El multimillonario irlandés Declan James Ganley aportó la friolera de 3 millones de euros para que Albert Rivera le vendiera en el año 2008 su marca "Ciudadanos" a la operación electoral "Libertas", que tenía como objetivo poner en marcha un lobby antieuropeísta, integrado por organizaciones de extremaderecha y ultracatólicas, que contaban con el respaldo de los propietarios irlandeses de empresas contratistas militares de los Estados Unidos

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

ENTRE RIVERA E IGLESIAS ANDA EL JUEGO: "CIUDADANOS" FUE FINANCIADO EN EL 2009 POR LA INTELIGENCIA DE EEUU (VÍDEO)

CANARIAS SEMANAL

Según informó el diario digital "Público",  contratistas militares de los EEUU financiaron en el  2009,  la campaña electoral europea de la organización política "Ciudadanos". Según el citado digital, empresarios vinculados a los servicios de inteligencia de EEUU participaron en la financiación del partido de Albert Rivera, con la finalidad de tratar de convertir a "Ciudadanos" en la marca española de la organización ultraconservadora 'Libertas' para las elecciones europeas, cuya candidatura encabezó Miquel Durán, ex ejecutivo de la ONCE y actual abogado del número dos de Gürtel, Pablo Crespo, y muy vinculada a Bárcenas.

 

       De acuerdo con la información proporcionada por el autor del artículo, Joan Cantarero, el multimillonario irlandés  Declan James Ganley aportó la friolera de 3 millones de euros para que Albert Rivera le vendiera en el año 2008 su marca "Ciudadanos" a la operación electoral "Libertas", que tenía como objetivo poner en marcha un lobby antieuropeísta, integrado por organizaciones de extremaderecha y ultracatólicas, que contaban con el respaldo de los propietarios irlandeses de empresas contratistas militares de los Estados Unidos

        De acuerdo con la información aportada por Cantarero, el objetivo oculto de la "Operación Libertas" era acabar definitivamente con el Tratado de Lisboa, desde dentro de las mismas instituciones de la Unión Europea. Según el comentarista de "Público", aunque la operación de  Declan James Ganley fracasó aparentemente en el continente obtuvo,  en cambio,  sus frutos en Irlanda. En efecto, el voto negativo irlandés al Tratado de Lisboa acabó con el proyecto, pues para su ratificación debían  de votarla favorablemente  la totalidad de los países miembros, sin ninguna  excepción.

      De todas formas, era desde hace tiempo ampliamente conocido  que Albert Rivera había estado cercano a los grupos de la extrema derecha en Catalunya. Sin embargo, tal adscripción se mantenía discretamente obviada de un tiempo esta parte, tanto por los medios de comunicación como por sus competidores políticos. Sin embargo, desde hace unas semanas para acá, Podemos ha decidido reenfocar sus posiciones frente  a  Albert Rivera, un candidato que no esconde sus extremas simpatías neoliberales. Las razones del reposicionamiento  de Podemos  son obviamente electorales , pues Ciudadanos los ha terminado expulsando del espacio "del centro político", un territorio que Podemos había asumido como suyo con exclusividad. Curiosamente, hasta hace bien poco,   Iglesias había llegado a elogiar en reiteradas ocasiones las supuestas "cualidades políticas" de Rivera.

       La publicación ahora por parte del digital "Público" - portavoz oficioso dePodemos- del artículo que comentamos y las insinuaciones de Juan Carlos Monedero sobre las supuestas "aficiones esnifatorias" del candidato de Ciudadanos, no hacen sino indicar que la organización que comanda Pablo Iglesias, ha procedido a aplicar un reajuste  al tratamiento laudatorio que hasta ahora venido dando al candidato alternativo de la derecha españolista. ¡Cosas de las tácticas y estrategias electoralistas de los  partidos emergentes del sistema!.

VIDEO:CAMBIO DE TÁCTICA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Los juristas exigen un pacto político en materia laboral

ECOLEY

Los juristas exigen un pacto político que termine con las "enésimas reformas laborales vinculadas a opciones políticas y ligadas a su suerte en cada cambio de legislatura". Los expertos subrayan que el modelo actual es "muy complejo" y piden "claridad y seguridad jurídica" en esta materia.

Son las principales conclusiones del debate del grupo trabajo de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide), que presentó ayer en Madrid María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional. "Hemos propuesto una serie de medidas para crear empleo de calidad y mejorar la productividad de las empresas", señaló.

