La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas se dirige al presidente del Cabildo de Tenerife

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

"RECLAMAMOS UN TRANSPORTE GRATUITO PARA LA PERSONAS CON RECURSOS ESCASOS" CANARIAS SEMANAL Carta abierta a D. Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife:   Luis Pérez Serichol Domingo Méndez Rodríguez Isabel González García-Estrada Ramón Afonso. Portavoces de  la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife     Hace algo más de un año, La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife inició una acción encaminada a conseguir que el transporte público de nuestra Isla fuera gratuito para todas las personas cuyos ingresos estuvieran por debajo del salario mínimo interprofesional.  Hoy las condiciones de vida de nuestra gente no han mejorado.  La tasa de paro siguepor encima del 31% de la población activa, la de los jóvenes ronda el 59%, el número de desempleados/as que no cobra ninguna ayuda ha aumentado y el nivel de ingresos en los hogares canarios sigue reduciéndose, un 17% en los últimos seis años.  Según datos del Instituto Canario de Estadística, este descenso en los ingresos ha provocado que casi medio millón de personas vivan por debajo del umbral de la pobreza en las Islas, siendo Tenerife la que lidera esta vergonzante estadística con 214.128 personas, un 25% de su población o, lo que es lo mismo, una persona de cada cuatro.      Por todo ello, hoy igual que hace un año, seguimos basando nuestra demanda en el innegable hecho de que en el contexto de grave crisis económica en el que nos encontramos, el transporte público adquiere categoría de interés general.  Desde un principio, la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicasinició una campaña de recogida de firmas entre la población, que hemos ido presentando en varias tandas en el Registro de Entrada del Cabildo.  Hasta el momento, el número de firmas recogidas supera las 7.000. Nos hemos entrevistado con la vicepresidenta segunda y consejera de Acción Social de la Corporación, Doña Cristina Valido, y con el director insular de Movilidad, Don Manuel Ortega.  El resultado de la entrevista no por esperado fue menos desolador.  Además de no conocer siquiera que habíamos entregado miles de firmas de apoyo a nuestra petición, acabaron comunicándonos, después de alguna estéril reunión más, que no había ninguna posibilidad de que prosperara, porque la crisis y los recortes de presupuesto lo hacían imposible.  Se limitaron a remitirnos a las bonificaciones a determinados colectivos ya previstas tanto por Metropolitano de Tenerife (tranvía) como por la empresa TITSA (guaguas).  Recientemente, y como preámbulo de la próxima campaña electoral, se ha implementado desde el Cabildo una inusitada campaña de bonos que, zonificando la isla y con la utilización de sofisticados artefactos de telefonía móvil, anuncia que se rebajará el precio de los billetes.  Sin embargo, dudamos de que la gran mayoría de las personas con bajos recursos se puedan beneficiar de los supuestos efectos beneficiosos de esta tardía medida por el desembolso previo que se debe hacer y por su escasa familiaridad con la tecnología que se requiere.     Sr.  Alonso, nos dirigimos ahora a usted como presidente del Cabildo de todos los tinerfeños y tinerfeñas con la misma intención que hace un año.  Creemos que nuestra petición de transporte gratuito para personas con escasos recursos económicos no sólo es posible sino completamente necesaria, además de sostenible económicamente.  Lo único que se precisa es la voluntad política para hacerlo y que, de una vez por todas, la institución que usted preside gobierne para las personas y no en beneficio de intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía.  ¿Cómo es posible, por ejemplo, que haya dinero para el Anillo Insular, para una nueva línea de tranvía hasta Las Teresitas o para cubrir los déficits de las empresas del Cabildo, y no para que las tinerfeñas y tinerfeños sin recursos puedan desplazarse gratuitamente a buscar trabajo, realizar gestiones administrativas o acudir a los hospitales y a los centros de estudio?  ¿Cómo es posible que se diga a la gente que no hay dinero para financiar esta justa reivindicación, mientras se anuncia con gran despliegue mediático que el Cabildo está dispuesto a gastar 4.000 millones de euros en los innecesarios y antiecológicos trenes del Sur y del Norte?  Esperamos que no nos diga, señor presidente, que con esas obras se van a crear miles de empleos.  Ese fue uno de los argumentos de su partido para iniciar, contra la opinión de gran parte de la población, el innecesario puerto industrial de Granadilla; pero la realidad es otra muy distinta y la conoce todo el mundo: Una inversión de 120 millones de euros para crear apenas 75 puestos de trabajo.      Creemos además que desde el Cabildo no se ha hecho ningún cálculo real sobre lo que podría costar a las arcas públicas la puesta en práctica de nuestra propuesta.  A nuestro juicio, el único gasto sería el ocasionado por la interrupción de ingresos provenientes de las gentes sin recursos que en estos momentos utilizan el transporte público asiduamente.  El hecho de que a partir de ahora se incorporen más personas al uso de dicho transporte tampoco sería ningún problema, puesto que la gran mayoría de guaguas nunca van llenas.  Por lo tanto, no habría necesidad de inversión alguna ya que no se necesitaría ni más guaguas o tranvías ni nuevas líneas.     Ejemplos de transporte público gratuito para personas con escasos recursos hay muchos en España, pero destacamos por su cercanía el que lleva a cabo el Cabildo de La Palma que, aunque a una escala diferente, es un proyecto similar al que estamos demandando en Tenerife.      Le anunciamos, Sr.  Alonso, que no vamos a parar hasta conseguir este objetivo, convencidos como estamos de la justicia de nuestra demanda.  El sistema público de transporte de viajeros en Tenerife fue una conquista social obtenida en la Transición por las clases populares y trabajadoras.  Defenderlo es una responsabilidad colectiva.  Por ello, no nos resignamos a que el Cabildo convierta los problemas de movilidad en toda la Isla a una posibilidad de negocio, otra vez, de los constructores e importadores de coches al centrar su solución solamente en la construcción de más y más carreteras, enlaces y rotondas, mientras se abandonan o desprecian alternativas que, como la nuestra, van encaminadas no sólo a la solución de un grave problema social, el acceso de la ciudadanía a los medios de transporte, sino a potenciar el uso del transporte público y, por lo tanto, a contribuir a una solución al sistema de movilidad desde una perspectiva de sostenibilidad medioambiental.     Santa Cruz de Tenerife, a 18 de marzo de 2.015

