FUENTE: http://colectivoindependientedeguaguas.blogspot.com.es
Hace 3 días
viernes, 24 de mayo de 2013
Cada vez más voces reclaman nuevas medidas en el ámbito laboral que den un nuevo impulso a la reforma aprobada hace más de un año por el Gobierno.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Los expertos piden a Báñez revisar el contrato a tiempo parcial
EL ECONOMISTA
Los últimos en hacerlo han sido los expertos del Instituto Internacional Cuatrecasas, que ponen el foco en la contratación. En concreto, lamentan que las medidas adoptadas por el Gobierno en esta materia hayan sido excesivamente tímidas si se comparan con las aplicadas en relación a los despidos colectivos.
En su informe El fomento del empleo juvenil a través de la adquisición de experiencia laboral, patrocinado por Manpower, los expertos apuestan por una revisión a fondo del contrato a tiempo parcial que permita fomentar más su uso. Sería una estrategia más con la que poder plantar cara al problema del desempleo juvenil. El paro entre los menores de 25 años alcanza ya el 57%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
El documento refleja que los actuales contratos de trabajo con prácticas y para la formación siguen siendo residuales, pese a haber sido reformados en numerosas ocasiones en las últimas décadas y en ningún caso logran los efectos esperados sobre el mercado de trabajo. Tanto es así que, de los jóvenes de entre 16 y 29 años que trabajan, un 80% lo hace con contrato temporal, un 8% con indefinido y sólo un 2% cuenta con una modalidad formativa.
Al mismo tiempo, los expertos de Cuatrecasas lamentan que la reforma laboral no haya facilitado la transición de la etapa educativa al empleo, ni haya adecuado la oferta de formación a la demanda del mercado de trabajo. En este sentido, ven necesario potenciar al máximo las prácticas en las empresas, pero en un contexto de mayor seguridad jurídica para favorecer la empleabilidad y posterior contratación de los jóvenes por esta vía. El objetivo sería evitar prácticas tan comunes como que se les asimile como trabajadores autónomos a efectos de la Seguridad Social.
Ejercicio de responsabilidad
Al acto de presentación del informe acudió, ayer, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien defendió que la reforma laboral está dando sus frutos y que es responsabilidad de todos aplicarse a fondo ante los datos de desempleo juvenil. Báñez hizo hincapié, además, en que el Gobierno valora el ejercicio de "responsabilidad" de CEOE-Cepyme y de CCOO y UGT para firmar un pacto que impida que miles de convenios colectivos denunciados decaigan el próximo 8 de julio. Entonces concluirá el límite de un año fijado por el Gobierno para la prórroga automática de los convenios colectivos o ultraactividad. La ministra recalcó que de esta forma los agentes sociales cumplen con el compromiso adquirido con el presidente Rajoy, en la reunión de la pasada semana en La Moncloa.
jueves, 23 de mayo de 2013
El pacto está pendiente de la ratificación por parte de la dirección de los agentes sociales.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Los convenios sin renovar y sin acuerdo acabarán en arbitraje
La amenaza se aleja. Sindicatos y empresarios han pactado una solución para que los convenios no renovados continúen en vigor mientras se negocia para firmar uno nuevo, al menos siempre que haya posibilidades de acuerdo, y con un plazo definido previamente. Si una de las partes cree que el diálogo está roto, podrá recurrir a los mecanismos de mediación y arbitraje. La rúbrica del pacto se hará hoy. Con él, se esfuma la espada de Damocles que pendía sobre centenares de miles de trabajadores que se enfrentaban a la tesitura de perder el próximo 7 de julio el convenio que regula sus condiciones laborales (salarios, horarios, jornada anual, código disciplinario).
La reforma laboral supuso un cambio sustancial en la negociación colectiva en varios puntos. Uno de ellos fue el que puso fin a la prórroga indefinida con la que contaban los convenios en tanto no se firmaba uno nuevo, la redujo a 12 meses. El texto definitivo que se publicó el 7 de julio de 2012 daba un plazo de un año para renovar los convenios que ya habían caducado. Si transcurrido ese periodo, el 8 de julio de este año, no se ha firmado uno nuevo, el marco al que tendrán que sujetarse trabajadores y empresarios será el convenio de ámbito superior (el del sector; y si no lo hay, el Estatuto de los Trabajadores).