La tesis de los especialistas, recogidas en el documento de Fide, alertan de que la crisis económica ha provocado una "falsa disciplinariedad del despido". Los juristas sostienen que las cifras de despido disciplinario han crecido de forma notable en los últimos años, "ocultando con frecuencia los despidos económicos". Junto con el aumento a la contratación temporal, los consideran los dos factores más importantes para ajustar el volumen de empleo en la crisis.

En este sentido, los expertos abogan por mejorar la seguridad jurídica para evitar los falsos despidos disciplinarios. "La calidad técnica de la legislación laboral es un elemento clave en este sentido, ya que aporta previsibilidad, lo que redunda en la eficiencia y eficacia de dicha legislación y en la calidad institucional", señalan. "Ni siquiera las normas de emergencia deben prescindir de calidad", añaden los juristas.

Por otra parte, María Emilia Casas rechazó que el debate se deba centrar siempre en las indemnizaciones del despido improcedente. "Debemos estudiar el procedente", explicó. "Si el empresario tiene una causa para prescindir de un trabajador, necesita una legislación clara que le diga como debe acabar con esa relación laboral", añadió.

Casas aseguró que, en la actualidad, es más fácil acudir al despido disciplinario que al de motivos económicos. "Esto produce desigualdad para los representantes de los trabajadores", concluyó.

Marco europeo

Otra de las propuestas de los expertos, apuesta en adaptar la legislación nacional a las Directivas europeas. "Ha de conciliarse, en el despido objetivo individual, sus causas, en una nueva ordenación de las mismas que atienda a la división del Derecho de la Unión Europea entre causas inherentes y no inherentes a la persona del trabajador, con el procedimiento de su acreditación", piden.

En materia de despidos colectivos, abogan por armonizar la normativa con el Tribunal europeo. Destacan que "parece evidente la necesidad de reformar la regulación legal española del despido colectivo para acomodarla a decisiones recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las unidades de cálculo de los umbrales numéricos". También recuerdan las decisiones del Tribunal europeo sobre las extinciones contractuales computables.

¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años?

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Rajoy deja la Seguridad Social con un déficit crónico de 10.000 millones y sin la mitad de la hucha de las pensiones

EL ECONOMISTA

¿Qué le pasa a la Seguridad Social que no hace más que engordar su agujero presupuestario a pesar de la mejoría del empleo? Los últimos datos del Ministerio de Empleo son preocupantes: registró un déficit de 5.337 millones de euros hasta octubre, a pesar de la mejoría que ha experimentado el empleo en el último año y medio.

Estos datos contrastan con las cifras del sistema al inicio de la legislatura: en octubre de 2011, justo antes de las elecciones generales de aquel año, la Seguridad Social registraba un superávit de 5.610 millones. ¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años?

Por un lado, los ingresos son menores que entonces, a pesar de la recuperación de la ocupación en los últimos meses. Según los últimos datos, hasta octubre las cuotas supusieron unos ingresos de 83.787 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,4% respecto al nivel registrado en los diez primeros meses del ejercicio 2011.

A pesar de que es la partida más relevante, la clave de este descenso no está en el régimen general. En octubre de 2015, las cotizaciones procedentes del régimen general ascendieron a 63.235 euros, con un incremento de apenas un 1% respecto al nivel registrado cuatro años antes gracias al repunte de la ocupación. Hace unos meses, el sistema recuperó los 17 millones de ocupados y a día de hoy alcanzan ya los 17,2 millones, casi 100.000 más de los que había cuando llegó Rajoy. Aunque el empleo se recupera, lo cierto es que los nuevos ocupados no generan tantos ingresos como antes debido tanto a la llamada devaluación interna (bajada de salarios de los nuevos empleados) como a las bonificaciones a la contratación aprobadas por el Gobierno.

Hay 800.000 parados cotizando menos que en 2011

Una de las claves de la caída de los ingresos es el paro de larga duración debido a que los parados que reciben una prestación contributiva también cotizan a la Seguridad Social, pero, una vez que dejan de percibirla, ya no realizan esta aportación. Y este colectivo no ha hecho más que bajar desde la llegada de Rajoy a La Moncloa. En 2011, había 2,77 millones de desempleados cotizando, mientras que ahora son 800.000 menos.

