Hace 3 días
viernes, 20 de septiembre de 2013
ACTA nº 11/13 - REUNIÓN ORDINARIA (*) MIEMBROS COMITÉ DE EMPRESA DE GLOBAL SALCAI-UTINSA S.A. DE FECHA 20/09/2013.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
miércoles, 18 de septiembre de 2013
El anteproyecto de ley de reforma de las pensiones del Gobierno desvincula estas prestaciones del IPC e introduce el llamado "factor de sostenibilidad" a partir de 2019.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Pensiones: ¿cuánto poder adquisitivo se perderá tras la reforma del Gobierno?
EL ECONOMISTA
En la práctica, esto supondrá una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. La pregunta clave es: ¿de qué magnitud será esa pérdida? Varios organismo y empresas ya han hecho sus cálculos.
Según estimaciones de UGT, los pensionistas verán recortado su poder adquisitivo entre un 20% y un 28% durante los próximos diez años.
El sindicato liderado por Cándido Méndez echa mano en un comunicado de un gráfico incluido por el Gobierno en el informe de impacto del anteproyecto de Ley de la reforma en el que ya se muestra que, de haberla puesto en marcha hace 16 años, los pensionistas habrían incrementado su poder de compra en un 3,5% durante los primeros 14, pero lo habrían visto reducido en un 5,3% sólo en los dos últimos años.
El sindicato señala ante estos datos que el hecho de que el Gobierno asegure que cada año se revalorizarán las pensiones al menos un 0,25% no es si no un "juego de palabras" y un intento de "ocultar la realidad".
No garantizan el poder adquisitivo
Luis María Sáez de Jáuregui, director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA, se ha referido hoy a la reforma en términos similares a los de UGT. Opina que la nueva fórmula de revalorización de las pensiones que ha planteado el Gobierno y que desliga sus subidas de la evolución del IPC "no garantiza ni a corto ni a largo plazo" el poder adquisitivo de los pensionistas.
Para recuperar esa pérdida, este experto estima que se necesitarían nada menos que 25 años de bonanza. Sáez de Jáuregui entiende que la propuesta del Gobierno persigue garantizar el sistema ante los desequilibrios derivados de la falta de nacimientos en España y del paro, pero no el poder adquisitivo de los pensionistas.Para ilustrar esta afirmación, este experto en pensiones ha hecho algunos cálculos orientativos. Así, Sáez de Jáuregui plantea que si durante dos años el IPC alcanza el 3,5% y el sistema presenta desequilibrios por razones de paro, "todos los pensionistas, actuales y futuros" perderían más de un 6,25% de poder adquisitivo.
El diario El País ha publicado hoy sus propias cuentas sobre cómo afectará la reforma a las pensiones. Concluye que los cambios introducidos devaluará en unos 1.500 euros anuales la pensión media.
Todos estos cálculos son sólo aproximados, ya que se han hecho en base a previsiones sobre la evolución de algunos indicadores macroeconómicos españoles. Y es que el nuevo índice de revalorización de las pensiones tendrá en cuenta tanto la evolución de la inflación como los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social, tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema.
Defensa de la propuesta
Mientras las críticas se suceden, los miembros del Gobierno se esfuerzan por defender el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones que se aprobó el pasado viernes 13 de septiembre en el Consejo de Ministros.
El último en hacerlo ha sido el propio Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo ha señalado esta mañana que su propuesta es una "ley de sostenibilidad" que perseguirá el "objetivo básico y capital de garantizar las pensiones en el futuro".
martes, 17 de septiembre de 2013
¡¡¡La empresa de telefonía Lofetel no quiere trabajadores isleños!!!
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
OFERTA DE EMPLEO: "SE BUSCAN PENINSULARES. ABSTENERSE CANARIOS"
CANARIAS SEMANAL
La noticia saltaba a las redes sociales a comienzos de esta misma semana generando la comprensible indignación de los internautas isleños.
La empresa de telefonía Lofetel - con sede en Salamanca - ha publicado una oferta de empleo para "comerciales en Las Palmas", incluyendo un sorprendente requisito para quienes pretendan acceder a estos empleos. "Ser de la península y estar dispuesto a desplazar la residencia a Las Palmas". Por si el veto impuesto a los trabajadores canarios no hubiera quedado suficientemente claro, la oferta específica "abstenerse expresamente quien no cumpla este único requisito".
Un caso de flagrante e ilegal discriminación laboral hacia los autóctonos que -según denuncian algunos trabajadores afectados - no carece de precedentes en el Archipiélago Canario. La cadena de supermercados Lidl ha sido igualmente señalada por expresar abiertamente en sus ofertas de empleo el mismo "requisito".
La discriminación practicada en este caso por Lofetel, sin embargo, se ve agravada por el hecho de que la empresa que no admite empleados canarios ha creado una filiar insular para poder acogerse a los generosos beneficios fiscales, en términos de ahorro de impuestos, que ello supone.