Para evitar el problema, que puede suponer un deterioro muy importante de las condiciones laborales, ambas partes comenzaron a buscar una salida el pasado abril. Los sindicatos reclamaron la extensión de la prórroga de forma automática durante otro año. Pero esta posibilidad fue rechazada por la patronal, que no quería oír hablar de plazos concretos. Al final el martes se alcanzó un acuerdo.
El pacto ponía fin a un mes y medio de negociaciones que se plasmaban en un texto de cuatro páginas y ocho puntos. En el sexto punto, llega la recomendación más significativa para los cuadros de las organizaciones sociales que están en las mesas de negociación: “Deberán comprometerse a seguir el proceso de negociación, garantizando durante la duración mutuamente acordada de dicho proceso el mantenimiento del convenio vencido”. La misma cláusula se completa dejando en manos de cada una de las partes la posibilidad de “decidir que la negociación está agotada” y solicitar una mediación o un arbitraje que resuelva el conflicto.
El siguiente punto del documento, al que ha tenido acceso este diario, apremia a los negociadores de los convenios que llevan dos años vencidos a “acudir de manera urgente a la mediación o el arbitraje” si el 8 de julio de 2013 no han llegado a un acuerdo.
En la introducción del texto, los agentes sociales dejan claro que en los convenios en los que se contempla la prórroga indefinida después de su finalización o plazos superiores al marcado legalmente, estas cláusulas no están anuladas por la reforma laboral.
El preacuerdo alcanzado el martes ha sido aprobado por los órganos de dirección de los agentes sociales y se firmará hoy por la tarde. En principio, lo rubricarán los negociadores de sindicatos —Ramón Górriz, CC OO, y Toni Ferrer, UGT— y patronal —José de la Cavada, CEOE, y Teresa Díaz de Terán, Cepyme—. El texto pasará a formar parte del pacto salarial que firmaron a comienzos de 2012 los agentes sociales.
Hay que tener en cuenta que el documento no aleja de forma definitiva la posibilidad de que haya convenios que dejen de aplicarse inmediatamente el 8 de julio. El contenido del pacto, en realidad, es un compromiso que las centrales y las patronales tratarán de aplicar en las diferentes conversaciones que hay en marcha. Pero esto no supone que se vaya a aplicar automáticamente, esa decisión corresponde a los quienes negocian en las empresas y los diferentes sectores, que tienen autonomía para seguir el consejo o no. Una prueba de esto es que para hoy en Cataluña hay convocada una huelga en bastantes sectores de actividad privada que este miércoles no fue desconvocada pese al acuerdo alcanzado en la víspera.
Conocer el número de trabajadores que podrían ver cómo sus condiciones laborales empeoran el próximo 8 de julio, no es fácil. Los sindicatos defienden que puede afectar a unos 2,5 millones; mientras que CEOE reduce el número a 1,5 millones. Para acabar con la discrepancia, ambas partes han reclamado conjuntamente —y vuelven a hacerlo en el texto— “información sobre los convenios y trabajadores afectados”. No obstante, no parece fácil que obtengan una respuesta rápida y precisa. Los datos sobre negociación colectiva en España adolecen de parcialidad y son manifiestamente mejorables, como han admitido reiteradamente los responsables del Ministerio de Empleo, tanto de este Gobierno como de los anteriores.
A pesar del acuerdo sobre contenidos, no parece que las dos partes den la misma relevancia al mismo. Mientras los sindicatos ayer eran partidarios de organizar un acto público con la firma del documento; la patronal prefería no dar más relevancia al hecho y habla de “compromiso operativo” para incorporar a los acuerdos de negociación colectiva ya existentes.
1ª SENTENCIA ESTIMATORIA, EN LA QUE SE RECONOCE A LOS TRABAJADORES/SOCIOS AFILIADOS AL CATT, EL ABONO DE 79,05€ MENSUALES DESDE EL MES DE ABRIL DE 2012, FECHA EN QUE LA EMPRESA DEJO DE ABONARLOS.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
El CATT, ha sido el único sindicato que ha denunciado el NO ABONO por parte de la empresa de los 79,05€ desde el mes de abril de 2012 y esta sentencia, da una vez más la RAZÓN a los afiliados al CATT.
miércoles, 22 de mayo de 2013
2ª SENTENCIA, EN LA QUE SE RECONOCE A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL CATT, EL ABONO DE 480€ DEL INCENTIVO ECONÓMICO DEL AÑO 2011 + EL 10% DE INTERÉS ANUAL.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
El CATT, ha sido el único sindicato que ha denunciado el NO ABONO por parte de la empresa del Incentivo Económico Individual art. 32º-B Convenio Colectivo (2009/2010/2011), y esta 2ª sentencia, da una vez más la RAZÓN a los afiliados al CATT.
