LA PATRONAL PIDIÓ UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN PARA LAS MUJERES DE INTERSINDICAL (VÍDEO)

CANARIAS SEMANAL

El pasado martes, 29 de julio, se celebraba en el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de G.C. el juicio contra las cinco militantes de Intersindical Canaria procesadas por realizar un acto de protesta en la sede de la Confederación Canaria de Empresarios. A las puertas del Palacio de la Justicia de la capital grancanaria las activistas fueron arropadas por un centenar de personas que se concentraron para reclamar su libre absolución y expresar su rechazo al proceso.

Como se recordará, el 8 de marzo de 2012, haciendo coincidir su acción con el Día de la Mujer Trabajadora, las sindicalistas entraron en las oficinas de la patronal y desplegaron en una de sus ventanas una pancarta con el lema: "Mujeres Canarias contra la Reforma Laboral". Por esta acción reivindicativa, el lobby empresarial no dudó en denunciar a las cinco activistas y a quien dio cuenta de la misma registrándola en vídeo.

Imputadas primero por la juez instructora María Victoria Rosell, el fiscal acusa a las sindicalistas de un delito de "allanamiento" y pide para cada una de ellas un año de cárcel. Una pena que, sin embargo, se antoja insuficiente para la patronal de la provincia oriental canaria, que solicita una condena de un año y seis meses. Según manifestó su propio abogado durante el juicio, para la CEE este “extra" estaría justificado, entre otras cosas, por lanegativa de las acusadas a "mostrar arrepentimiento y pedir perdón". Momentos antes de la vista, en efecto, el letrado de los patronos intentaba doblegar a las militantes de IC,ofreciéndoles rebajar la petición de pena a cuatro meses si aceptaban redactar una carta para excusarse públicamente, asumiendo su supuesta "culpa". Una propuesta que fue rechazadainmediatamente por las encausadas.

Tras el inicio del juicio, las sindicalistas se declararon inocentes y recordaron que el acto por el que se las juzga no había tenido otro objeto más que señalar a los promotores y beneficiarios de la última reforma laboral impuesta por el Ejecutivo central.

¿UNA ACAMPADA SOÑADA POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA CCE?

Tanto la justa motivación de la protesta como su carácter pacífico fueron elementos

José Cristóbal García, Secretario General de la denunciante CCE

destacados también por el abogado de la defensa. El fiscal y el abogado acusador, por el contrario, insistieron en que la pena de prisión es la merecida por las cinco mujeres por el "allanamiento del domicilio social de una persona jurídico-privada".

Con el más que probable propósito de reforzar el peso de esta acusación, elSecretario General de la CCE, José Cristóbal García, convocado como testigo, sorprendió a los presentes al asegurar que el día en que se produjeron los hechos las sindicalistas afirmaron que"habían ido a acampar". Una afirmación novedosa que posteriormente era reforzada por una de sus subordinadas y que, sin embargo, no se corresponde con la convocatoria realizada en su día por IC ni con la acción desarrollada en la sede de laConfederación Canaria de Empresarios.

LA PATRONAL SE DESTAPA COMO "DEFENSORA" DE LOS TRABAJADORES

Sea como fuere, y acaso por la dificultad de vender a la opinión pública que unos minutos de estancia en la sede de la patronal deban pagarse con 12 ó 18 meses de cárcel, tanto el acusador del Estado como el abogado del lobby empresarial sostuvieron también que el presunto "allanamiento" se produjo con "violencia e intimidación" hacia los trabajadores de la CCE.

Aunque las imágenes incluidas como prueba en el proceso demuestran que no existió ningún tipo de agresión física o verbal por parte de las activistas, el fiscal Miguel Pallarés estimó que dicha “intimidación” existiría desde el mismo momento en que las sindicalistas no cejaron en su propósito de desplegar la pancarta pese a la negativa de los empleados de la patronal. "Coartando así -manifestó- su libertad y el derecho a la paz y la tranquilidad en su puesto de trabajo”. “Una institución privada – añadió Pallarés – que no tiene nada que ver con la reforma laboral".

Una vez más, sin embargo, la más que severa interpretación del fiscal fue ampliamente superada por el abogado de la patronal, quien consideró la frase "vamos a hacer las cosas bien", pronunciada en tono conciliador por la procesada Lucy Rodríguez, como "la máxima expresión de la intimidación".

De esta forma, si las tesis de la acusación estatal y particular terminaran por imponerse las sindicalistas serían castigadas también por "violentar e intimidar" a unos empleados que, sometidos ideológicamente al lobby empresarial, no han dudado un momento en asumir la irracional idea de que la sede de la CEE es “su” propia “casa”.

CUANDO LA JUSTICIA CHOCA CON LA LEGALIDAD

Tal desenlace, en cualquier caso, no sería en absoluto excepcional. Hoy, hay cientos de sindicalistas procesados en todo el Estado español que, en no pocos casos, se encuentran acusados de un "delito contra el derecho de los trabajadores" por participar en piquetes informativos. El mismo tipo penal por el que los activistas granadinos del 15M Carlos Cano y Carmen Bajo eran recientemente condenados a tres años de prisión.

Paradójicamente, quienes dicen actuar para defender a sus empleados de los "ataques sindicales" son los mismos patronos que, no contentos con la última contrarreforma laboral, continúan reclamando una nueva vuelta de tuerca a la legislación que convierta a los asalariados en una mercancía inerme y prescindible a coste 0.

No es esta, con todo, la única flagrante contradicción que vienen a poner de manifiesto estos juicios políticos. Mientras atreverse a llevar la protesta social a la sede de la CCE podría costarle un año y medio de cárcel a las cinco mujeres de Intersindical, la multitud de casos de corrupción político-empresarial que asolan el país acaban por disolverse en el magma de la burocracia judicial sin que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, los privilegiados responsables se vean obligados a pagar por delitos de la mayor gravedad. Una sangrante realidad que, cada día más, refleja el enorme abismo que en nuestra sociedad enfrenta a la Justicia con la legalidad.

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