Dado que no todas las compañías cometen el error de marketing de reconocer abiertamente su política de contratación segregadora resulta imposible precisar hasta qué punto ésta podría estar extendida entre las numerosas multinacionales instaladas en las Islas, que disfrutan de los privilegios que se les conceden al incorporarse a la Zona Especial Canaria. Un instrumento económico enmarcado en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), cuya supuesta finalidad es "promover el desarrollo económico y social del Archipiélago a través de la diversificación de su estructura productiva".
"No hace falta recortar las PENSIONES, para garantizar su futuro"
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
DOS VERDADES SOBRE LAS PENSIONES QUE USTED DEBE CONOCER
CANARIAS SEMANAL
La reforma de las pensiones está de nuevo en el ojo del huracán de la política neoliberal delPP. Por ser más preciso, habría que decir que la degradación del sistema público de pensiones no ha dejado de estar entre los objetivos de todos los gobiernos durante las últimas décadas, desde cuando allá a mediados de los años 80 el PSOE llevó a cabo la primera reforma. La prueba más concluyente es que teniendo las reformas un período de maduración medible por décadas, cada unos cuantos años, se manifiesta la necesidad de emprender nuevos recortes, tomando siempre como pretexto el sublime objetivo de garantizar su futuro.
Apenas dos años después de la última reforma, la que ejecutó el gobierno de Zapatero con el beneplácito de las direcciones de los dos sindicatos mayoritarios, ya se ha culminado la fase de preparación de la nueva reforma con él casi “preceptivo” informe de los “expertos”, todo menos independientes, y el gobierno del PP, en su violenta política antisocial, ya está a punto de legislar las nuevas dentelladas que pretende dar a las pensiones.
Este es un asunto al que no puede ser ajeno ningún sector de la población, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de organizar la respuesta de la izquierda. Ya sean los jóvenes sin trabajo y con escasas perspectivas de generar un derecho a pensión, los actuales pensionistas, que están viendo reducir el montante de sus prestaciones y él tiempo necesario para lograrlas -no cabe olvidar la infame prolongación de la edad de jubilación a los 67 años de la última reforma del PSOE-, y, en fin, los actuales pensionistas, a los que directamente se les pretende reducir de modo sistemático el poder adquisitivo de su prestación.
No hace falta recortarlas para garantizar su futuro
Sin entrar en los detalles y concreción de la nueva reforma, que será contundente, con los sindicatos entrando de nuevo a un trapo del que sólo pueden salir engañados, cabe exponer dos verdades decisivas sobre el futuro de las pensiones, en apariencia contradictorias pero que guardan una coherencia extrema si se enfoca correctamente la cuestión.
Los recortadores de derechos siempre fundamentan sus propuestas en que la relación trabajador/pensionista, esto es, el número de trabajadores activos por pensionista irá disminuyendo, tanto más cuanto que, con ese lamentable y desgraciado avance de la esperanza de vida, los pensionistas tenderán a acumularse. Con este sencillo esquema explicativo, les salen todas las cuentas a los expertos oficiales para declarar, nada menos, la quiebra a la Seguridad Social en el año que convenga y para proponer, por tanto, la disminución necesaria de las prestaciones si se quieren garantizar en el futuro.
No obstante, basta considerar no cuántos trabajadores activos tendrán que “mantener” a los pensionistas, sino cuánto podrán producir los posibles trabajadores activos para que el problema tenga otro cariz y las conclusiones sean radicalmente distintas. Una economía creciendo moderadamente y generando un modesto empleo para absorber a los millones de parados, con un aumento también moderado de la productividad de cada trabajador, cosa que garantiza el avance tecnológico, permitiría un crecimiento de la renta del país que podría dedicar una porción de ella no significativamente distinta de la actual para mantener sin recortar las pensiones del futuro. Sería muy fácil demostrar con datos esta conclusión, como de hecho está demostrada, por no mencionar que el gasto público en pensiones podría financiarse con ingresos no sólo provenientes de las cotizaciones sociales.
La primera verdad por consiguiente sobre las pensiones es que no es necesario recortarlas para avalar su futuro. Se produce así un choque de expertos contra expertos basado simplemente en la forma de formular el problema. La ideología, como cabe pensar, desempeña un papel decisivo a la hora de delimitar a los bandos.
La segunda verdad tiene que ver con el futuro real de las pensiones. Para los recortadores, su objetivo esencial es acometer reformas que las reduzcan de modo inmediato; o sea, justificar la ignominiosa, burda y cruel política del PP. Si todo lo que pronostican fuera verdad y sus previsiones correctas, no se explica, como se ha dicho, que cada poco tiempo revisen sus cálculos para ensombrecer el horizonte y proponer nuevos recortes. No hay mucha seriedad en los expertos ni, por supuesto, ningún cientifismo en sus proposiciones.