La empresa del Cabildo, Ferrocariles de Gran Canaria, licita la redacción de ambos proyectos por cerca de un millón de euros.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Las estaciones de tren de Telde y Jinámar estarán perfiladas en 2014
La empresa insular,Ferrocarriles de Gran Canaria SA, ha licitado por un presupuesto inicial de 968.134,02 euros el concurso para adjudicar el contrato de servicios responsable de redactar los Proyectos Constructivos de las estaciones de Jinámar y Telde, pertenecientes a la Línea Ferroviaria que conectará Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas.
Para ambas estaciones, el tiempo que tendrá el adjudicatario para culminar los trabajos será de 15 meses, una vez adjudicado, y si el plazo para presentar ofertas termina este 18 de junio, previsiblemente, ambas instalaciones podrían quedar definidas en el segundo semestre del año 2014.
El contrato, sacado a concurso el pasado 9 de mayo, consta de un pliego de condiciones técnicas particulares que desgrana en sus pormenorizadas 246 páginas (y planos) los detalles de la propuesta base de las futuras estaciones. Así, la Estación de Jinámar, a la que corresponderán 427.725,66 euros de la partida económica licitada, se prevé construir en falso túnel, por lo que al tratarse de una estación soterrada, su afección al viario es «prácticamente nula», indica el pliego donde se expone el proyecto básico sque define sus andenes.
Según el Estudio de Demanda de la línea de noviembre de 2011, el flujo estimado de viajeros para esta estación rondará los 5.885 viajeros/día en el año 2018 y los 8.304 viajeros/día en 2028. Su presupuesto total estimado, contando la ejecución, es de 14.529.093,34 euros, cifra el documento.
Por lo que respecta a la Estación de Telde, cuyo proyecto constructivo costará 540.408,35 euros, está planificada sobre terrenos de cultivoque ya han sido parcialmente calificados como urbanizables por el planeamiento municipal, indica el pliego técnico. De acuerdo al planeamiento vigente está previsto que la ciudad se desarrolle y crezca por esta zona, con lo que la estación quedaría integrada en la trama urbana, apunta. El mismo estudio de demanda del año 2011 calcula que transiten por esta instalación 17.555 viajeros/día en 2018 y 24.970 viajeros/día en 2028. Su coste total asciende a 17.291.678,34 euros.
Técnicamente, el objeto de los contratos es «la prestación de servicios de consultoría para la redacción de los Proyectos Constructivos de las Estaciones ferroviarias de Jinámar y Telde» de la citada línea ferroviaria. Infraestructuras contempladas en el Plan Territorial Especial de Ordenación del Corredor de Transporte Público con Infraestructura Propia y Modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21), aprobado definitivamente el 16 de junio de 2010.
Cabe recordar que el Plan Territorial ha diseñado 11 estaciones desde la capital grancanaria hasta Maspalomas. La línea ferroviaria proyectada arranca en Santa Catalina, con paradas en San Telmo, en los hospitales y Jinámar. A continuación, sale de la capital y se dirige hacia la estación de Telde donde también para en el Aeropuerto de Gran Canaria, para continuar por El Carrizal (Ingenio); Arinaga (Agüimes); Vecindario (Santa Lucía de Tirajana); El Veril-Playa del Inglés y Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, localidad fin de trayecto.
1ª COMPARECENCIA CELEBRADA HOY EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº5, EN EL QUE LA EMPRESA PRESENTA EL DOCUMENTO SUSCRITO POR CCOO, UGT e IC, PARA INTENTAR RETRASAR EN EL TIEMPO EL COBRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL IPC+ATRASOS.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Tal y como les habíamos anunciado hace unos días, la empresa en este acto hace valer el documento suscrito por la propia empresa, CCOO, UGT e Intersindical Canaria, presentándolo en este juzgado, para intentar retrasar aún más en el tiempo las deudas contraídas con los trabajadores.