Y este descenso se traduce también en un fuerte descenso de los ingresos por sus cotizaciones sociales: hasta octubre, la Seguridad Social obtuvo 5.633 millones de euros, lo que supone un descenso de más de un 33% respecto al nivel que registraba en octubre de 2011.

El gasto en pensiones sube un 9,1%

El otro factor que contribuye a ampliar el agujero presupuestario del sistema es el incremento de los gastos, fundamentalmente debido a la subida del gasto en pensiones. Según los datos de Empleo, actualmente hay 8,48 millones de pensionistas (y más de 9 millones de pensiones), lo que suponen más de 400.000 más de los que existían en el ejercicio 2011. En términos económicos, el gasto en pensiones ha crecido un 9,1% en estos cuatro años, hasta situarse en 108.117 millones de euros hasta octubre.

Con más gastos y menos ingresos, la Seguridad Social se encamina a cerrar el año con un déficit en torno al 1% del PIB (unos 10.000 millones de euros), según la Airef. Esto supondría una desviación de casi 5.000 millones de euros. Y para el próximo año el desfase será aún mayor, del 1,5% del PIB, a pesar de que el Gobierno espera un déficit de sólo un 0,3% del PIB.

Si 2015 cierra con un déficit superior al 1% del PIB, el agujero de 10.000 millones de euros se habrá registrado en los cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy y, en vista de las previsiones de la Airef, amenaza con convertirse en crónico. Y más si medidas como el retraso de la edad de jubilación siguen sin fraguar.

Además, el Gobierno, para evitar emitir más deuda con la que cubrir el déficit de la Seguridad Social, ha recurrido todos los años al fondo de reserva de la Seguridad Social, del que ha sacado ya más de 37.000 millones de euros y que menguará en otros 4.000 aproximadamente antes de que acabe el año. En septiembre, sus fondos eran de 44.335,21 millones de euros.

Hoy entra en vigor el nuevo el sistema de partes médicos para las bajas laborales

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El médico podrá emitir el acta de baja y de alta laboral en el mismo momento

EL ECONOMISTA

El nuevo sistema de partes médicos para los procesos de incapacidad temporal (bajas laborales) en su primer año de duración entra en vigor este martes, 1 de diciembre, con la principal novedad de que los partes médicos irán asociados a la duración estimada de cada proceso.

Así, los médicos facultativos deberán detallar en el parte médico de baja la duración estimada del proceso, dividiéndola entre muy corta (inferior a cinco días naturales), corta (de cinco a 30 días naturales), media (de 31 a 61 días) y larga (más de 61 días).

Esta previsión de baja podrá ser actualizada en cualquier momento, en función de cómo evolucione la salud del trabajador. Para facilitar la tarea, el médico podrá usar como referencia las tablas de duración óptimas de las distintas patologías.

Como norma general, las bajas se expedirán inmediatamente después del reconocimiento del trabajador, o bien por el facultativo médico del servicio público de salud, o bien por el de la mutua, en caso de que la baja derive de un accidente de trabajo o enfermedad profesional cubierta por ésta.

Como novedad, cuando el profesional considere que se trata de un proceso de duración estimada muy corta, podrá emitir el parte de baja y alta en el mismo acto, lo que evita segundas visitas por parte del trabajador o sus familiares al centro de salud.

Cada dos semanas en bajas de larga duración

En el resto de los casos, en el parte figurará la fecha de la siguiente revisión médica, que deberá efectuarse la primera vez el séptimo día del parte de baja para los casos de duración corta y media, y al decimocuarto día en bajas de duración que se hayan estimado largas.

Cuando la duración de la enfermedad supere los 365 días, el control del proceso de incapacidad pasará al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

El alta, en el caso de una baja por enfermedad común, se expedirá siempre por el médico, bien por el servicio público de salud, bien por el Inspector Médico del INSS.

A este respecto, las mutuas podrán formular una solicitud de alta a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud y posteriormente al INSS si la Inspección no contesta en un plazo de cinco días o si el Servicio Público de Salud deniega el alta. El INSS deberá contestar en un plazo de cuatro días.

Si el proceso de incapacidad deriva de accidente laboral o enfermedad profesional, el médico de la mutua podrá expedir el alta una vez realizados los reconocimientos médicos oportunos, tal y como sucede actualmente.

Trámites de trabajadores  y empresarios

El trabajador deberá presentar a la empresa la copia de los partes de baja y los sucesivos partes de confirmación en el plazo de tres días desde la fecha de su expedición. Asimismo, cuando le entreguen el parte de alta médica deberá aportar a su centro de trabajo la copia correspondiente en las siguientes 24 horas.

