viernes, 9 de enero de 2015
ESTRATEGIAS SOCIALES Y LABORALES DE LOS ESTADOS COMUNITARIOS
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
ECOLEY
La nueva Comisión Europea, presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker, desarrolla en la actualidad un importante paquete de medidas en favor del empleo, el crecimiento y la inversión, que va acompañado de un nuevo Plan de Inversiones destinado a movilizar más de 315.000 millones de euros en inversiones adicionales en campos estratégicos a lo largo de los próximos tres años.
Algunos países han emprendido reformas. Sin embargo, no se puede olvidar que alrededor del 20% de la población en edad de trabajar está muy poco cualificada y en algunos países -España e Italia- esta proporción es aún mayor. Sólo algunos países -Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia- cuentan con un alto porcentaje de personas muy cualificadas, mientras que la mayoría ni siquiera se aproxima a los países más avanzados de fuera de Europa -como Japón o Australia-.
Entre otras muchas medidas, España ha simplificado los modelos de contrato para las empresas, ha aclarado los procedimientos de despido colectivo, ha promovido el trabajo a tiempo parcial por medio de incentivos contributivos y una mayor flexibilidad en el uso de las horas complementarias, así como ayudas para la integración de los colectivos con mayores dificultades para acceder al empleo.
Los Estados miembros luchan para reforzar las políticas activas del mercado de trabajo y reformar la asistencia social o los sistemas de desempleo, al tiempo que introducen medidas destinadas a quienes están más expuestos al riesgo de pobreza.
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, España, Italia, Chipre, Letonia, Países Bajos, Austria y Eslovaquia están introduciendo o reforzando medidas de activación como parte de su política para abordar adecuadamente la pobreza de los adultos.
La capacidad de los Gobiernos para aumentar de manera significativa la tasa de empleo de las mujeres depende en gran medida de la disponibilidad de servicios de guardería asequibles y de calidad. Varios países vienen aplicando medidas o han asignado fondos adicionales para el cuidado de niños -Austria, Alemania, Irlanda, Malta y Polonia-, mientras que otros han adoptado medidas recientes para implementar nueva legislación o nuevos proyectos -Chequia y Eslovaquia-.
Reino Unido, España, Polonia, Alemania y Finlandia han adoptado medidas para flexibilizar las condiciones de trabajo o modificar la normativa sobre permiso parental. En Reino Unido, desde 2014, se ha ampliado a todos los empleados el derecho a solicitar un horario de trabajo flexible.
En algunos países se han emprendido iniciativas para reducir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres. En Austria, desde 2013, las empresas con más de 250 empleados están obligadas a presentar informes sobre igualdad salarial y, desde 2014, las de más de 150 empleados tienen la misma obligación.
Se han propuesto medidas fiscales en Italia y en Malta, por medio de una ampliación de los créditos fiscales a los progenitores que envíen a sus hijos a guarderías privadas -entre 1.300 y 2.000 euros-. En el Reino Unido, desde 2015, hay un sistema de cuidado infantil libre de impuestos para las familias que trabajen, que sustituirá al actual sistema de vales y cuidado de niños contratado directamente.
Varios Estados miembros han implantado mecanismos de fijación de salarios para promover la convergencia de la evolución de los salarios con la productividad. Otros Estados miembros han tratado de mejorar la renta disponible de los hogares prestando una atención especial a los salarios mínimos.
En Alemania, desde del 1 de enero de 2015, se generaliza un salario mínimo por hora de 8,50 euros, con un período transitorio que permita algunas excepciones hasta finales de 2016.
Estonia, Rumanía y Eslovaquia han aumentado el umbral inferior de su salario mínimo nacional para combatir la situación de pobreza de las personas con empleo, mientras que el Reino Unido ha endurecido las sanciones para los empresarios que no aplican los requisitos del salario mínimo nacional.
Se han adoptado algunas medidas para reducir la cuña fiscal de la mano de obra, en especial para las personas desfavorecidas, y estimular la demanda de mano de obra y el consumo. Italia ha reducido el IRPF para los perceptores de ingresos bajos en 2014 y ha aplicado una reducción permanente del 10% en el impuesto sobre actividades económicas regionales para los empleadores.
En este capítulo, España ha aprobado una reforma fiscal. Eslovaquia ha aumentado el umbral de ingresos que exime a los estudiantes del pago de las cotizaciones a la seguridad social, mientras que Estonia ha aumentado la desgravación del impuesto sobre la renta para 2015.
Por su parte, Francia ha puesto en marcha por primera vez un crédito fiscal para las empresas calculado sobre la masa salarial, completada para 2015 con una disminución de las cotizaciones a la seguridad social a cargo del empleador, y ha adoptado también medidas para reducir el impuesto sobre la renta de los salarios bajos y medianos.