Documento suscrito por CCOO, UGT e IC:
.jpg)
.jpg)
Asimismo la abogada del CATT, se ratifica en la contrapropuesta presentada el día 19/04/2013, rechazando el acuerdo suscrito por CCOO, UGT, IC y la propia empresa:
Por lo tanto será el juzgado el que tiene la última palabra, y mediante DECRETO resolverá el plan de pagos.
INTERSINDICAL CANARIA (IC) advierte que "congelará" sus relaciones con los dos sindicatos mayoritarios.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
"CC.OO. Y UGT SE HAN SUMADO A LA CORRIENTE CONSERVADORA DEL PP"
CANARIAS SEMANAL
Intersindical Canaria ha hecho pública su intención de "volver a congelar" sus relaciones con Comisiones Obreras y UGT, si estas dos centrales mantienen su propuesta de subida de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Para el sindicato nacionalista, la propuesta avanzada este lunes por CC.OO. y UGT de una subida de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores "es desde todo punto de vista inadmisible". "Resulta absolutamente incongruente - afirman desde IC - con lo expresado por la clase trabajadora canaria en las movilizaciones y en las dos últimas huelgas generales en las que se dijo claramente que los costos de esta crisis, generada por los especuladores financieros en los mercados, de ninguna manera pueden ser pagados por la clase trabajadora y menos bajo el chantaje de condicionar sus futuras pensiones a recortes como este".
En este sentido, IC ha insistido en que "el despilfarro conjunto de los capitalistas financieros y un gobierno que juega irresponsablemente con la "hucha de las pensiones, invirtiendo sus recursos en la compra de deuda soberana no puede ser corregido cargándole un solo céntimo más a lo que cotizan los trabajadores y las trabajadoras".
"Lo que plantean hoy Comisiones y UGT - sostienen desde Intersindical Canaria- implica que, dejando de lado los intereses de los trabajadores y trabajadoras, se suman a la corriente conservadora del PP, que aplica mayores recortes a las familias trabajadoras como si los realizados ya no fueran una desvergüenza".
IC ha expresado, por tanto, su total oposición a esta propuesta "por su carácter regresivo y contrario a la mayoría social en Canarias, así como a cualquier pacto que implique mayores retrocesos en derechos". "Dudamos -afirman - que haya sido mínimamente consultada por los burócratas sindicales Toxo y Méndez con sus bases, menos aún en Canarias donde el salario medio es 15,3% inferior a la media del estado y no aguanta de ninguna manera mayores descuentos”.
"El camino -sostienen desde este sindicato - no es intentar concertaciones y turbios acuerdos para empeorar la situación límite que vive la clase trabajadora, sino la insumisión frente a la dictadura de los mercados con la negativa al abono de lo que resta de deuda pública y el rechazo al pago de los esclavizadores intereses con los que se flagelan a los trabajadores y a toda la sociedad, especialmente a la nación canaria por sus paupérrimos indicadores sociales".
De esta forma, la última iniciativa de CC.OO. y UGT ha venido a profundizar la fractura entre estas organizaciones e Intersindical Canaria, después de que ésta última se integrase - junto con el resto de los llamados sindicatos "alternativos" del Archipiélago - en un proceso de unidad sindical junto a las centrales mayoritarias, que ha tenido como principales hitos la celebración conjunta de la Huelga General y el 1º de Mayo.
|
martes, 21 de mayo de 2013
Nuevo Mínimo Histórico, el Euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha cedido dos milésimas, con lo que encadena...
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
El euríbor cae dos milésimas y coloca su tasa diaria al 0,475%
EL ECONOMISTA
El euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha cedido dos milésimas, con lo que encadena cuatro descensos consecutivos y ahonda en su mínimo histórico en tasa diaria, hasta el 0,475%.
Este descenso se produce después de que la semana pasada se diera a conocer que la zona euro se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año. A falta de nueve días hábiles, el índice marca en mayo una tasa provisional del 0,49%, lo que supondría una reducción de 0,776 puntos respecto al nivel de hace un año.
Así pues, a las hipotecas medias de 120.000 euros a 20 años a las que les toque revisión, la rebaja del euríbor les supondría un abaratamiento de casi 43,79 euros al mes y de unos 525,48 euros anuales.
LEY DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA - El juez impondrá en las sentencias las costas y la cuantía en las tablas de los letrados.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
El Gobierno fijará las costas por abogado y procurador por ley
ECOLEY
El Gobierno determinará mediante unas tablas los gastos de abogado y procurador que pagarán en concepto de costas judiciales quienes pierdan un litigio contencioso-administrativo sin que se tenga en cuenta los acuerdos establecidos entre el cliente y letrado.
