones y subvenciones del mundo.

Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2015 - La firma del 'finiquito' no vincula al trabajador si luego no hay conciliación.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La firma del 'finiquito' no vincula al trabajador si luego no hay conciliación

ECOLEY

El trabajador despedido no queda vinculado por lo firmado previamente en el acuerdo transaccional de extinción, saldo y finiquito -que carece, por tanto, de valor liberatorio- si llegado el día de la conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), no acepta lo acordado. Así lo falla el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia dictada el 5 de febrero de 2015, cuando el acuerdo prevea que sus efectos se producirán "siempre y cuando" se realice un acto de conciliación con avenencia.

De este modo, la ponente de la sentencia, la magistrada García Álvarez, rechaza que dicho acuerdo se firme con el objeto de eliminar la incertidumbre del pleito como, en este caso, alegaba la compañía y aprecia que recoge una "condición suspensiva" (la avenencia en conciliación) para poder producir sus efectos.

En concreto, resuelve un caso en el que la empresa despide a un trabajador por medio de carta de fecha 7 de noviembre de 2012 y efectos del mismo día con la alegación genérica de bajo rendimiento que supone pérdida de confianza y transgresión de la buena fe contractual.

Ese mismo día, las partes firmaron un acuerdo transaccional de extinción, saldo y finiquito en virtud del cual la empresa reconocía la improcedencia del despido comprometiéndose a abonar 24.005 euros en concepto de indemnización cuya cuantía es el resultado "de lo expresamente acordado por ambas partes, siempre y cuando se realice el acto de conciliación con avenencia" formalizado "ante el SMAC competente, en el acto de conciliación a que serán citadas las partes".

La cuestión es que, llegado el día de la conciliación, el trabajador no aceptó el importe ofrecido por la empresa ni, por tanto, los términos conciliatorios previamente fijados en el controvertido documento de 7 de noviembre.

En su lugar, el trabajador despedido solicitó la declaración de nulidad del despido, en tanto que se realizó cuando estaba de baja por paternidad, y, en su caso, una revisión de la cuantía indemnizatoria a la que tenía derecho.

Obligación condicional

Entiende la magistrada (como hizo el Juzgado cuyo fallo se recurre en apelación, pero que calificó el despido de improcedente), que entra en juego el artículo 1.114 del Código Civil, según el cual "en las obligaciones condicionales la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición". Y por ello, el acuerdo no consolidó su eficacia.

Por todo, el TSJ de Madrid revoca la sentencia de instancia y califica el despido de nulo obligando a la empresa a la readmisión del trabajador en su mismo puesto y condiciones.

Leer más:  La firma del 'finiquito' no vincula al trabajador si luego no hay conciliación - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6609528/04/15/La-firma-del-finiquito-no-vincula-al-trabajador-si-luego-no-hay-conciliacion.html#Kku802jDoopodRgr

NUEVA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES - Los consejeros ejecutivos pierden su condición laboral.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Los consejeros ejecutivos pierden su condición laboral

ECOLEY

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital mantiene la prioridad del vínculo mercantil sobre el acuerdo de trabajo, lo que convertirá a los directores de las empresas con cargos en el consejo en contratados mercantiles y no laborales.

Los directores de marketing, recursos humanos o financieros que, además formen parte del consejo de administración van a ver mercantilizada su relación con la sociedad y perderán su relación laboral.

Así, lo ha augurado José Antonio Sanfulgencio, abogado del Departamento Laboral de CMS Albiñana y Suárez de Lezo, en el transcurso de su intervención en una jornada sobre el análisis de la última jurisprudencia de ámbito social.

La nueva redacción dada a la Ley de Sociedades de Capital obliga tanto al consejero delegado como a los consejeros ejecutivos a celebrar un contrato en el que se incluyan los aspectos que conforman sus retribuciones, siendo ratificado y aprobado por el consejo de administración sin necesidad de incluirlo en los Estatutos sociales y, por tanto, bajo el control de la junta general.

Sanfulgencio anunció que "si no se adaptan los contratos de estos profesionales, no tendrán ningún derecho desde el punto de vista fiscal ni tampoco desde el laboral".