Es necesaria otra política económica
Lo que sí lo que es verdad es que de aplicarse la política que ellos propugnan aisladamente para las pensiones, al margen de otras cuestiones y sin encajar en una visión más general de la evolución económica, el futuro de las pensiones corre un grave peligro. Otro recorte de las pensiones se inscribiría en la política de austeridad que se viene aplicando para, según dicen, remontar la crisis. Pero los resultados saltan a la vista y conforman una situación estremecedora: el país cada vez más empobrecido, con más marginación y paro, con un maltrecho estado del bienestar y sin ninguna perspectiva de salir de la crisis, por mucho que se empeñe el gobierno para consolarnos y engañarnos. Así, pues, los recortadores no sólo quieren empeorar las pensiones, algo que como se ha visto afecta a toda la población y el comportamiento de gasto de las familias, sino que ponen en grave amenaza el futuro del sistema público
La segunda verdad, por consiguiente, es que es necesaria otra política económica para no poner en peligro real el futuro de las pensiones. Una política que rompa con el patrón de la austeridad y los recortes. No recortar las pensiones es una forma de contribuir a disminuir ese peligro. De ese modo, se puede afirmar que, aunque parezca paradójico, volver a disminuir las pensiones es amenazar su futuro, mientras que la alternativa de defenderlas es la mejor y manera de luchar por la supervivencia del Sistema público.
La coherencia de esta alternativa parece indiscutible, pero no es menos cierto que en el fondo de ella subyace una cuestión fundamental: cómo afrontar la terrible crisis económica, cómo resolverla. En este crucial tema debería haber una brecha no superable entre la derecha y la izquierda, si bien lamentablemente la izquierda todavía no se ha aclarado. O por ser más preciso, parte de la izquierda sigue sin aclararse.
La nueva ofensiva contra las pensiones
El Gobierno ha aprobado el viernes 13 de septiembre el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, que desvincula a estas prestaciones del IPC y que introduce el llamado ‘factor de sostenibilidad’ a partir de 2019.
El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones aplicará un suelo del 0,25% y un techo del IPC más el 0,25%, de modo que las pensiones no puedan ni subir ni bajar por encima de esos valores. Tendrá en cuenta además los ingresos y gastos del sistema cada año, y los déficit o superávit del propio sistema de la Seguridad Social tomando como referencia las medidas de once ejercicios para modular los datos y evitar cambios bruscos en el sistema
La vicepresidenta Soraya Sáenz, indicó que es voluntad del Gobierno “escuchar y tomar en consideración” todas las aportaciones que puedan hacerse “para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones”, como es habitual en nuestros mendaces políticos, habría que señalar, cada vez que acometen un recorte de las prestaciones.
La ministra Bañez, en su megalomanía y aversión a la verdad, ha destacado que se trata de la reforma “más importante” en términos sociales que ha aprobado el Gobierno, y ha afirmado que dará “confianza, tranquilidad y certidumbre” tanto a los pensionistas presentes como futuros, concluyendo sin rubor alguno que los jóvenes de hoy han de tener la seguridad de que serán los pensionistas del mañana.
Como es sabido, la reforma ha contado con el antecedente de un informe de una “Comisión de expertos” designada por el Gobierno. Pues bien, el próximo viernes día 20, otra Comisión de expertos independientes, de ideología contraria a los neoliberales, formada por 24 personas, el doble de la del gobierno, presentan un Documento sobre la sostenibilidad del Sistema público de pensiones. Los economistas y juristas que lo han elaborado, de reconocido prestigio profesional, rebaten a los expertos oficiales y llaman a todos los ciudadanos a defender las pensiones. Entre ellos se encuentra Pedro Montes, miembro del consejo de redacción de este periódico, que ha remitido el siguiente artículo.
lunes, 16 de septiembre de 2013
Es nula por discriminatoria la cláusula de un acuerdo empresarial de movilidad geográfica que establece la prioridad de permanencia de los trabajadores fijos frente a los temporales, según esta sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de julio de 2013.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Priorizar la permanencia del personal fijo es discriminatorio
ECOLEY
La ponente, la magistrada San Martín Mazzucconi, resuelve un supuesto en que se pretende la nulidad de un acuerdo de movilidad geográfica -un Plan de Eficiencia Aeroportuaria del Ministerio de Fomento que afecta al Grupo de Empresas Aena- que establece la prioridad de permanencia de los trabajadores fijos, por considerarlo discriminatorio para los temporales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) interpuso demanda al considerar infringido el artículo 14 de la Constitución -derecho a la igualdad- así como la Directiva comunitaria 1999/70/CEE sobre el trabajo de duración determinada.
La Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda declarando nula la concreta cláusula por discriminatoria, "al no concurrir una justificación objetiva y razonable para el distinto trato". Recuerda el fallo que el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET) señala que "los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley".
Asimismo, se hace eco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que "ha introducido la temporalidad del contrato de trabajo en el ámbito del artículo 14 de la CE como una circunstancia que no autoriza a tratar peor a unos trabajadores frente a otros". Según esta jurisprudencia, toda diferencia de tratamiento "debe estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible un tratamiento (...) que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida".