Los inspectores reconocen que Hacienda investiga más a los asalariados.

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Los inspectores reconocen que Hacienda va a por los asalariados

EL ECONOMISTA

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, ha reconocido que la escasez de recursos y la presión por alcanzar los objetivos fijados lleva a los inspectores a centrarse en los colectivos más fáciles de controlar, como los asalariados (trabajadores por cuenta ajena) o los beneficiarios de la deducción por compra de vivienda.

"Con el número de empleados que tenemos y la presión por llegar a los objetivos se trabaja así", ha señalado Pérez Boga durante un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde ha considerado también "insuficientes" los recursos económicos.

Este tipo de fraude menor, según ha explicado, permite conseguir recaudación a corto plazo y se convierte en la "única salida" cuando escasean los medios, puesto que las grandes empresas lo tienen más fácil para recurrir a esquemas de elusión fiscal.

A medio plazo, sin embargo, el objetivo debe ser perseguir a todos los contribuyentes.

El presidente de los inspectores ha repasado las medidas que propone el colectivo y ha asegurado que se puede reducir la economía sumergida si hay voluntad para hacerlo, aunque eso requiere muchos cambios en España.

"Cuando un Gobierno ha tomado medidas claras contra el fraude fiscal ha aumentado la recaudación", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado que la presión fiscal en España es "baja", ya que el país ocupa el puesto 19 de los 28 países de la UE, a pesar de que debería ser similares a los grandes países.

Francia, por ejemplo, ocupa el tercer puesto con una presión fiscal del 45% y Alemania es el décimo, con un 39%. A su parecer, España tiene un "problema de ingresos" porque "no llega el dinero" que tendría que llegar.

En cualquier caso, ha reconocido que cualquier aumento de la presión fiscal en estos momentos se tendría que destinar a pagar la deuda y no permitiría implementar políticas adicionales.