Mientras, la empresa deberá reflejar en el parte de baja datos sobre la cotización del trabajador a efectos de determinar la base reguladora de la prestación económica por incapacidad temporal; la clave del código nacional de ocupación, de la provincia del centro de salud que ha emitido el parte; y los datos genéricos identificativos del proceso de la empresa, definidos a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).

Toda esta información la transmitirá al INSS junto al parte de baja, de confirmación o de alta presentado por el empleado, pudiendo hacerlo por medios telemáticos.

¿Y si está estoy actualmente de baja?

Los nuevos modelos de partes médicos se utilizarán en los procesos de incapacidad temporal que estén en curso a fecha de hoy y no hayan superado los 365 días. Ahora bien, dichos modelos así como los informes que los complementan se expedirán con la periodicidad y respecto de los datos obligatorios exigidos por la normativa anterior.

Este nuevo sistema de partes médicos así como los nuevos modelos de partes de baja/alta y confirmación de la baja serán de aplicación a los períodos de recaída en procesos de incapacidad temporal iniciados antes de hoy cuando la nueva baja médica se expida con posterioridad.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana exige que los peritos deben comprobar "in situ" las construcciones

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La Justicia valenciana tumba el nuevo cálculo para valorar inmuebles

ECOLEY

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el método de comprobación de valores que establece la Orden 23/2013 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 20 de diciembre. La sentencia, de 28 de octubre de 2015, rechaza que el cálculo, necesario para la liquidación de los impuestos, pueda asimilarse al dictamen de peritos.

Según el Tribunal, los técnicos no pueden basar sus informes solo en la ficha catastral, sin constatar "in situ" la situación de los inmuebles. "La descripción no tiene por qué coincidir necesariamente con la realidad, pudiendo ser legítimamente desmentida al presentar la declaración autoliquidación del impuesto", subraya el fallo.

José María Salcedo, abogado de Ático Jurídico, destaca que "la Consejería lleva dos años realizando comprobaciones de valores de forma masiva a infinidad de contribuyentes aplicando el nuevo método que ahora ha sido anulado". El letrado explica que, gracias a la nueva sentencia, "será posible anular las liquidaciones dictadas en base al método de valoración impugnado".

Gestión individualizada

Por otra parte, el magistrado Olarte Madero, ponente del fallo, apunta que la Administración Tributaria valenciana, a través de este sistema, no aplica la gestión individualizada que establece la ley que regula estos impuestos. "Utiliza su propia descripción y una valoración generalizada y precia de todos los inmuebles del territorio", indica.

El Tribunal valenciano recuerda que la Administración debe realizar los actos de comprobación necesarios en aquellos casos en que no estime ciertas las declaraciones de los contribuyentes. "Le corresponde acreditar los extremos de hecho que doten de legitimidad su liquidación tributaria y que puedan considerarse suficientes para contradecir la declaración del obligado", señala.

El TSJ invoca otro fallo del mismo tribunal, de 1 de octubre de 2013. Entonces, los magistrados ya anulaban las liquidaciones que se venían dictando hasta esa fecha. Por ello, el Gobierno valenciano ideó este nuevo método de comprobación de valores.

Sin embargo, ahora la nueva sentencia recalca que la nueva normativa contiene, de nuevo, los mismos errores, ya que "desnaturaliza" la gestión individualizada. "Persisten en los mismos errores y vicios señalados por la reiterada doctrina jurisprudencial de esta sala", apostilla el ponente.

El asunto parte de la denuncia de un contribuyente al que se le aplicó este sistema. El Tribunal Económico Administrativo Regional (Tear) no contestó. El TSJ resuelve, en este caso, que se anule y se deje sin efecto la liquidación impugnada, que tiene un importe de 5.249,89 euros.

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El Gobierno regula la comunicación telemática con los juzgados

ECOLEY

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema Lexnet. La nueva normativa regula la implantación de las comunicaciones electrónicas entre los juzgados y los profesionales que colaboran con la Justicia.

A partir del próximo 1 de enero, se deberá utilizar el sistema Lexnet para presentar escritos, trasladar copias y para realizar cualquier acto de comunicación con la Administración de justicia. La reforma se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio, que incluye a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Islas Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el Gobierno exige que las Comunidades Autónomas con competencias en justicia "deben adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva normativa permitirá  "simplificar una administración muy burocrática y tradicional" y lograr acabar con el peregrinaje para la presentación de escritos. "Que todo pueda hacerse en un click", apostilló.