Como respaldó a sus afirmaciones, Sanfulgencio destacó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, de 26 de enero de 2015, que declara incompatible, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, la condición de administrador único y alto directivo, condiciones que el contrato trataba de compatibilizar y al margen de que se hubiese adoptado un acuerdo societario en este sentido, que posteriormente se modificó con la intención de despedirlo.

A este respecto, el abogado señaló su convencimiento de que se mantiene viva la Teoría del Vínculo, según la cual el vínculo mercantil que une a los consejeros ejecutivos que desarrollan a su vez funciones de alta dirección, absorbe al laboral que el directivo pudiera haber formalizado con la misma empresa.

Subrogación empresarial

Por ello, el Tribunal Supremo mantiene que la exclusión del ámbito laboral no viene determinada por la naturaleza de las funciones que desempeña el sujeto, sino por la naturaleza del vínculo en virtud del cual las realiza. Por ello el TSJ mantiene la declaración de incompetencia del orden social para conocer este tipo de demandas.

En su análisis de la jurisprudencia más reciente, el abogado destacó la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de febrero de 2015, que rechaza los pactos colectivos negociados antes de un procedimiento de subrogación empresarial y aplicado desde el primer día de integración de la plantilla en la empresa entrante, aunque beneficie a los trabajadores y haya sido respaldado por el 97 por ciento de la plantilla de la absorbida.

En este caso, la empresa absorbente dejó de practicar a los demandantes (de la empresa absorbida) las condiciones que venían disfrutando los trabajadores de la empresa absorbida, de forma que dejaron de percibir un plus de actividad y pasaron a cobrar determinadas cantidades variables como un plus compensatorio y de disponibilidad.

Advirtió, además, Sanfulgencio, que las empresas deben tener mucho cuidado con los contratos en los que no se concretan los objetivos antes del inicio de cada ejercicio para el cálculo de la remuneración variable de sus vendedores,

Así, la sentencia del TSJ de Madrid, de 9 de enero de 2015, establece que por el hecho de no se pactara expresamente por escrito la retribución variable, la legislación no autoriza a entender que no formara parte del contrato o que no se acordaran de mutuo acuerdo.

Si el cumplimiento del contrato dependía de la expresa voluntad del pagador, la obligación condicional sería nula, ya que la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Para calcular la deuda se recurrió al promedio percibido en los tres últimos ejercicios.

Leer más:  Los consejeros ejecutivos pierden su condición laboral - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6596765/03/15/Los-consejeros-ejecutivos-pierden-su-condicion-laboral-.html#Kku8UOdPx0he01Q4

Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, responden a Miguel A. Ramírez con una huelga y una denuncia por la vía penal

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

LOS ABUSOS DE RAMÍREZ HACEN ESTALLAR EL CONFLICTO EN SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA (VÍDEO)

CANARIAS SEMANAL

Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- El pasado 9 de enero se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria una manifestación organizada con el objeto de denunciar "los continuos abusos" y las presuntas ilegalidades que - según manifiestan sus asalariados - se cometen en la empresa Seguridad Integral Canaria, integrada en el Grupo RALONS y propiedad de Miguel Ángel Ramírez.

   La manifestación, convocada por los sindicatos USO, Intersindical Canaria, CC.OO. y UGT, junto a los Comités para la Unidad Obrera (CUOs), se anunciaba entonces como la primera de las acciones que se preveía organizar para enfrentar una situación denunciada durante años por los sindicatos del sector, sin obtener ninguna respuesta de las autoridades competentes.

UN "EMPRENDEDOR" CON LAS MEJORES RELACIONES EN LAS ALTAS ESFERAS

    Y es que el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, es uno de los empresarios isleños que mejor ha sabido explotar, en beneficio propios, sus buenas relaciones en las altas esferas de la política dentro y fuera del Archipiélago. Eximido gracias a un indulto gubernamental de cumplir una condena a tres años y un día de cárcel por un flagrante delito medioambiental, su imputación como presunto autor de otro delito contra laHacienda Pública, por haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de SIC, no ha sido obstáculo para queRamírez continúe recibiendo concesiones públicas que multiplican exponencialmente su ya abultado patrimonio.