En concreto, se ha referido a la baja recaudación del IVA y ha considerado que hay propuestas "interesantes" relacionadas con la lucha contra el fraude, pero también que aluden a la proliferación de tipos reducidos en este tributo como principal problema de su capacidad recaudatoria.

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Entrevista a D. Pedro Suárez Rodriguez, Director de Informática de Global Salcai - Utinsa

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Entrevista a D. Pedro Suárez Rodriguez, Director de Informática de Global Salcai - Utinsa

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INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Crecen en 2014 los asuntos que ingresan en juzgados y tribunales

ECOLEY

Tras cuatro años de descenso, en 2014 ha vuelto a crecer la tasa de litigiosidad, es decir, el número de asuntos que ingresan en los órganos judiciales.

El ministro de Justicia afirmó ayer a preguntas de los periodistas, que "este incremento, aunque no estoy en condiciones de sacar conclusiones, parecen ir en la idea de que las tasas no han influido mucho en el recurso de los ciudadanos a los tribunales".

Según el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el año 2014, que ayer publicó el Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en el año 2014 en los órganos judiciales españoles alcanzó un total de 8.653.160 asuntos, un 0,2 por ciento más que en 2013, rompiendo así una tendencia de disminución en la entrada de asuntos que venía produciéndose en los últimos cuatro años.

En concreto, la tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 185 asuntos por cada 1.000 habitantes. Eso sí, a pesar de este crecimiento, la buena noticia es que en el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 8.786.802 asuntos y quedaron en trámite al final del año un total de 2.562.153 asuntos, lo que significa una reducción del 4,5 por ciento respecto a los que quedaron en trámite al final de 2013.

A este respecto, explica el CGPJ, además, que se ha reducido el tiempo de respuesta judicial (según se deriva del Informe sobre los indicadores clave de la Justicia en 2014), en tanto que la duración media estimada de un proceso en primera instancia ha descendido de 3,9 a 3,7 meses, mientras que en la segunda instancia el descenso ha sido más acusado, pasando de los 5,2 meses de media estimada en 2013 a los 4,6 del pasado año.

En el Tribunal Supremo, la duración media estimada de un proceso judicial es de 11,1 meses, reduciéndose en 0,2 puntos respecto al año 2013.

Más litigios civiles

Ya por jurisdicciones, crece el número de casos ingresados en los órdenes civil y contencioso, mientras que se reducen los litigios en materia social y penal.

Explica el estudio que han crecido en un 10,5 por ciento los ingresos en la jurisdicción civil y un 8,2 en la contenciosa, mientras que la penal cae en un 2,1 por ciento y la social, del 8,8 por ciento.

La Civil es la que más crece en número de asuntos ingresados respecto a 2013, con un total de 1.845.173 de asuntos ingresados que suponen un 10,5 por ciento de incremento interanual. En esta jurisdicción, juzgados y tribunales han resuelto 1.858.581 asuntos, quedando en trámite 1.009.392.

En la jurisdicción Penal han entrado 6.173.019 asuntos, con una disminución del 2,1 por ciento, habiéndose resuelto 6.281.891 asuntos y quedando en trámite 974.878 asuntos.

En la Contencioso-Administrativa se han registrado 206.700 nuevos asuntos, con un incremento del 8,2 por ciento. Se resolvieron 234.218 asuntos y están en trámite 231.672 asuntos. Por último, la jurisdicción Social ha tenido una disminución del 8,8 por ciento por ciento en los asuntos ingresados con 427.966 nuevos asuntos. Se han resuelto 411.818 asuntos y han quedado tramitándose 346.105 asuntos.

Leer más:  Crecen en 2014 los asuntos que ingresan en juzgados y tribunales - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/6563006/03/15/Crecen-en-2014-los-asuntos-que-ingresan-en-juzgados-y-tribunales.html#Kku8tN6IHhE7NhA2

La jueza encargada del caso de la joven canaria Aisha Hernández Rodríguez, condenada a cuatro meses de prisión tras ser detenida por realizar una pintada contra el paro en Las Palmas de G.C., ha decidido paralizar su ingreso en la cárcel.