Estas tablas, a modo de aranceles, se regulan en el borrador de anteproyecto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa elaborado por la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, que aún deberá pasar el tamiz del Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria.
Establece la futura regulación en su Disposición Adicional Primera, que "se atribuye al Gobierno la facultad de fijar la cuantía de las costas procesales en lo que se refiere a los gastos de asistencia letrada y representación procesal de la parte vencedora, entendiendo que se trata de una compensación a tanto alzado, cuya cuantía se fija de forma objetiva y normativa con total independencia de los pactos que alcancen los abogados y clientes, sujetos a la libre competencia".
Estas compensaciones "objetivadas y estandarizadas" por la defensa letrada y la representación técnica preceptivas -añade la futura norma- se fijarán, previo informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), atendiendo a la retribución razonable de un profesional medio, lo cual exigirá al Ministerio de Justicia llevar a cabo los estudios de mercado correspondientes para establecer los diferentes niveles de cobro.
Desglose en la sentencia
Una vez aprobadas las tablas o estándares compensatorios, el juez o el tribunal, en la sentencia que pone fin al proceso, no sólo impondrá las costas sino que fijará su cuantía por los conceptos de defensa letrada y representación técnica conforme a las mencionadas tablas o baremos, con lo que el legislador espera evitar a la controversia en el posterior procedimiento de tasación. Los demás conceptos que integran la totalidad de las costas judiciales seguirán inalterables, tal y como se estipulan en la actualidad.
El informe de la Comisión de Codificación que acompaña a la propuesta considera que la determinación de las costas podía tener sentido cuando se reconocía a los colegios de abogados la facultad de establecer honorarios orientativos, pero entiende que ahora, con un régimen de libre mercado, basado en la libertad de pactos, los honorarios orientativos no reflejan necesariamente el mercado.
"De hecho -razona el informe- la Agencia Tributaria viene sosteniendo, desde el año 2005, que la naturaleza de las costas es la de una indemnización de la parte vencedora a la perdedora del pleito, puesto que no hay contraprestación alguna de bienes o servicios. De ahí que no devengue IVA ni sea objeto de retención, independientemente de que cada abogado o procurador expida a sus clientes la factura correspondiente por sus servicios".
La Comisión de Codificación rechaza que las costas procesales puedan consistir en una reparación íntegra de los honorarios profesionales, ya que éstos se determinan libremente por el pacto entre el abogado y procurador y su cliente.
Por ello, desestima que una indemnización integral equivalga a asumir que la parte perdedora, cuando es la Administración, tenga que asumir el coste derivado de la elección de un profesional, cuyos honorarios pueden ser muy superiores a la media del mercado. Y cuando la parte vencedora sea la Administración, deba calcularse el costo de defensa, como si el ente público no se sirviera de un letrado externo a la Administración.
La “Ley de Racionalización” de Montoro dejará sin competencias a 5.586 municipios
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
EL GOBIERNO RECORTARÁ 900 MILLONES DE EUROS EN SUELDOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS
CANARIAS SEMANAL
“Se trata de la norma más discutida de todas las que llevamos", reconocía el secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta, refiriéndose a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y no es para menos. La ley que el ministro Montoro presenta este mismo martes a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) amenaza con provocar un auténtico descalabro en miles de municipios del Estado español. La entrada en vigor de la reestructuración, que el Ministerio calcula para el 1 de enero de 2014, quitará a los municipios considerados "ineficientes" con menos de 20.000 habitantes la capacidad de gestionar servicios.
El ministerio tiene ya una vara para establecer las localidades que serán incluidas en esta categoría y aquellos que no cumplan con sus criterios se quedarán sin la mayor parte de sus funciones. Este baremo se calcula con el coste medio de los servicios en los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes (445,44 euros) y el de los municipios pequeños (1.219,98), y la diferencia entre ellos, a la que han aplicado algunas correcciones como por ejemplo la de densidad o dispersión de la población.