    El desembarco en la península de Miguel Ángel Ramírez se remonta al año 2005.  En marzo de 2014, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada porRalons Servicios y SIC- ambas propiedad del presidente de la Unión Deportiva- recibía la adjudicación del concurso de 11,5 millones de euros que le confiaba la custodia de todos los bienes de Patrimonio Nacional.

  Entre otras muchas concesiones públicas, Ramírez logró hacerse, el año pasado, con el contrato para la vigilancia de varias zonas de Metro de Madrid,así como en varios ministerios como el de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y otras dependencias públicas como las del Servicio Madrileño de Salud o laDirección General de Tráfico.

   Desde el año 2011, Seguridad Integral Canaria es la responsable de custodiar la mayoría de los emplazamientos que forman parte de los Reales Sitios de España, como el Palacio de Aranjuez, el Palacio de El Pardo, el Monasterio de El Escorial, el Valle de Los Caídos, el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas (Burgos), el Palacio Real de La Almudaina (Mallorca) y los palacios de La Granja de San Ildefonso y Riofrío (Segovia).

   El grupo de Miguel Ángel Ramírez factura actualmente más de 150 millones de euros al año y, gracias al magnífico impulso logrado por sus numerosas concesiones públicas, ha logrado diversificarse e internacionalizarse, extendiendo sus negocios hasta América.

    La última pica para impulsar en este increíble crecimiento la clavaba el cuestionado empresario nada más y nada menos que en el Ejército español.  Desde el 1 de septiembre de 20145, SIC es la empresa encargada de la seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, tras ganar un concurso adjudicado en junio por 72,5 millones de euros para un periodo total de cuatro años No son pocos los que achacan la fantástica capacidad de Miguel Ángel Ramírez a sus contactos preferentes en las esferas del poder político.  Como se recordará, la investigación del llamado Caso Bárcenas puso al descubierto que durante los años 2010 y 2011 el presidente de la U.D. Las Palmas fue uno de los principales financistas del Partido Popular.  A través de su ex-empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, y según figura en la contabilidad de esa organización política, realizó generosas aportaciones dinerarias al mismo partido que, con sus concesiones, ha convertido a Seguridad Integral Canaria en la empresa líder del sector en el Archipiélago y en la séptima de todo el Estado.

LOS TRABAJADORES SE PLANTAN Y VAN A LA HUELGA

   El martes de la pasada semana, representantes de los trabajadores deSeguridad Integral Canaria de la provincia de Las Palmas, junto con los responsables sectoriales de los sindicatosIntersindical Canaria, Comisiones Obreras, UGT, USO y SUSPcomparecían en rueda de prensa para anunciar la convocatoria de una huelga que se realizará entre los días 15 de marzo al 15 de mayo.

   Los empleados de Miguel Ángel Ramírez reclaman el cumplimiento del vigente Convenio Colectivo Estatal de Empresas de seguridad Privada que -dicen - es sistemáticamente vulnerado en la compañía del empresario grancanario.

  Exigen, igualmente, que se finiquiten las reclamaciones económicas resultantes de diferencias salariales que hacen que los empleados de SIC cobren un promedio de 300 euros menos al mes que el resto de trabajadores del sector.

   Asimismo, los portavoces sindicales denunciaron, una vez más, "el constante acoso laboral y la persecución sindical a la que se ven expuestos los miembros de los comités de empresa y el comité de huelga.

    "Once de los integrantes de dichos comités -manifestaron - han visto como se les incoa expedientes disciplinarios tras el preaviso de huelga, alegando una serie de motivos tan absurdos como publicaciones en sus páginas de Facebook personales o la participación en acciones de protesta absolutamente legítimas".

   "Detrás de estos expedientes - añadieron - no hay otra cosa más que el intento de amedrentar y atemorizar a quienes se atreven a exigir sus derechos".

    Con dichas acciones - explicaron - Seguridad Integral Canaria estaría "vulnerando con esos expedientes, tanto la ley de Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical como el propio código penal en sus artículos 311, 314 y 315 que recogen los delitos contra los derechos de los trabajadores".

     Como respuesta a estos ataques, los sindicatos y comités de empresa anunciaron futuras acciones tanto de movilización como una denuncia por la vía penal contra Miguel Ángel Ramírez Alonso por presuntos delitos contra los trabajadores.

VÍDEO RELACIONADO: