POR LA DEFENSA DEL EMPLEO Y LOS DERECHOS SOCIALES
En este 1º de mayo, las organizaciones sindicales firmantes de este manifiesto, consideramos que el mundo se enfrenta a una crisis social global que afecta a todos los pueblos. Una crisis capitalista internacional a múltiples niveles: ecológico, financiero, industrial, alimentario, migratorio; una crisis, en definitiva, de un modelo agotado basado en la explotación, la ultra competencia, la acumulación frenética de riqueza en manos de unos pocos, el agotamiento de los recursos, la desigualdad entre los ciudadanos y los pueblos, la promoción del interés de unos pocos en detrimento del colectivo, arruinando a países enteros, y de manera dramática, al continente africano.
Esta crisis es consecuencia de la propia irracionalidad global del capitalismo –salvaje, depredador, especulativo- que, teniendo como único principio la generación y el acopio de beneficios, desprecia a los individuos, conduce a los trabajadores al despido y al desfalco de sus derechos, rebaja la protección social cebándose, muy especialmente, con los segmentos de la población más debilitados, como, mujeres, infancia y tercera edad.
Nos enfrentamos a una verdadera crisis sistémica y del modelo de desarrollo, una verdadera encrucijada civilizatoria y para hacer frente a esta crisis no se nos puede dar “más de lo mismo”, no podemos conformarnos con los discursos refundadores o reformadores del capitalismo que nos diseñan en el G20. No basta con inyectar liquidez en la economía, son necesarias alternativas anticapitalistas que nos ayuden a construir un nuevo modelo global más justo, sostenible, democrático, libre y solidario: hay que cambiar los principios básicos para que la economía mundial permita un reparto equitativo de la riqueza, un desarrollo para todos, equilibrio, estabilidad y prosperidad a largo plazo. La maquinaria financiera debe estar al servicio de un nuevo sistema económico, bajo control democrático. Es preciso reinventar el papel de los estados y de las instituciones y estructuras internacionales, un cambio en las relaciones comerciales internacionales y un nuevo paradigma de justicia en la interacción entre Norte y Sur y todo ello, desde la participación directa y real de los ciudadanos y de los pueblos.
El Estado español es especialmente vulnerable a los efectos de la crisis porque, aunque ha tenido un espectacular crecimiento económico en los últimos quince años, lo ha basado en la especulación inmobiliaria y financiera. Las consecuencias de esta huida hacia delante de las grandes constructoras con el aliento negligente de los diferentes gobiernos son, a día de hoy, casi cuatro millones de personas en el paro, más de un millón de ellas sin cobertura de desempleo y con pocas expectativas de reinserción laboral. Los representantes de la patronal a nivel del estado español pretenden aprovechar la crisis para recuperar sus tasas de beneficios haciendo uso de las viejas recetas desreguladoras del mercado laboral y de debilitamiento del sistema de protección social: contratos con veinte días de indemnización, reducción de cuotas a la Seguridad Social, ausencia de controles administrativos ante los despidos, congelación de salarios, etc.
Canarias, por la singularidad de su situación y configuración geográfica, la falta de materias primas y de tejido industrial y por su ultra-dependencia del turismo y del cemento, se encuentra en una situación de extrema gravedad y aún más expuesta a la crisis. Desde 2.008 la cifra de desempleados ha crecido por encima del 100% y ya se sitúa cercana a los 250.000. Todo augura que, de continuar en esta línea, la tasa de paro en Canarias superará el 30% de la población activa antes de finalizar 2.009 (uno de cada tres canarios habrá perdido su empleo). La patronal canaria, como en el resto del Estado, pretende hacer recaer sobre las espaldas de los trabajadores los ajustes que necesita para seguir obteniendo los mismos réditos, y pretende, además, mantener un Régimen Económico y Fiscal, una Reserva de Inversiones de Canarias, un Régimen Especial de Abastecimiento diseñados para asegurarle una fiscalidad en su propio y exclusivo beneficio, sin querer vincularlas al mantenimiento y a la creación de empleo estable y de calidad y a la necesaria diversificación de la economía canaria; mientras tanto, los canarios padecemos las pensiones y los salarios medios más bajos del Estado y una cobertura social insuficiente y en continuo deterioro. En este contexto nuestros gobernantes, esperando que la situación se la arreglen desde fuera, sólo están dando muestras de desconcierto, incapacidad y falta de liderazgo.
Asistimos, por tanto, a un momento histórico que constituye un verdadero reto para el movimiento sindical y social, porque este es el momento de poner los cimientos, ¡éste es nuestro momento! Es por ello que en Canarias, las organizaciones firmantes de este manifiesto estamos comprometidos a luchar por hacer posible estas reivindicaciones:
1º) Desde una perspectiva global:
Apostamos por una salida a la crisis que suponga otro modelo de relaciones sociales y económicas. Basado en la redistribución de la riqueza, en la protección del medio ambiente y en unas relaciones justas entre los países ricos y los países pobres; en la primacía de los valores que colocan al ser humano y sus necesidades más básicas en el centro del sistema y en el objeto de la economía. Es necesario construir un modelo de desarrollo que se contraponga al neoliberalismo, propiciando la participación social y el diálogo, fortaleciendo los empleos, los derechos de los trabajadores y los mercados internos. Necesitamos una intervención pública en la economía, construida desde una participación social y no desde el juego de los distintos grupos de presión empresarial.
Exigimos un orden internacional nuevo que asegure unos niveles dignos de bienestar a todas las personas del planeta, normas de comercio igualitario entre los países y multilateral. Ha llegado el momento de construir un sistema económico ecológicamente sostenible, socialmente equitativo y geopolíticamente equilibrado. Avanzar hacia ese nuevo orden requiere nuestra solidaridad con los pueblos que luchan por su soberanía y libertad, particularmente el saharaui y el palestino, y con los pueblos víctimas de guerras ilegales e injustas como el iraquí y la exigencia de soluciones pacíficas y urgentes a estos conflictos.
Exigimos de los gobiernos el cumplimiento de los derechos humanos y la defensa del derecho a la libre circulación de las personas; no debiendo criminalizar a las víctimas inocentes, de siglos de colonialismo y expolio y de los intereses ilegítimos de los gobiernos del llamado primer mundo. No a la reforma de la Ley de Extranjería.
Exigimos la defensa del Estado Social y de Derecho. Queremos una protección eficaz de las necesidades sociales de la población. El derecho universal y gratuito a la sanidad, a la educación, a la justicia, a la vivienda y a los servicios públicos de protección social.
2º) Desde la urgencia y desde una perspectiva local, reivindicamos:
No a los despidos. Ningún despido sin justificación objetiva. Ningún despido sin indemnización. No a los EREs preventivos que, sin control ni justificación, se generalizan usando la crisis como excusa.
No a las rebajas o congelación de salarios. No admitimos que, ahora, después de años de altos beneficios, quieran mantenerlos disminuyendo nuestro nivel de vida.
Ampliación y mejora de las prestaciones por desempleo. Prestaciones por tiempo indefinido para los parados de larga duración. Implantación de la Renta Básica de Ciudadanía.
Suspensión de cortes de luz, agua, teléfono, … a las familias en paro o en situación de exclusión social. Moratoria del pago de las hipotecas. Control de precios de los productos básicos.
Defensa de los servicios públicos: sanidad, educación, transportes, justicia, …, como servicios esenciales y universales. No a su deterioro, no a la privatización de su gestión. No a la mercantilización ni a la elitización de la Universidad.
Fomento del empleo público y potenciación de la propiedad pública de sectores clave de la economía: banca, energía, transporte, agua. Recuperación de empresas privatizadas.
Por el uso inmediato de la RIC para la creación de empleo y para la necesaria diversificación de la economía canaria.
Freno inmediato a los grandes proyectos desarrollistas. Que la inversión destinada a los mismos sea ahora utilizada para asegurar la reconstrucción social de Canarias, el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, el desarrollo de obras y medidas destinadas a mejorar, desde las necesidades más cercanas, la calidad de vida de los ciudadanos y la dotación de los barrios; la protección de nuestro patrimonio histórico-cultural, medioambiental. Que esa inversión, junto al acumulado de la RIC, y la reorientación del REA, sirvan también para replantear el modelo económico orientándolo hacia la consecución de la soberanía energética y alimentaria y al desarrollo del sector industrial, así como dotar a la sanidad y a la educación pública de los recursos necesarios para garantizar el servicio de calidad que el presente y el futuro de Canarias precisan.
Que nuestros impuestos y nuestro trabajo sirvan para garantizar el derecho a una vida y a un trabajo dignos; no para reflotar bancos. Que nuestro esfuerzo sea utilizado para construir una sociedad justa, igualitaria y participativa; no para salvaguardar los beneficios de los empresarios.
¡¡ OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRO CAPITALISMO NO !!
¡¡ Otra Canarias es Posible, Necesaria y Urgente !!
Canarias, a 1 de mayo de 2.009
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