Sin respaldo legal
Tras estas consideraciones, San Martín no comparte que las dos circunstancias aducidas por la empresa para fundamentar las diferencias de trato -la menor puntuación obtenida en el acceso a las plazas por los trabajadores temporales y su derecho preferente al regreso cuando haya vacantes en la empresa- justifiquen objetivamente que, "en la tesitura de elegir, entre dos trabajadores, quien ha de verse afectado por la movilidad geográfica, deba serlo siempre, inexorablemente, el que posee un vínculo temporal con la empresa".
Tampoco acepta, como mantuvo la empresa, que la prioridad de permanencia esté respaldada por la Disposición Adicional 20ª del ET que, en relación a la aplicación del despido "por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público" reconoce tal prioridad al personal laboral fijo. Lo niega "porque en este caso no estamos ante un despido sino ante un concreto acuerdo de movilidad geográfica, por mucho que derive de un Plan que contempla desvinculaciones contractuales".
¿A qué espera España para actuar ante el conflicto de Gibraltar?
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
¿A qué espera España para actuar en Gibraltar?
EL ECONOMISTA
La discusión actual entre España y el Reino Unido sobre la zona y las aguas de Gibraltar concierne tres problemas medioambientales: el bunkering, la construcción de un complejo hotelero, de apartamentos y otras infraestructuras en las aguas orientales del Peñón y el hecho de que las autoridades gibraltareñas hayan lanzado al mar más de 70 bloques de hormigón en el oeste, en la Bahía de Algeciras.
Conviene recordar la situación legal medioambiental en este sentido.
Bunkering. Se denomina bunkering al fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible a otros barcos. Se trata, en la práctica, de gasolineras flotantes a disposición de los barcos. Para estos últimos resulta ventajoso repostar en el mar porque se ahorran tiempo y gastos de entrada en puerto.
Desde el punto de vista ambiental, repostar en el mar comporta el riesgo de fugas de combustible. En las estaciones de gasolina terrestre existen normas específicas para proteger el suelo y el subsuelo. Dichas medidas de seguridad no existen en el mar.
El oleaje, la ausencia de técnicos especializados en la labor, el tamaño diferente de los barcos etc., aumenta considerablemente el riesgo de fugas. Entre España y el Reino Unido existe un conflicto de soberanía territorial de las aguas del Estrecho que no se va a discutir aquí.
En relación con el bunkering y la protección del medio ambiente es importante señalar que una gran parte de las aguas que rodean el Peñón han sido declaradas "zonas especiales de conservación" tanto por parte del Reino Unido en 2011 (UKGIB 0002 "Southern Waters of Gibraltar") como por parte de España en 2012 (ES6120032 Estrecho Oriental).
La zona española, 23641,82 hectáreas, mucho más amplia que la inglesa, 5486,5 hectáreas, engloba a esta última completamente.
La declaración como "zona especial de conservación" procede del derecho de la Unión europea (Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), y se lleva a cabo una vez que la zona ha sido incluida en las lista de lugares de importancia comunitaria de la Unión Europea. La Unión Europea ha publicado en su lista tanto la zona propuesta por las autoridades británicas como la zona propuesta por España. Ambas forman parte de la Red Natura 2000 y han sido declaradas, por consiguiente, zonas de importancia medioambiental para toda la Unión Europea.
En virtud de la citada Directiva, una vez que el área es declarada como zona especial de conservación, los Estados miembros, (en este caso el Reino Unido y España), están obligados a fijar las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de hábitats naturales y de especies protegidas en dicho lugar. Pese haber designado la zona, el Reino Unido no ha iniciado medida específica alguna para la protección medioambiental de ésta.
España sin embargo, en virtud del Real Decreto 1620/2012 de 30 de noviembre prohíbe el bunkering: "Se prohíbe el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible en las aguas comprendidas dentro del espacio protegido".
Ello conlleva que el bunkering está actualmente prohibido ya en toda la zona designada por España como zona de conservación especial. La modificación de la Ley sobre la protección de la naturaleza, propuesta recientemente por el Gobierno español, sólo concierne las sanciones aplicables, no la prohibición de bunkering.
El hecho de que el Reino Unido no haya cumplido con sus obligaciones en virtud del derecho europeo y no haya prohibido el bunkering carece de importancia porque la prohibición es claramente una medida destinada a proteger el medio ambiente marino y nada tiene que ver con la soberanía de las aguas.
Tampoco puede aplicarse la prohibición española sólo a las aguas que no están incluidas en la zona británica, porque la contaminación marina no se limita a unas u otras aguas. Si el Reino Unido considera que la medida de prohibición de bunkering es desproporcionada o no se ajusta al derecho de la Unión Europea, puede atacar dicha prohibición ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La construcción de un complejo hotelero ganando terreno al mar
Las autoridades gibraltareñas planifican la construcción de un complejo hotelero y de apartamentos ganando terreno al mar y rellenándolo con piedras y arena. Los trabajos de excavación y relleno parecen haber comenzado ya. El lugar elegido se encuentra en el interior de la zona especial de conservación designado por España.