Los ayuntamientos que hasta abril de 2014 no se ajusten a los "estándares de eficiencia"impuestos por el Ejecutivo central, unos 5.586 según los cálculos del propio gobierno, deberán ceder automáticamente sus competencias en la gestión de servicios obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas en los de menos de 5.000 habitantes. A estos se les suman parques públicos, bibliotecas, mercados y tratamiento de residuos en las de más de 5.000 y hasta 20.000. Si el consistorio es incluido en esta lista también deberá dejar de brindar automáticamente servicios como los relacionados con la asistencia social. Los municipios de más de 20.000 habitantes no estarán obligados a renunciar a ellos, pero podrán hacerlo voluntariamente.
Literalmente, estos municipios serán “vaciados” de sus funciones, quedando como meros interlocutores políticos para las diputaciones. Éstas serán las que asuman sus competencias y las que reciban los fondos para financiar los servicios y parte de los recursos humanos, aunque no se sabe en qué medida serán provistas de los recursos necesarios para hacerlo.
UN NUEVO AJUSTE DE 8.000 MILLONES DE EUROS
Y es que aunque el Ministerio haya tratado de presentar la Ley como un mero instrumento para la gestión más “eficiente” de los fondos públicos, lo cierto es que la misma supondrá otro “ajuste” presupuestario con el que Montoro planea ahorrar alrededor de 8.000 millones de euros. Junto a los ciudadanos de los municipios afectados, los damnificados por el “recorte” serán, una vez más, los empleados públicos. En la Ley de Presupuestos se establecerán rangos salariales, estableciendo horquillas con retribuciones mínimas y máximas. Esto se traducirá en una reducción salarial de casi 900 millones de euros que sufrirán los trabajadores de todas las corporaciones locales y las diputaciones provinciales.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local dejará a algunos de los ayuntamientos afectados sin ninguna financiación, “si no tienen una gestión eficiente” – según ha reconocido el propio secretario de Estado de Administraciones Locales, Antonio Beteta.
Aquellos que aspiren a recuperar sus funciones tendrán que presentar “un plan de viabilidad que garantice una adecuada gestión”. Aunque para ello tendrá que transcurrir cinco largos años. "Establecimos ese plazo – aseguró Beteta - para huir de los ciclos políticos".
El Tribunal de Justicia (TSJ) de Canarias, en un auto del pasado 30 de abril, ha declarado que los trabajadores están totalmente exentos del pago de las tasas judiciales cuando interpongan recursos de suplicación y... DEFIENDEN SU EXENCIÓN TOTAL
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Los jueces 'libran' al trabajador de abonar las tasas judiciales
ECOLEY
El Tribunal de Justicia (TSJ) de Canarias, en un auto del pasado 30 de abril, ha declarado que los trabajadores están totalmente exentos del pago de las tasas judiciales cuando interpongan recursos de suplicación y casación en defensa de sus derechos laborales.
La resolución, dictada bajo la ponencia de la magistrada Muñoz Hurtado, exime así a quienes recurran el despido decretado por su empresa de abonar el gravamen judicial implantado recientemente por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que despertó el rechazo de todos los sectores jurídicos y de los ciudadanos.
El problema radica en que la redacción de la Ley 10/2012 o Ley de Tasas, que extendió el pago de las tasas judiciales a las personas físicas y a órdenes jurisdiccionales como el social, hasta entonces exentos,no es clara en relación a la posible sujeción o no al pago de las mismas en caso de interposición por los trabajadores de los recursos de suplicación y casación.
En concreto, el artículo 4.3 de la Ley determina únicamente una exención parcial del 60 por ciento para los trabajadores en el orden social. Una reducción que viene, sin embargo, modulada por el precepto inmediatamente anterior, el artículo 4.3 que considera exentas del pago de las tasas a las personas que tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Y, de momento, la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, reconoce en su artículo 2.d este derecho a los trabajadores por cuenta ajena y beneficiarios de la Seguridad Social. Así, mientras un precepto establece la exención parcial, el otro fija la exención total.
Entiende Muñoz Hurtado, no obstante, que debe prevalecer el derecho de asistencia jurídica gratuita para los trabajadores "que se extiende a todas las fases del proceso, incluidos los recursos de casación y súplica". Además, el fallo reprocha que la Ley de Tasas "compromete el derecho de los trabajadores a acudir a los tribunales" y asegura que "en el contexto actual de crisis, precarización de empleo, masiva pérdida de puestos de trabajo y reducción de umbrales de renta de los trabajadores, constituyen factores determinantes de que la exigencia de la tasa, más que cumplir la finalidad a la que está destinada, puede convertirse en un verdadero obstáculo para recurrir.
En la línea del País Vasco
Ya a principios de año, el TSJ del País Vasco, en dos autos -con fecha de 19 de febrero y 19 de marzo-, puso el acento en la contradicción entre estos dos preceptos, haciendo prevalecer la exención total. El Tribunal entendió que la expresión En todo caso, que contiene el artículo 4.2 a) "es la propia norma la que establece un criterio de prioridad a favor de la exención total".
Entendió entonces el TSJ que la remisión al artículo 4.2 a) de la Ley de Tasas "es muy nítida". De ahí, que resuelva a favor de la exención total del abono de las tasas, "manteniendo así la coherencia del sistema y evitando el contrasentido de nuestro legislador". Unos argumentos, precisamente, que ahora reproduce el TSJ de Canarias.
300 políticos y cien financieros imputados.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Los jueces, contra el sistema: ya hay 300 políticos y cien financieros imputados
La regeneración de España pasa por los tribunales. Y los jueces, conscientes del papel que parece haberles encomendado la historia, se han lanzado a perseguir la corrupción de la clase política y financiera con una sensibilidad que no habían mostrado hasta ahora. Como decía ayer en su artículo José Antonio Zarzalejos, España se parece cada vez más a la Italia de los 90, donde “los jueces marcan la agenda pública y emergen como poder de referencia”.
Su labor se está traduciendo en dictámenes ejemplarizantes contra líderes públicos y económicos, y arroja ya un saldo de 300 cargos electos imputados y otro centenar de financieros en la misma situación procesal. En ningún otro momento de la democracia, ni siquiera en los estertores del felipismo, se habían alcanzado estos registros.
Los hechos enjuiciados son tan recientes que la mayoría de los procesos aún se encuentra en una fase preliminar. Pero por el camino, los magistrados están dejando destellos de una nueva contundencia contra los líderes políticos y económicos que está desconcertando a la cúpula del sistema y está marcando la agenda nacional.
El juez de Instrucción que el pasado jueves envió a la cárcel al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa al apreciar indicios de administración desleal, delito societario y falsedad documental en la compra del City National Bank of Florida, incluyó en el auto de prisión provisional que, de la ampliación de un crédito concedido por la caja de ahorros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, “no se dio cuenta ni tan siquiera (!!!) al BANCO DE ESPAÑA”. La triple exclamación es literal. Pero el juez,Elpidio José Silva, fue más allá. “Aquí la tormenta perfecta no dependió de constantes climatológicas, sino del propio proceder directo del imputado Miguel Blesa”, apuntó el juez. Y se superó renglones después asegurando que “en medio de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar; ni, ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando el sol”, una licencia literaria innecesaria.
La semana pasada, el juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano aprovechó un recurso que planteó la defensa del exministro socialista José Blanco -imputado en el caso Campeón- sobre dos cuestiones formales del procedimiento para asegurar que “en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado [Blanco] en alguna medida se la debía a su amigo Orozco”, un empresario implicado en la misma causa. La afirmación, que no afectaba al recurso que se estaba dirimiendo, complica sustancialmente la situación procesal del ex dirigente socialista.
Y también esa semana, un juez de Madrid rechazó que el escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno,Soraya Sáenz de Santamaría, pudiera ser considerado constitutivo de delito, al encuadrar los acontecimientos dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión. Días antes, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ,Gonzalo Moliner, también había opinado que las protestas en los domicilios de los políticos “son un ejemplo de libertad de expresión”. Ambas consideraciones han generado sorpresa y estupor en el Partido Popular, que no esperaba que la Justicia avalara este tipo de protesta.
Distanciamiento entre políticos y jueces
Ninguna de estas manifestaciones prueba una animadversión generalizada de los jueces hacia los políticos. Pero el distanciamiento que se ha producido entre las esferas política y judicial es evidente. Y parece que la principal consecuencia de esta incipiente enemistad es que el manto de impunidad que recubría hasta ahora a las élites nacionales está quedando hecho jirones por el mazo de los magistrados.
En ámbitos cercanos al Gobierno se considera que, en algunas de estas actuaciones, los jueces están sobrepasando incluso los límites de la prudencia que se les presupone. Hay voces que llegan a apreciar un ensañamiento discrecional de los magistrados contra los dirigentes públicos. Ninguno de estos dirigentes quiere aparecer públicamente cargando contra las decisiones de los tribunales, pero en privado, existe la sensación de que los jueces están aprovechando la coyuntura para ajustar cuentas con los partidos políticos.