El Ejecutivo espera, con la nueva normativa, "modernizar" la Justicia. "Las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia supondrán una mayor agilidad y un incremento de la transparencia de los procesos judiciales, un importante ahorro de costes, la reducción de las cargas administrativas y una mayor seguridad en el tratamiento de la documentación", apunta en un comunicado.

Otros operadores

A partir del año 2017, la obligación de comunicarse con la Administración de Justicia de forma electrónica se extenderá también a los notarios, registradores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Real Decreto aprobado ayer contempla, además, que el ciudadano también pueda relacionarse de esta manera con los juzgados. "Desarrolla la posibilidad que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente", señala el Gobierno.

El Real Decreto se enmarca dentro del paquete medidas para implantar el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. En este sentido, el Ejecutivo aprobó durante esta legislatura la inscripción telemática de nacimientos ante el Registro Civil desde los centros hospitalarios, la sede Judicial Electrónica o la Celebración de las subastas judiciales de forma telemática.

BARÓMETRO DE LA ABOGACÍA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La Justicia funciona 'mal', pero tiene buenos profesionales

ECOLEY

Es una opinión cada vez más extendida: la Justicia española funciona mal. Así lo cree el 53 por ciento de los españoles, un porcentaje que ha incrementado de forma leve pero constante en los últimos años -en 2011 lo pensaba el 50 por ciento; en 2005, el 44 por ciento-. Los que afirman, en cambio, que la Justicia funciona bien son el 32 por ciento.

Estos datos son algunos de los que revela el barómetro La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía, que fue presentado ayer.

"La percepción es que tenemos buenos profesionales pero que la Justicia funciona mal y que cada reforma empeora las cosas", aseveró José Juan Toharia, presidente de Metroscopia.

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En este sentido, siete de cada diez encuestados opina que los jueces son "tan buenos" como los de cualquier otro país europeo, y la mitad asegura que los jueces son imparciales. Peor valoración merece, en cambio, el cumplimiento de las sentencias: el 73 por ciento afirma que "no se cumplen, o se cumplen tarde y mal".

Los abogados, por su parte, también obtienen un gran respaldo de la ciudadanía. Según el barómetro, son las institución del ámbito jurídico mejor valorada con una nota de 5,8 sobre 10. Además, los españoles puntúan con un notable su entrega y dedicación profesional. Tampoco hay tacha sobre sus honorarios, que son considerados como razonables.

Interferencias políticas

El dato "más demoledor", según Toharia, es que el 81 por ciento de españoles afirme que "todos los Gobiernos han tenido más interés por controlar la Justicia que por dotarla de los medios suficientes para que pueda funcionar mejor".

Para mejorar su funcionamiento, nueve de cada diez encuestados pide una reforma "urgente" de la Justicia. La misma proporción cree que esta reforma debería revestir la forma de un gran pacto de Estado entre las distintas fuerzas políticas. Además, la gran mayoría de los ciudadanos pide más medios y una mejor organización.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL - La oposición a las medidas de la empresa no justifica la extinción unilateral de un acuerdo laboral.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El compromiso sindical de negociar no implica acordar

ECOLEY

"Una cosa es dialogar y otra alcanzar acuerdos". Con esta afirmación, la Audiencia Nacional (AN) rechaza que exista incumplimiento de un acuerdo firmado entre la empresa y un sindicato, por el que ambos se comprometían a solventar los conflictos laborales a través de la negociación, por el hecho de que el diálogo no cristalice en acuerdos.

Según la sentencia, de 16 de octubre, el compromiso de negociar por parte los representantes de los trabajadores no implica alcanzar el "acuerdo reiterado" porque esto supondría convertirse "en un sindicato rehén de la empresa a cambio de un precio, perdiendo su autonomía sindical, que es el presupuesto constitutivo del derecho a la libertad sindical".

En el caso enjuiciado, la empresa firmó con uno de los sindicatos con representación en la misma un acuerdo por el que se comprometía a liberar a dos de sus miembros y a aportarle anualmente 30.000 euros para sufragar sus gastos de representación.

El texto también aseguraba que ambas partes contribuirían a la "mejora del clima laboral y a configurar un marco laboral idóneo" y a definir "un marco de colaboración concreto, basado en el diálogo y la negociación".