A este respecto, el derecho de la UE prohíbe, en el interior de las zonas protegidas, los proyectos que puedan tener un efecto negativo apreciable en la zona. Parece evidente que la construcción de un complejo como el proyectado y su propia existencia, con la circulación de embarcaciones de recreo, el transporte marítimo y todas las actividades ligadas a la propia construcción, pueden tener un efecto apreciable en la zona protegida.
Con el fin de evaluar si es el caso, el derecho europeo exige una evaluación previa. No parece que las autoridades de Gibraltar hayan llevado a cabo dicha evaluación. En todo caso, el TJUE ha explicado recientemente que los trabajos que suponen la pérdida permanente de una pequeña poción de zona protegida constituyen un efecto negativo apreciable y por consiguiente están prohibidos (258/11). El derecho de la Unión Europea no contiene una prohibición absoluta. Un proyecto que tenga un efecto negativo significativo puede ser autorizado siempre que se cumplan una serie de condiciones. La primera: ausencia de alternativas respecto al emplazamiento y la dimensión del proyecto.
En este sentido, las autoridades del Reino Unido deberían justificar que el proyecto propuesto no puede llevarse a cabo en tierra. Es cierto que la zona británica de Gibraltar no tiene mucho espacio libre. Sin embargo, la construcción de rascacielos siempre es posible y la compra de los terrenos no es más que una cuestión de precio. Por tanto, la primera condición que exige el derecho europeo no se cumple. La segunda condición para la realización del proyecto es que este obedezca a razones imperiosas de interés público de primer orden. En este sentido, conviene recordar que la construcción de hoteles y apartamentos obedece a intereses privados, ya sea de promotores, otros agentes económicos o personas privadas, lo que sin duda no puede identificarse con "un interés público de primer orden".
El derecho europeo establece que en caso de conflicto entre el interés de proteger una zona de especial conservación y un interés privado, prima el interés medioambiental. La situación, en el presente caso no es distinta.
De nuevo, se habla aquí de protección del medio ambiente y no de cuestiones de soberanía de las aguas que rodean el Peñón. El análisis jurídico no sería distinto si la construcción propuesta se encontrara única y exclusivamente dentro de la zona protegida designada por el Reino Unido. La construcción hotelera marina propuesta por las autoridades de Gibraltar es incompatible con el derecho de la Unión Europea, que vincula tanto al Reino Unido como a las autoridades gibraltareñas como a España.
Los bloques de hormigón. Las autoridades de Gibraltar han lanzado más de 70 bloques de hormigón en las aguas que rodean el Peñón. El objetivo no está claro: ¿los bloques han sido lanzados para potenciar el aumento de peces u otras especies? ¿La operación está destinada a evitar la sobrepesca? (problema que existe en toda la Unión Europea) ¿Obedece a otra causa?
Lo cierto es que el Tratado de la Unión Europea prevé que los Estados miembros asistan a la Unión a alcanzar los objetivos de la Unión y se abstengan de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de éstos (artículo 4).
Esto implica, según el Tribunal de Justicia, que los estados miembros no adopten medidas unilaterales, susceptibles de afectar a otros estados miembros. Tanto la protección del medio ambiente como la conservación de los recursos biológicos dentro de la política pesquera común forman parte de las políticas de competencia europea. Por ello, los Estados miembros tienen la obligación de cooperar en los citados sectores. Esto significa en términos claros que el depósito de bloques de hormigón en el mar, susceptible de afectar negativamente la pesca local español no es compatible con el deber de cooperación leal que obliga a las autoridades gibraltareñas en virtud del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea. Y de nuevo, nada tiene que ver todo ello con la cuestión de la soberanía de las aguas.
España tiene que actuar si desea solucionar el problema cuanto antes. Debe acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para denunciar las tres cuestiones si no quiere perder la oportunidad de preservar sus derechos a proteger las aguas y su flota local. Le otorga esa posibilidad el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Un importante grupo de trabajadores, de una importante empresa de Canarias, procedentes de la UGT, hartos de las prácticas sindicales de su organización de procedencia, tomaron la decisión de unirse al sindicalismo de clase e incorporarse a las filas del Sindicato Obrero Canario.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"DIRIGENTE DE UGT-CANARIAS: "EL FSOC ES UN SINDICATO DE MIERDA"
CANARIAS SEMANAL
Hace un par de semanas, un importante grupo de trabajadores, de una importante empresa de Canarias, procedentes de la UGT, hartos de las prácticas sindicales de su organización de procedencia, tomaron la decisión de unirse al sindicalismo de clase e incorporarse a las filas del Sindicato Obrero Canario. La empresa, preocupada por lo que se le avecina, correteó, para poner en conocimiento de UGT lo sucedido y advertir a su sindicato amigo de la gravedad del asunto.
El responsable del sector en UGT, se puso de inmediato manos a la obra: llamadas a los trabajadores, presiones a los delegados, etc. En medio de la tormenta, este individuo advierte a los trabajadores... "que sepan que se van al FSOC, un sindicato de mierda ".
Si al calificar a esta organización sindical como "sindicato de mierda ", se refiere a que esta es una organización humilde, con escasos recursos económicos y medios, que nos es difícil luchar, que no nos permiten ni siquiera el acceso a los medios de comunicación, que no nos mantenemos de cursos de formación, convenios con las administraciones, pactos con las empresas... Podríamos aceptar el calificativo y además aceptarlo con orgullo.
Pero no creo que este sea el sentido del término expresado.
Sr.; cuando se dirige usted a la Avd. 1º de Mayo, ya desde la C/ Bravo Murillo, se percibe un fuerte hedor, un hedor ácido, penetrante, una nausea de difícil descripción, tiene uno la sensación de aproximarse a un organismo en abierta y franca descomposición.
Es el olor del dinero de los ERE´s, del aroma de su compañero Juan Lanza, de los relojes de lujo, de las cenas millonarias, de las subvenciones no justificadas, de las dietas y prebendas, del agujero de los cursos de formación, de los pactos con las Patronales y Gobiernos, de la aplicación a sus propios trabajadores de la Reforma Laboral, del agujero de FUNDESCAN...etc.
Aun así, esta organización sindical nunca calificará a la UGT como un "sindicato de mierda", y no lo hacemos porque establecemos una clara diferencia entre los trabajadores honrados deUGT, que nada tienen que ver con esto y soportan la vergüenza de verse señalados, y el delirio de su camarilla dirigente.
No obstante, su insulto, su descalificación, no hace más que animarnos a seguir luchando, organizando y creciendo, en definitiva, a seguir en el camino emprendido, ni siquiera albergamos ningún rencor, porque en el FSOC sabemos que "cuando los perros ladran, es señal de que cabalgamos".
(*) Daniel Casal. Secretario Nacional del FSOC (Frente Sindical Obrero de Canarias).
sábado, 14 de septiembre de 2013
Las pensiones dejarán de revalorizarse de acuerdo al incremento de los precios.
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
ZARPAZO DEFINITIVO DE RAJOY A LOS PENSIONISTAS
CANARIAS SEMANAL
El Consejo de Ministros aprobaba este viernes el anteproyecto de ley "sobre el factor de sostenibilidad y revalorización de las pensiones". Designado con este eufemístico nombre y calificado por la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez como "la reforma social más importante que va a hacer este Gobierno en 2013", la nueva legislación provocará un drástico y continuado empobrecimiento de los jubilados del Estado español. Uno de los sectores más vulnerables de la población y con más bajos ingresos.
La medida del Ejecutivo Rajoy ha sido aplaudida por las organizaciones patronales, que las habían venido reclamando insistentemente en los últimos años. Antes del Consejo de Ministros, el secretario general de CEOE, José María Lacasa, respaldó que ya no se ligue la revalorización de las pensiones a la evolución de la inflación. "Hay que desvincular pensiones del IPC e introducir nuevas variables" - defendió el vocero del lobby empresarial.
Por su parte, CC.OO. y UGT "exigieron" este mismo viernes que se retire el proyecto, si bien no anunciaron ningún tipo de movilización para respaldar dicha exigencia. Según los cálculos realizados por los gabinetes económicos de Comisiones Obreras, la nueva contrarreforma de las pensiones supondrá para los jubilados una pérdida de poder adquisitivo durante los próximos 15 años de entre un 14,8% y un 28,3%
EL GOBIERNO PIDE "DIÁLOGO" TRAS IMPONER EL DECRETAZO
Mientras, la ministra de Empleo anunció que en los próximos días se mantendrán diversos encuentros de carácter técnico con los agentes sociales, a la vez que el llamado "factor de sostenibilidad" de las pensiones - el concepto introducido para justificar que éstas dejen de actualizarse en base a la inflación - también será "debatido" en la comisión parlamentaria delPacto de Toledo. "Queremos que haya el mayor consenso sobre algo capital, sobre el corazón del sistema de pensiones", manifestó Báñez.
En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que "la voluntad del Gobierno es "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones, pero tiene que decidir y definir el factor de sostenibilidad, algo que está contemplado en la ley".
El objetivo del Gabinete ultraconservador es que el proyecto de ley para la contrarreforma de las pensiones empiece a tramitarse en el Parlamento a finales de este mes y se apruebe"antes del 31 de diciembre de 2013".
jueves, 12 de septiembre de 2013
REFORMAS EN EL MERCADO DE TRABAJO
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"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
Claves de la 'drástica' reducción de los contratos laborales
EL ECONOMISTA
El pequeño empresario "tiene problemas para contratar por el laberinto burocrático que supone esta gran diversidad de contratos laborales existentes". Esta es la idea que ha valido a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para anunciar -como ya es habitual en materia de reformas laborales, en pleno mes de agosto-, que el Gobierno ultima un proyecto de Ley para simplificar la actual nube contractual que está obstaculizando la creación de empleo y, por tanto, la reactivación económica.