Irlanda, España, Francia, Chipre, Letonia y Hungría, entre otros, han adoptado en los últimos años o ya han implementado -como Dinamarca o el Reino Unido- el retraso de la edad de jubilación tanto de hombres como de mujeres. En total, 25 de los 28 Estados miembros ya han legislado o tienen previsto legislar retrasos de la edad de jubilación. En muchos casos, este retraso va acompañado de una equiparación gradual de las edades de jubilación -Chequia, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido-. Otros países están vinculando la edad de jubilación al aumento de la longevidad.
Reino Unido y Portugal, tras un primer retraso de la edad de jubilación para compensar los primeros aumentos de la longevidad, han optado por introducir un nexo explícito entre la edad de jubilación y los futuros aumentos de la esperanza de vida. Sin embargo, varios Estados miembros todavía tienen serias reservas con respecto a esta idea.
Para hacer efectivo el retraso de la edad de jubilación, algunos Estados miembros han tomado medidas para restringir el acceso a la jubilación anticipada. Las principales medidas de reforma implican unas condiciones de elegibilidad más estrictas -retraso de la edad mínima, largo historial de cotizaciones y reducción del nivel de prestaciones- y una mayor atención a las medidas de activación -Bélgica, España, Croacia, Chipre, Portugal y Eslovenia-.
Algunos países también están restringiendo el acceso a vías alternativas generalizadas hacia la jubilación anticipada, como las prestaciones por desempleo de larga duración (por ejemplo, España) o las prestaciones de invalidez (por ejemplo, Dinamarca o Austria).
Se están abriendo vías para que las personas prolonguen su vida laboral y mejoren sus derechos de pensión retrasando la jubilación. En Francia, la edad a la que los empleadores privados pueden jubilar a un trabajador sin su consentimiento ha aumentado de 65 a 70 años. Muchos sistemas de pensiones incluyen incentivos para trabajar más allá de la edad de jubilación, como el aumento de las tasas de acumulación de la pensión o la bonificación de la pensión en caso de retraso de la edad de jubilación -Dinamarca, España, Francia y Finlandia, entre otros-.
Varios países están flexibilizando las normas para permitir combinar las prestaciones de jubilación con ingresos derivados del trabajo -Bélgica, España, los Países Bajos y Eslovenia-.
En Eslovenia, las enmiendas a la Ley sobre la prevención del trabajo y el empleo no declarados se han introducido un sistema de vales para el trabajo extrapersonal, han involucrado al servicio de aduanas en el control de las prácticas de trabajo ilegal y han aumentado las sanciones, especialmente en el caso de las chapuzas a domicilio.
En agosto de 2014, Croacia creó una Comisión para luchar contra el trabajo no declarado, encargada de evaluar las medidas existentes, hacer un seguimiento de su aplicación y proponer nuevas medidas o modificaciones necesarias.
Los incentivos a la contratación con destinatarios específicos y las ayudas a las empresas emergentes son algunos de los medios utilizados para promover la activación de los demandantes de empleo jóvenes en varios Estados miembros.
España ha adoptado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, como instrumento principal de coordinación, para operar un cambio en las políticas activas del mercado de trabajo y orientarlas a la consecución de resultados.
Holanda ha adoptado una bonificación fiscal para los empleadores que contraten a jóvenes beneficiarios de prestaciones por desempleo o asistencia social durante un período de hasta dos años, mientras que Polonia ha introducido exenciones de las cotizaciones a la seguridad social para los menores de 30 años.
En Portugal, Malta, Grecia, España y Chipre se han introducido o reforzado incentivos generales a la contratación. En España se ha creado un tipo de contribución social fijo para las empresas que contraten a nuevos trabajadores con contratos indefinidos, incluidos los contratos a tiempo parcial, durante un período de hasta dos años -tres para las pequeñas empresas-, así como asignaciones especiales para beneficiarios de la Garantía Juvenil con contratos indefinidos.
También en relación con la implementación de la Garantía Juvenil, varios Estados miembros han seguido con la reforma de los servicios públicos de empleo para mejorar el nivel de la prestación y la coordinación entre los distintos niveles regionales.
En su estrategia de activación global para 2014-2016, España ha elaborado un catálogo común de servicios de empleo con un conjunto de medidas homogéneas para ser aplicadas en todas las comunidades autónomas para garantizar los mismos derechos de acceso a los demandantes de empleo, un tratamiento individualizado, eficiencia, transparencia, orientación a los resultados e integración entre los distintos niveles de la Administración.