Dos años después, el departamento de recursos humanos de la compañía remitió un comunicado al sindicato en el que se le informaba de una rebaja en las condiciones pactadas. Argumentaba que desde el sindicato existía una "constante oposición y actitud de enfrentamiento frente a las decisiones adoptadas por la compañía tras procesos negociados y acordados con la mayoría de los representantes de los trabajadores".

La empresa aseveraba que dichas actuaciones contravenían "el objeto y finalidad de lo pactado, y nos hacen cuestionarnos que el sindicato haya cumplido con su contraprestación".

Castigo a la autonomía

La empresa, en su escrito de defensa, alegó que el acuerdo suscrito tenía naturaleza mercantil, y que su contrapartida se había visto vulnerada por la negativa del sindicato a suscribir los pactos asumidos por el resto de representantes, "justificando, por tanto, la extinción unilateral del mismo".

El ponente del fallo, el magistrado Bodas Martín, rechaza este argumento y determina que "se trata de un acuerdo típico de mejora de los derechos sindicales". Así, el comunicado de la empresa acredita "que la decisión se basó únicamente en la política sindical decidida libremente", por lo que estamos ante un "castigo a la actitud autónoma del sindicato".

El compromiso de negociar y dialogar, sostiene, "constituye una obligación de hacer pero no de resultado". Y en el caso se ha probado que el sindicato participó en la negociación de las medidas promovidas por la empresa.

"Acreditado de modo que la empresa extinguió unilateralmente el acuerdo sin someterse al procedimiento de denuncia previsto", concluye la sentencia, "debemos convenir que dicha conducta vulneró del derecho de libertad sindical".

TREN GRAN CANARIA

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El tren y la conexión norte

InfonorteDigital

Aunque ya he dejado clara mi opinión favorable respecto al tren de Gran Canaria, y ante la vuelta a la actualidad de este controvertido tema, tengo que aclarar algunos aspectos que deberían tenerse en cuenta antes de abordar este asunto para el transporte en la isla de Gran Canaria:

1.- Siendo Canarias una de las comunidades con mayor densidad de población que se concentra mayoritariamente en las islas capitalinas (Gran Canaria y Tenerife), con un parque automovilístico de 758.798 vehículos (DGT-2014), y teniendo a demás las evidentes limitaciones geográficas que sufre la isla, algo tendremos que hacer de cara al futuro inmediato. Los colapsos circulatorios que venimos sufriendo de forma intermitente los usuarios de esta isla son cada vez más frecuentes y graves.

2.- Independientemente del medio de impulsión utilizado por los vehículos (ahora se habla de impulsar los coches eléctricos, que me parece esencial en el proyecto cabildicio de ecoisla), estos seguirán colapsando las carreteras y dificultando cada vez más los desplazamientos.

3.- La carencia de un transporte público eficaz, alternativo y disuasorio del uso del automóvil acentúa esta problemática, lo que reduce el uso de este sistema única y exclusivamente a las personas que no pueden disponer -por diversos motivos- de vehículo particular.

4.- En un territorio finito como el de una isla, en el que cada vez es más difícil trazar nuevas carreteras, dañando con ello el paisaje y dando pie a nuevos procesos especulativos que tantos quebraderos de cabeza nos han dado, especialmente en el norte grancanario, se hace necesario un ESTUDIO SERIO del transporte en la isla de Gran Canaria, del que no puede quedar fuera la conexión con el segundo puerto de la isla y la principal conexión marítima con la isla de Tenerife.

5.- El actual proyecto de tren de Gran Canaria tiene fallos de grueso calibre en mi modesta opinión:

-Habría que revisar el trazado, incorporando en el proyecto la conexión con el puerto de Agaete -120.000 habitantes de toda una comarca no pueden quedar fuera por problemas orográficos o de rentabilidad-, precisamente la zona de la isla que más ha sufrido y sigue sufriendo los retrasos y carencias en materia de obras viarias. Tenemos además la triste realidad de que las conexiones con la capital de la isla se hayan realizado de espaldas al norte (Tunel Julio Luengo con semáforo en su salida e incorporación a la avenida marítima y otro semáforo para la incorporación al mencionado tunel desde la Avenida Marítima y otro al final de la Circunvalación de Las Palmas para la incorporación a la GC2). Si de transporte público hablamos parece una insensatez que se deje fuera del proyecto la zona más problemática de la isla en este sentido.