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PARALIZAN LA ENTRADA EN PRISIÓN DE LA SINDICALISTA AISHA HERNÁNDEZ

CANARIAS SEMANAL

La jueza encargada del caso de la joven canaria Aisha Hernández Rodríguez, condenada a cuatro meses de prisión tras ser detenida por realizar una pintada contra el paro en Las Palmas de G.C., ha decidido paralizar su ingreso en la cárcel, previsto para el próximo viernes 19 de marzo, mientras se resuelve la petición de indulto solicitado por el abogado de la sindicalista.

   Así lo daba a conocer la propia Hernández, en un escrito en el que relacionaba directamente esta decisión judicial con el comunicado suscrito por 37 organizaciones de las islas para manifestar su rechazo al encarcelamiento de la activista.

"ESTA ES UNA PRUEBA DE QUE SI COMBATIMOS UNIDOS PODEMOS VENCER Y CAMBIAR LA COSAS"

   "Compañeras, compañeros, no tengo palabras para agradecer la solidaridad prestada.  Estoy plenamente segura - escribía la joven  - de que sin la enorme solidaridad mostrada hacia mi caso no se hubiese logrado la buenísima noticia que voy a comunicarles y sé, por lo que están viviendo junto a mí el caso, que les alegrará tanto como a mí misma".

   Sin embargo, la militante de Azarug e Intersindical Canaria advertía también en su nota informativa y de agradecimiento del carácter parcial de esta victoria.  "Aún no puede darse la guerra del caso por ganada, pero sí que hemos ganado una batalla.  Esto es una clara muestra - afirmaba - de que cuando nos unimos y combatimos podemos vencerles, podemos cambiar las cosas, incluido el destino de las personas, el destino de la mayoría".

   "Sigo libre aunque no sé por cuanto tiempo - añadía Aisha Hernández en su escrito-, pero no importa, porque sé que llegará el punto que no tendrán celdas ni cárceles para tantos.  Ahora toca seguir combatiendo".

   Pese a la paralización cautelar de la orden de ingreso en prisión de la sindicalista grancanaria, los grupos organizadores han mantenido la convocatoria de la manifestación que partirá este miércoles 18 de marzo, a las 19.30 horas, del capitalino Parque de San Telmo, en "solidaridad con todos los represaliados y encarcelados del Estado español".

   "Nuestra intención -explican los convocantes del acto - es la de crear un Comité Anti Represión y potenciar la coordinación del apoyo a todos los presos políticos que hay a nivel estatal".

La organización sindical CATT, ha solicitado a la Comisión de Seguimiento y Control de gastos e ingresos, El patrimonio actual de SALCAI-UTINSA S.A. y su valor.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La deuda laboral seguirá, por ahora, heredándose.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

La deuda laboral seguirá, por ahora, heredándose

ECOLEY

 Hace escasos días, algunos medios periodísticos se hacían pomposamente eco de una sorprendente noticia: según una reciente resolución dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la deuda laboral de las empresas en concurso no se hereda -véase el diario Expansión de 29 de enero de 2015, p. 31-. Como vamos a ver, la resolución del Tribunal de Luxemburgo efectivamente se dictó, pero su sentido dista de ser el que quisieron describir los titulares.

Para quienes no estén familiarizados con el marco jurídico en que recala ese pronunciamiento, el actual Gobierno dictó el pasado mes de septiembre el Real Decreto-ley 11/2014, que entre otros muchos cambios introdujo nuevas reglas en la Ley Concursal (LC) en materia de liquidación y, más concretamente, en el ámbito de la venta en el concurso de la unidad productiva. Los dos preceptos que aquí nos interesan son el nuevo artículo 146 bis de la LC y el retoque -aparentemente inofensivo, pero demoledor- introducido en el artículo 149.2 de la LC.

El primero de esos artículos, en esencia, tenía como finalidad regular los efectos de la venta de la unidad productiva en el concurso en relación con los contratos y autorizaciones administrativas vigentes: una previsión necesaria, ante el silencio legal y la insuficiencia de la disciplina administrativa o civil de la novación por cambio de deudor. La nueva disposición también enunciaba un principio de "no sucesión de cargas anteriores", en cuya virtud el comprador de una unidad productiva no asumiría la deuda previa a la transmisión del deudor fallido, salvo expresa previsión legal o vinculación personal con este último.