La ministra ya ha anunciado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está trabajando en una simplificación de los modelos de contratos de trabajo.La idea es reducir a tan sólo cinco los formularios disponibles para las empresas frente a los 41 que existen en la actualidad.
Según Báñez el objetivo es "facilitar e incentivar la contratación estable de trabajadores, atendiendo a una reivindicación del pequeño empresario". La gran diversidad de formularios que, ahora, incorporan modalidades específicas para casi todo, como contratos para menores de 30 años o para personas con discapacidad, se centrarán, por tanto, en sólo cinco: contrato indefinido, temporal, de relevo, contrato en prácticas y contrato de formación y aprendizaje. La ministra ha asegurado que los trabajos técnicos están ya muy avanzados pues se trata de una modificación implicará varias reformas normativas.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno ha dejado varias incógnitas sin resolver derivadas, según los más críticos, del lenguaje empleado por la ministra, para muchos "ambiguo". Y es que, los expertos laboralistas ya están censurando que tras la primera impresión que podría dar a entender que se elimina la maraña de contratos existentes, sin embargo, de una lectura más pausada se deriva que, si bien es cierto que ya no habrá 41 formularios, sino sólo cinco, eso sí, en esos cinco grandes modelos, estarán incluidos los 41 existentes en la actualidad. Es decir, que el anuncio del Gobierno supone que no se suprimirá ninguno de los contratos legales existentes actualmente ni sus condiciones, sino que únicamente se simplificará la burocracia.
De una decisión "lógica" a una "burla" del Gobierno
A la espera de conocer con más detalle la nueva propuesta, sin embargo, ya ha despertado opiniones para todos los gustos y, como era de esperar, patronal y sindicatos no se tomaron de igual manera la medida. Los sindicatos no han dudado en criticar la "sumisión" de Báñez a las exigencias de los empresarios, mientras que la patronal aplaude la medida.
De este modo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha acogido la medida con "entusiasmo y positivamente". Lo cierto es que el hecho de que la CEOE esté contenta era algo que cabía esperar. Y es que, la institución viene demandando desde hace tiempo algo similar a la reducción de formularios, apostando por la disminución de los modelos de contratación a cuatro o cinco porque, "son los que las empresas utilizan realmente". La Confederación ha calificado la decisión de "muy positiva" asegurando que la disminución de los modelos de contrato "es lo lógico". Con esta reducción, a juicio de la patronal "se simplifica la contratación", haciéndola "cómoda, rápida y sencilla".
Los sindicatos, por su parte, han recibido el anuncio de la ministra con críticas al Gobierno. UGT espera que "no suponga, una vez más, un regalo para los empresarios", a los que el Gobierno "ya benefició recientemente con la introducción de cambios en los despidos colectivos para las empresas multinacionales".
Comisiones Obreras (CCOO) ha llegado a acusar al Gobierno de "actuar al dictado de las organizaciones empresariales". Y es más, su secretario confederal de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, llegó a considerar "una burla" que la ministra de Empleo planteara la reducción del número de contratos durante una comparecencia sobre la evolución de la reforma laboral de 2012.
La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha mostrado una reacción en la línea de la patronal. La organización veía la medida "necesaria" para facilitar y clarificar la contratación en el mercado español y ha asegurado que "ningún empresario conoce todos y cada uno de los contratos vigentes". La práctica totalidad de los autónomos españoles, confiesa la institución, "desconocen los 41 modelos de contrato actuales y sólo usan a lo sumo cinco o seis".
Reforma de las pensiones
También esta semana se ha reunido la ministra Báñez con patronal y sindicatos con la idea de "lograr el mayor consenso posible" respecto de los cambios que su Ministerio planea en el sistema de pensiones -que persigue revisar cómo contener el coste creciente de las pensiones públicas-. En concreto, el Ejecutivo propone la aplicación del conocido como factor de sostenibilidad que determina las pensiones mediante dos fórmulas: su cuantía, en función de la esperanza de vida, que debe determinar el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI); y su revalorización, por los ingresos y gastos de la Seguridad Social, calculada a través del Factor de Revalorización Anual (FRA) que vendría a desvincular la subida de las prestaciones del IPC, como se viene haciendo hasta ahora.
El planteamiento del Ejecutivo, que según Báñez persigue "dar confianza, certidumbre y tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana", suaviza en algunos aspectos la propuesta original de los doce expertos designados por el Gobierno para definir el llamado factor de sostenibilidad de la pensiones, que se pronunciaban porque entrara en vigor lo antes posible, preferiblemente en 2014, y de otro lado, planteaban desvincular las pensiones de los precios y ligar su evolución al ciclo económico.