-Debe ajustarse al máximo el trazado de la vía a la plataforma de las actuales GC1 y GC2, con la finalidad de dañar lo menos posible al territorio.

No podemos permitir por tanto que este proyecto -de llevarse a cabo- deje fuera a una parte importante de la isla que bastante ha sufrido el abandono institucional en materia de carreteras. Sería farragoso recordar las tropelías y abandonos cometidos en materia viaria con el norte de la isla, desde que sufríamos los eternos atascos con aquella peligrosa Cuesta de Silva. Luego han seguido años de atascos y problemas de diferente índole que se han venido a solventar recientemente con el desdoblamiento de los puentes y túneles de Silva. Actualmente seguimos soportando el cuello de botella que significa la GC2 en el tramo Pagador-San Andrés-Bañaderos, con reducciones de velocidad a 50 km./h, rotondas, semáforos, etc., además de la controvertida incorporación del tráfico de Arucas en la Granja del Cabildo.

Ahora no puede suceder lo mismo con el tren. No puedo evitar pensar que se pueda repetir la historia de las carreteras con tren de Gran Canaria. Sería muy triste comprobar como se construye un tren para conectar la zoma mejor comunicada de la isla (Las Palmas de Gran Canaria-Sur) y se deje fuera al Norte, en el que se sitúa la principal conexión marítima con Tenerife (con una inminente ampliación de su puerto).

Probablemente se tenía que haber empezado por un impulso serio y decidido al trasnporte de guaguas y hoy no estaríamos hablando de la necesidad de un tren, pero las guaguas utilizan las mismas vías que los automóviles y de cara a un futuro inmediato de colapso circulatorio no sería solución sino complemento. Lamentablemente es desalentador sentarse en una parada de guaguas (en la que puedas sentarte) sin información actualizada de cuándo pasa la próxima guagua y hacia dónde. Queda mucho por hacer en esta materia. En Canarias llevamos 20 años de retraso en este sentido.

El proyecto actual dice que en una primera fase será el trazado Las Palmas-Sur, y en un segundo Las Palmas-Arucas. De Guía, Gáldar y Agaete (con su puerto) nada se dice.

Si ese proyecto se lleva a cabo en los próximos años, que estoy seguro se hará, porque considero que es importante para el futuro del transporte público en la isla, QUE NO SE DEJE FUERA AL NORTE. QUE EL SEGUNDO TRAMO DEL PROYECTO SE MODIFIQUE CON URGENCIA E INCORPORE EL PUERTO DE AGAETE.

Hay muchas cosas por hacer en este norte grancanario. Una de ellas trabajar para evitar que miles de norteños se tengan que desplazar cada día a la capital por motivos de trabajo, médicos o de ocio. Trabajar para favorecer la actividad económica en esta comarca castigada por el paro y el desaliento.

Quiero escuchar también a la Mancomunidad y los Ayuntamientos manifestarse sobre este tema, ahora que empieza a resurgir o al menos da algunas señales de vida, de que algo se mueve en su seno. Esperemos que se empiece a trabajar duro por la comarca y salgamos de este letargo. Este puede ser un punto de partida para demostrar que también nuestra Mancomunidad tiene músculo, que tiene vida.

Espero y deseo que el Cabildo no vuelva a dar la espalda al Norte en esta ocasión.

ATAQUES A LA LIBERTAD SINDICAL

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

SUP y CEP denuncian que el jefe de la Policía en Canarias ataca la libertad sindical

CANARIAS AHORA

Los Sindicatos Policiales SUP y CEP, representantes de la mayoría de los Policías Nacionales de Canarias, han denunciado este lunes que el Jefe Superior de la Policía en Canarias, José María Moreno, ataca a la libertad sindical.

En concreto, los dos sindicatos se refieren a las declaraciones realizadas por Moreno que aseguraba "no entender que funcionarios con un puesto de trabajo seguro protesten en los tiempos que corren, con 3,5 millones de parados, y que incluso critique el uso de jornadas de liberación sindical para realizar una actividad tan claramente sindical como una concentración", subrayan.

"Le guste o no al Jefe Superior la normativa determina que las organizaciones sindicales están para velar por las condiciones de prestación del servicio", aclaran SUP y CEP.

"Nosotros tampoco entendemos que en los tiempos que corren un funcionario policial disfrute de una vivienda, con luz, agua, telefonía y servicio de limpieza, vehículo de alta gama con conductor para desplazamientos oficiales y un vehículo todo terreno, todo ello gratis total a cargo de los impuestos de los ciudadanos", denuncian.