Por su parte, la nueva redacción del artículo 149.2 de la LC, de manera gravemente asistemática en sede de planes de liquidación, venía a recoger el principio de que, en caso de que la transmisión de la unidad productiva cumpliera los requisitos para ser calificada como una sucesión de empresa, el comprador forzosamente se subrogaría en las cargas anteriores, no sólo laborales, sino también de Seguridad Social.

Una insistente petición de la Tesorería en los procedimientos concursales, que hasta el cambio normativo había sido unánimemente rechazada por la praxis de los juzgados Mercantiles -así por ejemplo, en los 'Criterios de los jueces mercantiles de Cataluña de 3 de julio de 2014'-; y que, según todos los expertos, podría cercenar radicalmente las posibilidades de que el expediente de transmisión de unidades productivas en el procedimiento concursal pudiera seguirse utilizando como un instrumento eficaz de salvamento de empresas y puestos de trabajo.

El Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona, tomando como base el marco jurídico previo a los cambios que acabamos de describir, ya tenía planteada una cuestión prejudicial -concretamente, desde el 11 de diciembre de 2013- antes de que fuera publicada la última reforma. Dicha cuestión estaba encaminada a discernir si era compatible con la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, que el juez del concurso, durante el procedimiento de transmisión de una unidad productiva susceptible de ser calificada como sucesión de empresa, garantizase al adquiriente que no se subrogaría en las contingencias de Seguridad Social anteriores a la venta: ni de los trabajadores que mantuviesen su relación laboral, ni de aquellos que con anterioridad a esa venta ya la hubieran extinguido.

Contrariamente a lo informado por la prensa económica, el Tribunal de Justicia ha venido a clarificar que el Derecho de la Unión Europea no se opone a que un Estado miembro contemple la exoneración de las cargas laborales anteriores para los trabajadores cedidos, si al mismo tiempo confiere a esos trabajadores una protección equivalente a la de la Directiva; pero tampoco impide que la legislación de dicho Estado miembro establezca que tales cargas deberán ser soportadas velis nolis por el cesionario.

Respecto de las cargas de las relaciones laborales ya extinguidas, ha venido a señalar que caen básicamente fuera del ámbito de la Directiva, pero esta última igualmente no se opone a que sean transmitidas, conforme a la legislación del Estado miembro, al comprador de la repetida unidad. En otras palabras y para simplificar (al objeto de evitar nuevos malentendidos): la Directiva invocada es absolutamente neutral en torno a la facultad de los Estados miembros de imponer que, en el caso de la transmisión de las unidades productivas en el concurso, el comprador tenga que asumir las cargas laborales y de Seguridad Social anteriores. El Derecho de la Unión Europea no es, en definitiva, una panacea para todo propósito socialmente loable.

El proceso del que traía causa el planteamiento de la cuestión venía referido al expediente concursal del Gimnasio San Andrés, ubicado en el tradicional barrio barcelonés del mismo nombre y curiosamente en la misma calle, a escasa distancia, en la que mi familia regentó un negocio durante tres generaciones (hoy cerrado, como tantos otros en la misma zona). La información comercial de la sociedad cuya explotación pretendía transmitirse en sede concursal refleja una actividad de varias décadas.

Que empresas como esta puedan verse abocadas finalmente a echar la persiana, por la adición de una iluminada coletilla de cuatro palabras en un Decreto-ley a favor de un único acreedor -o la interpretación interesada que dicho acreedor quiera imponer de la normativa anterior al último cambio legal, que viene a ser lo mismo-, es algo que indignará a propios y extraños del barrio. Como yo formo parte de los primeros, a mí desde luego me indigna un poquito más. Por ello creo que, dejando al margen la ambigua respuesta del Tribunal de Justicia, lo que como mínimo merece un aplauso es el esfuerzo dedicado por el juez mercantil núm. 3 de Barcelona al planteamiento de la cuestión.

Por Carlos Nieto Delgado. Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid

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¿CUANTO VALE UNA EMPRESA?

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Valor contable por acción

www.expansion.com

Sánchez-Galán, José Ramón

I. CONCEPTO

El Valor Contable por acción (VCA), determina el valor de la empresa obtenido "en libros" o contable por cada título en poder del accionista. El valor de la empresa se obtiene según su patrimonio neto (activo menos pasivo exigible).

El VCA se calcula a partir de la siguiente expresión:

Valor Contable de la Acción (VCA) = Patrimonio Neto / número de acciones

Por tanto:

• - El patrimonio neto de una empresa es el que se obtiene a partir del registro de las operaciones de la empresa, los estados financieros y el valor de los derechos e inversiones de su actividad, excluyendo las deudas contraídas. En definitiva, lo que la empresa realmente vale en caso de liquidación. El valor del patrimonio neto no plantea muchas dificultades para su obtención ya que se puede determinar a partir de la documentación contable al uso.
• - Por número de acciones se entiende los títulos en circulación o emitidos. Comprende el total de las acciones ordinarias que, en el caso de empresas cotizadas, suelen incluirse preferentemente estas últimas.
• - Así, averiguar el valor contable de una acción es relativamente fácil: basta con dividir su patrimonio neto entre el número de acciones en circulación. El resultado es el valor teórico de la empresa en caso de liquidación.

II. VALOR CONTABLE Y VALOR DE MERCADO

El valor contable establece el precio teórico de las acciones a partir de los datos de los registros contables en caso de que la empresa finalice su actividad y haya que liquidarla. El valor contable integra el activo, el pasivo y el neto todo documentado y registrado.

El valor de mercado, sin embargo, depende directamente de lo que sucede en el tiempo y depende más de las expectativas que los inversores tienen sobre la actividad futura de la empresa para comprar hoy y vender mañana.. Por ejemplo, si la empresa tiene buenas posibilidades, aunque en ese momento su precio teórico no haya ascendido, su valor de mercado subirá debido a que mucha gente empezará a comprar acciones de dicha empresa. Si, por el contrario, es de esperar un descenso o incluso un estancamiento potencial de la empresa, el valor de mercado bajará (más vendedores que compradores se darán cita para negociar) permaneciendo inalterado el valor contable.

La diferencia entre el valor contable y de mercado es el fondo de comercio o el (goodwill en la terminología anglosajona) que refleja el componente cualitativo y difícilmente cuantificable de la empresa: su marca, su imagen al mercado, la capacidad de know how, la experiencia, la forma organizativa, etc.

Por otra parte es necesario tener en cuenta que una empresa que no cotiza en bolsa, apenas diferirá el valor contable de sus acciones del valor de mercado, puesto que apenas sí hay negociación sobre sus títulos. De ahí que el Valor Contable tenga más relevancia para empresas en Bolsa.

III. INCONVENIENTES

El principal problema radica en la valoración de los activos: los activos de la sociedad suelen figurar a sus precios de adquisición o, simplemente, estar referidos a sus cuentas trimestrales ya que este valor está afectado por la prudencia de los principios contables. De ahí, que en circunstancias normales, el Valor Contable sea inferior al valor de mercado de las acciones. Por tanto, el valor contable o precio teórico daría el precio real que vale la empresa.

IV. EL PRECIO / VALOR CONTABLE

El Precio / Valor Contable se calcula dividiendo la cotización de la acción por su valor contable. Es utilizado sobre todo en el análisis fundamental con el objetivo de determinar si por un título se está pagando muy por encima de su precio teórico, con lo cual resultaría demasiado cara. Cuanto mayor sea esta ratio más caro está el valor de la acción.

LA HISTORIA DE UN FRACASO ANUNCIADO, TRENES DE CANARIAS

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Fondos para trenes: historia de un fracaso anunciado, según Ben Magec

SB-Noticias

Ecologistas en Acción de Tenerife denuncia que el Gobierno de Canarias solicita fondos europeos para unos trenes que no solucionarán los problemas accesibilidad, y que provocarán un enorme impacto ambiental y un lastre económico para Canarias.

El Gobierno de Canarias solicita casi 450 millones de euros de cofinanciación europea para la partida dirigida a infraestructuras de transporte de los fondos FEDER para el periodo 2014 – 2020 para, entre otras cosas, y según el extracto de la propuesta “completar los itinerarios de la red básica (core) de la RTE-T, en particular de la Red Ferroviaria (con la de carreteras en cierre de mallas y conexiones internacionales) tanto para transporte de viajeros como de mercancías”.

El total del presupuesto solicitado para financiar esta partida “en la que, y aunque no se especifica, es lógico pensar que el grueso de la misma vaya destinado a sufragar los trenes” es de 484.139.101,00. Esta parte corresponde al 80% de cofinanciación de la Unión Europea, lo cual significa que 121.034.775,25 deberán salir de las arcas públicas locales.

Ecologistas en Acción de Tenerife denuncia que la inclusión de los ferrocarriles entre las obras a subvencionar, “supondrá un importante derroche de dinero público para unas infraestructuras muy dañinas y totalmente inútiles. El derroche de fondos tanto europeos como propios se suma al volumen de dinero ya gastado en el diseño de los proyectos y sus numerosas actividades de promoción, y las previsiones arrojan datos muy negativos en cuanto a la rentabilidad futura de estos trenes”.

Señalan que “cabe recordar que estamos hablando de proyectos de trenes que no podrán prestar  servicio a la mayoría de la población, puesto que no se trata de un tren de cercanías, con numerosas paradas, sino de un tren de “velocidad alta” que deberá dejar sin servicio a la mayoría de municipios que atraviese. Es por eso que, por ejemplo, el del sur de Tenerife sólo contará con 7 paradas, dos de ellas en Granadilla (San Isidro y Aeropuerto Sur) a pesar de que atraviesa 11 municipios”.

El colectivo ecologista recuerda que, en el caso del Tren del Sur, quedarían afectados cinco monumentos naturales1 entre los que destaca la Montaña de Guaza, que será atravesada por un túnel de 2.770 metros. También en Tenerife, el Tren del Norte “además de la afección al Espacio Natural Protegido de Costa de Acentejo (T-36) y numerosas casas habitadas, causará un daño severo a una de las zonas más productivas de la isla, puesto que afectará a, al menos, 130 hectáreas de pequeñas explotaciones, que significan un 3 % de la superficie agrícola cultivada en las dos comarcas más afectadas”.

“La construcción de los ferrocarriles no afecta únicamente al terreno sobre el que se instala la vía. También es preciso construir todo un enmallado de vías de servicio, carreteras y nuevos accesos a la autopista, cuyo impacto no se ha evaluado seriamente. Por otra parte están las estaciones, aparcamientos y centros comerciales que se contemplan en los proyectos ya diseñados, que también ocuparán una importante extensión de suelo y afectarán en múltiples aspectos a la configuración urbana y la economía local”.

Ecologistas en Acción denuncia que “la intención del Gobierno de Canarias y los partidos que lo conforman está muy alejada de solucionar los problemas de accesibilidad en la isla, prueba de ello es la cada vez más precaria situación del transporte público existente en Tenerife, que además de los  incesantes recortes en servicios y la falta de inversión, se manifiesta cada vez más en las cada vez peores condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, con lo que ello supone para la calidad y la seguridad del servicio”. Añaden que “y eso por no hablar de la situación del transporte colectivo en las islas no capitalinas. Además, una vez más resaltamos que no resulta creíble que el objetivo de este proyecto sea reducir el uso del vehículo privado cuando paralelamente el Cabildo insular insiste una y otra vez en la ejecución de nuevas autovías ( Anillo insular, via exterior, ....)  y la construcción de terceros carriles en las autopistas del norte y sur de la isla”.

Concluyen señalando que “la verdadera intención más parece tener que ver con continuar ahondando en un modelo productivo basado en la construcción y el turismo, con la ejecución de infraestructuras y en el afianzamiento de los polos turísticos como único objetivo de inversión. Es para ello para lo que se están adaptando desde las normas territoriales como la Ley de Armonización, a otras que les afectan como la de Inversiones Estratégicas para Canarias, y cerrando presupuestos justo antes de las elecciones”.