Sin embargo, finalmente Empleo se ha decantado por que la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en 2019; es decir, en la parte más alejada de la fecha sugerida por los expertos -entre 2014 y 2019-, que, en su mayoría, apostaban por implementar la medida cuanto antes "para evitar que los desequilibrios del sistema puedan verse agravados". Con ello también trata de garantizarse el apoyo de CCOO, cuyo representante votó estos ajustes, pero demorando su aplicación cinco años.
Además, Báñez ha propuesto un nuevo sistema de revalorización de las pensionesque no se base sólo en la evolución de la inflación, sino también en los ingresos y gastos del sistema, así como en su situación de déficit o superávit.
La ministra ha explicado que el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones entrará en vigor en 2014 y ha defendido que las pensiones "no van a bajar nunca" al exponer su postura ante los agentes sociales asegurando que crecerán todos los años como mínimo en torno al 0,25%. Nuevamente, se trata de una medida que da pie a otra lectura: se fija un techo para las subidas, de modo que, incluso en tiempos de bonanza, las pensiones no se revaloricen por encima del IPC más un 0,25% adicional. El texto legal probablemente se remitirá al Congreso a finales de septiembre.
Oposición "clara y radical"
Sin embargo, la postura, aún suavizada, del Gobierno no tiene demasiados adeptos. La crítica más dura ha llegado desde la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien anunció su oposición "clara y radical" a la reforma. En su opinión, la medida "conllevará una fuerte pérdida de poder adquisitivo" ya que según ha señalado"con un IPC del 2%, el recorte alcanzaría el 20% de reducción de la pensión real".
También dieron su opinión respecto de la propuesta CiU e Izquierda Unida que tampoco la aceptaron con demasiado entusiasmo. Así, el secretario ejecutivo de Economía de IU, José Antonio García Rubio, aseguró que se opondrá "incluso con la movilización, a cualquier medida que lleve a la disminución del poder adquisitivo de los pensionistas". Por su parte, desde CiU, su portavoz de en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, se mostró "preocupado por el hecho de que la medida pueda suponer pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas".
En relación a los sindicatos, la secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha reclamado una "mayor concreción por escrito de la reforma" para poder hacer una "valoración seria" y también ha mostrado sus cautelas acerca de que pueda existir "una clara pérdida de poder adquisitivo que en la práctica es una bajada de las pensiones".
Desde el Partido Popular ya se han defendido de estas críticas. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha resaltado esta semana que la reforma de las pensiones "no esconde una intención de recortar esta prestación", y ha instado a los interlocutores sociales y políticos para que trabajen "codo con codo" con el Gobierno para buscar el mayor acuerdo de cara a la tramitación del proyecto de ley.
Además, ha defendido que la reforma busca un modelo "estable, previsible y objetivo" que evite las decisiones arbitrarias de los gobiernos y se quede al margen de la discrecionalidad política.
Una Ley rodeada de polémica
Lo cierto es que, desde que viera la luz, la reforma laboral ha estado siempre acompañada de cierta polémica. Concebida desde el Gobierno con la intención de "dotar de mayor flexibilidad a las compañías con el propósito de aumentar la productividad y volver a la senda del crecimiento económico", la norma incorporó una serie de medidas que, para muchos, disfrazaban una suerte de barra libre de los despidos colectivos por parte de las empresas.
La falta de consenso, y las dudas generadas desde los distintos sectores jurídicos y desde los demás grupos parlamentarios han terminado por pasarle factura tan sólo un año y medio después de su entrada en vigor. Por ello, el Ejecutivo se ha visto obligado a retocar recientemente la reforma que, a rasgos generales, limita aún más la negociación en el marco de Expedientes de Regulación de Empleo así como el margen de los jueces para anularlos.
Las nuevas disposiciones forman parte de un paquete normativo incluido en un Decreto Ley (publicado en el BOE el pasado 3 de agosto tras su aprobación en Consejo de Ministros) titulado para la Protección de los Trabajadores a Tiempo Parcial y otras medidas de orden económico y social.
Pese a todo, en el mismo Consejo de Ministros que dio luz verde al Real Decreto, aprobó un informe sobre el impacto de la reforma laboral durante su primer año de aplicación en cuya presentación Báñez no se anduvo con rodeos y aseguró que la normativa "ha contribuido a evitar la destrucción de 225.000 empleos en su primer año de aplicación". Y además, explicó Báñez, "ha permitido que la economía pueda llegar a generar empleo con un crecimiento del 1% del PIB, cuando el paradigma anterior era que España no podía crear puestos de trabajo si no crecía más del 2%". Unos datos que Báñez ha recordado estos días como apoyo a las nuevas modificaciones anunciadas en materia laboral.
A la espera queda ahora que el Gobierno presente unas propuestas más detalladas, que puedan disipar las dudas y temores de los agentes involucrados.
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