Finlandia ampliará la obligación de aceptar las ofertas de empleo procedentes de los centros de servicio municipales del mercado de trabajo hasta tres horas de desplazamiento diarias y mejorará los planes de empleo de los parados de larga duración, ofreciéndoles medidas activas desde los tres meses en situación de desempleo.
Los planes para incentivar a las empresas emergentes se han generalizado por toda Europa. Hasta nueve Estados miembros -Malta, Croacia, España, Lituania, Grecia, Polonia, Francia, Portugal e Irlanda- hayan introducido incentivos de ayuda a desempleados para iniciar una actividad empresarial.
Los Estados han introducido medidas destinadas a mejorar la oferta de cualificaciones y el aprendizaje de adultos, medidas combinadas frecuentemente con la reforma de la formación profesional.
En Grecia, en el marco del memorando de entendimiento del programa de ajuste económico, se ha previsto una hoja de ruta sobre educación y formación profesionales destinada a aumentar la cantidad y la calidad de los contratos de aprendizaje y la impartición de formación profesional.
En Francia se ha promulgado una Ley para la reforma del sistema de formación profesional, que introduce una cuenta personal de formación y modifica la financiación de dicho sistema, con el fin de permitir una mayor adecuación, así como el acceso de los empleados y los demandantes de empleo a la formación profesional.
Un número bastante elevado de Estados han introducido medidas que facilitan la transición de los estudios al trabajo, lo que también contribuirá a establecer una Garantía Juvenil global.
En Francia, se ha decidido adoptar un programa para relanzar el sistema de aprendizaje. Este sistema estará más orientado a las carencias en materia de capacidades, incluye incentivos para los empresarios que contratan a aprendices y ofrece a los jóvenes la posibilidad de suscribir contratos de duración indefinida tras un período de aprendizaje. La reforma decretada entrará en vigor a partir de 2015. En Irlanda, la campaña Skills to Work ofrece a los demandantes de empleo información en línea sobre las opciones de educación, actualización de conocimientos o experiencia laboral disponibles para ellos en ámbitos que ofrecen oportunidades de empleo.
Las estadísticas muestran, sin lugar a dudas, que las mujeres superan a los hombres en educación y formación, pero siguen estando sobrerrepresentadas en campos de estudio que están vinculados a los roles tradicionales, como la sanidad y el bienestar o las humanidades y la enseñanza, mientras que en ámbitos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas siguen predominando los hombres.
La mayoría de los Estados miembros han adoptado medidas para mejorar sus sistemas educación y formación profesionales (EFP), a fin de reflejar mejor las necesidades del mercado de trabajo -Bélgica, Chequia, Dinamarca, Estonia, Irlanda, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal Rumanía, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido-. Estas medidas se encuentran, en general, vinculadas a sus programas de Garantía Juvenil y a los compromisos contraídos en el marco de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices.
Se han llevado a cabo reformas del sistema de educación superior en Austria, Alemania, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y el Reino Unido. Algunas reformas incluyen más ayuda financiera para los grupos con necesidades especiales -Austria, Alemania, Estonia, Luxemburgo y el Reino Unido-.
Varios Estados miembros de la UE han tomado también medidas para mejorar sus sistemas de educación primaria y secundaria -Austria, Estonia, Grecia, España, Hungría, Irlanda, Malta, Eslovaquia y el Reino Unido-, mientras que otros se han ocupado de toda su estrategia educativa -Croacia y Lituania-.
En respuesta a las presiones presupuestarias, los países están revisando los gastos sanitarios y buscando medios para mejorar la rentabilidad y lograr resultados eficaces, a la vez que se introducen mejores instrumentos para contener los costes. Bulgaria, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Chipre, Austria, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido se han comprometido a realizar o tienen en marcha reformas estructurales de sus sistemas sanitarios.
Los Estados miembros han introducido programas especiales de inclusión para las personas en situación de desventaja particular y para las personas sin hogar o afectadas por la exclusión de la vivienda.
No obstante, en general, la realidad es que sigue habiendo pocas medidas sistemáticas a nivel nacional entre los países que conforman la Comunidad Europera.
Algunos de ellos, como en el caso de Irlanda, Letonia y Finlandia, han adoptado medidas estratégicas sobre ayudas para la vivienda -y, principalmente sobre la situación de falta de vivienda-, mientras que otros -Chequia, Lituania, los Países Bajos y Eslovenia- están introduciendo políticas o legislación en materia de vivienda social. En el caso de los Gobiernos de España y Letonia, han adoptado medidas relacionadas con el mercado de la vivienda para aliviar la presión del endeudamiento de los hogares.
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