Además, añaden que tampoco entiende por qué Moreno ha realizado gestiones "para averiguar cuantos liberados prestan servicio en cada sindicato y criticar abiertamente en una reunión de mandos el hecho de que los sindicatos nos concentremos para hacer reivindicaciones. ¿Qué será lo próximo? ¿Cerrar sedes sindicales? ¿Impedir liberaciones? ¿Expedientes a los representantes sindicales?".

Las declaraciones de Moreno fueron realizadas después de que se haya convocado, para es miércoles, una protesta en el Aeropuerto de Gran Canaria por los problemas que padece la Comisaría Local de Telde, sobre todo el área de Seguridad Ciudadana.

"Los servicios que atienden la Seguridad Ciudadana durante las 24 horas en Telde, se han visto obligados a cubrir los turnos varias noches a la semana con personal destinado en funciones de Fronteras del Aeropuerto de Gran Canaria, por lo que para arreglar un problema, generado por una mala distribución del personal, lo que se ha hecho es generar un nuevo problema en el Aeropuerto, estando en nivel 4 de alerta antiterrorista", recuerdan los dos sindicatos.

En los procedimientos judiciales cuyo objeto sea la demanda de un trabajador por su inclusión en una de las llamadas listas negras, la carga de la prueba recaerá sobre el empresario.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La inclusión en 'listas negras' vulnera la protección de datos

ECOLEY

Este efecto se produce, según una sentencia del Tribunal Supremo (TS) del 21 de octubre, al verse afectado un derecho fundamental como es la protección de datos, en un ámbito especialmente sensible como es el acceso al empleo.

Las listas negras son ficheros que contienen los datos personales de un grupo de personas, a los que, su inclusión en el mismo, provoca efectos adversos y perjudiciales. En el ámbito laboral, por ejemplo, pueden imposibilitar el acceso a determinados puestos de trabajo.

Al no contar con el consentimiento del trabajador, la cesión de datos personales para estos ficheros resulta ilícita según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y, al afectar a un derecho fundamental, según la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, la carga de la prueba se desplaza al autor de la vulneración de derechos.

Esta medida, como subraya el TS, es conveniente en los litigios sobre derechos fundamentales referidos al ámbito del acceso al empleo, en los que "es la empresa o la Administración la que tiene un mayor acceso a la fuente de prueba. En estos casos, una protección alta -del trabajador- puede ser ineficiente si las acciones fracasan por problemas por insuficiencia de la prueba".

El caso enjuiciado

En el caso, un trabajador demandó a su antigua empresa, subcontratista de otra compañía mayor, por la cesión de sus datos a ésta para su inclusión en una lista negra. El trabajador había sido despedido acusado de una actuación irregular, aunque, en juicio, dicha actuación no se consideró probada.

El empleado comenzó la búsqueda de trabajo en empresas del sector y realizó, sin éxito, varias entrevistas. En una de ellas, llegó, incluso, a pasar el reconocimiento médico, aunque finalmente no fue contratado.

El comité de empresa de la gran compañía le informó que había sido vetado para trabajar en el sector por "conflictivo", por lo que decidió acudir a los tribunales.

El Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Barcelona desestimaron la demanda del trabajador por considerar que los hechos no estaban los suficientemente probados. Un criterio rectificado por el Supremo en casación, "por error de aplicación en las reglas de la carga de la prueba".

El ponente del fallo, el magistrado Sarazá Jimena, asegura que existían suficientes indicios de la presencia una conducta lesiva, por lo que entiende que se producía un traslado en la carga de la prueba.

Dichos indicios eran la declaración del miembro del comité de empresa, el hecho de que el demandante llevaba varios meses sin encontrar empleo y la incapacidad del director de recursos humanos de la empresa que le realizó la última entrevista de explicar por qué habían rechazado contratarle.

Estos elementos, según el fallo, "son insuficientes por sí solos", pero contemplan indicios serios de que pudo haber una cesión de datos personales. Unos indicios que no fueron destruidos por la parte demandada en su respuesta.

"El carácter dudoso de los hechos no debe perjudicar al demandante, sino a la demandada", insiste Sarazá Jimena. Por todo ello, el Tribunal Supremo tumba la sentencia de la Apelación y condena a la empresa a indemnizar al trabajador.