Desde estos círculos próximos al Ejecutivo también se apunta que la agresividad del Poder Judicial está motivada en gran parte por las decisiones que ha tomado el Ejecutivo de Mariano Rajoy para recortar el gasto público. Los recortes se han traducido en una reducción de salarios de los jueces y en la pérdida de personal y recursos materiales a su disposición. En el caso de la Audiencia Nacional, los reajustes presupuestarios se han traducido en medidas tan controvertidas como la pérdida de escoltas de los magistrados.
Además, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha tomado decisiones desde su llegada al Gobierno que han sublevado al sistema judicial. Por un lado, la ley de tasas ha generado un enorme malestar entre las asociaciones de magistrados. Un juez de Tarragona ha llevado la norma ante el Tribunal Constitucional al considerar que podría vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva al dejar fuera del sistema a los ciudadanos sin recursos. El magistrado ha encontrado el apoyo de sus compañeros.
La otra iniciativa que está generando controversia en la carrera es la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La norma que regulará el nuevo método de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces aún está en el Senado, pero el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia ya ha sido duramente criticado por un amplio sector de la carrera judicial. Los magistrados consideran que, con el cambio, el Ejecutivo acabará con la independencia del CGPJ.
Las fuentes consultadas por este diario no dudan de que el malestar provocado por estas dos apuestas del Gobierno está reflejándose en el espacio que el ordenamiento concede a los magistrados para que interpreten subjetivamente el encaje de los hechos probados en la legalidad.
El enfrentamiento se produce además en una atmósfera social que ha convertido la corrupción y la clase política en dos de las tres mayores inquietudes de los ciudadanos. Sólo el desempleo preocupa más a los españoles. Las personas contactadas denuncian que, aprovechando el contexto, los jueces están apostando por ponerse a la cabeza del sentir mayoritario.
En la ecuación, los banqueros son los colaboradores necesarios del proceso de derrumbe de España. La gran mayoría de los imputados del sector financiero están acusados de delitos cometidos en cajas de ahorro, adonde llegaron gracias a decisiones de los partidos políticos. La Audiencia Nacional instruye en la actualidad investigaciones sobre la gestión de Bankia y Banca Cívica, y estudia la admisión a trámite de una querella contra Caja Madrid. Además, en otros juzgados ordinarios hay procedimientos abiertos que afectan a la Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Novagalicia y Caixa Penedés, entre otras. También otro juzgado de instrucción ordinario ha sido el que ha enviado a prisión a Blesa por su gestión al frente de Caja Madrid.
Las asociaciones de magistrados desmienten que, tras sus resoluciones, haya un ánimo de venganza. “No hay animadversión ni ideología porque eso sería prevaricar”, subraya José Luis González Armengol, portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y juez Decano de Madrid. “No se puede decir que las resoluciones de los jueces son un ataque directo a los políticos. No es cierto. Lo que pasa es que en estos momentos se están reproduciendo muchos hechos similares que están llegado a los tribunales”, apunta González Armengol.
En su opinión, “la mayor exigencia de los ciudadanos contra este fenómeno provoca que se estén presentando muchas más denuncias que antes”. Además, el juez considera que “la acumulación de procesos ha hecho que los jueces tengan más experiencia en este tipo de delitos tan complejos y que sean capaces de llegar mucho más lejos y hacer lecturas más profundas de los hechos que se han cometido”. “Puede que las resoluciones parezcan más duras, pero sólo es por estos motivos”, remacha el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Jueces para la Democracia, otra de las grandes asociaciones de magistrados, suscribe las mismas consideraciones. Su portavoz, Joaquim Bosch, insiste en que “lo único que están haciendo todos los jueces es aplicar el ordenamiento legal”. “Es cierto que están llegando a los tribunales muchos casos que pueden resultar llamativos, pero esto no tiene nada que ver con el enfado que puedan sentir los jueces ante algunas de las decisiones que ha tomado el Gobierno”, termina Bosch, que rechaza por completo que haya intencionalidad en los dictámenes.
Con todo, el debate se prolongará al menos durante los próximos años porque la Justicia tiene materia para continuar actuando. Serán los ciudadanos los que decidan si el Poder Judicial se está excediendo o si, por el contrario, se encuentra inmerso en la misión de regenerar España.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
