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El Congreso tumba el decreto de los estibadores: la debilidad del Gobierno se hace evidente
EL ECONOMISTA
El real decreto ley del Gobierno para reformar del sector de la estiba portuaria ha sido rechazado este jueves por el Pleno en el Congreso, con lo que se convierte en el tercero de la Democracia que no logra superar la preceptiva convalidación en la Cámara Baja. Tras ello, los estibadores han desconvocado los paros.
El decreto ley ha sido derribado dado que recibió 175 votos en contra, los de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), la antigua Convergència (PDeCAT), Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canarias, frente a los 142 votos a favor que han sumado el PP, sus socios electorales de UPN y Foro Asturias, y el PNV. Por su parte, Ciudadanos ha optado por la abstención (32 votos más un error en el PSOE).
El texto legal, en vigor desde su publicación en el BOE y que ahora queda anulado, tenía como objetivo liberalizar el sector de la estiba, el de los trabajadores que se encargan de cargar y descargar los barcos en los puertos, con el fin de que cumpla con la normativa europea a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga por ello una sanción a España.
No obstante, el decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, ha llegado a su debate en el Congreso sin que se lograra alcanzar un acuerdo en el ámbito laboral de la reforma con la patronal y los sindicatos del gremio.
Dado que la mayor parte de los grupos parlamentarios vincularon su respaldo a la reforma a que tuviera el respaldo del consenso del sector, el texto legal finalmente ha recibido más votos en contra que a favor y, por lo tanto, no ha superado el preceptivo proceso de su convalidación en el Congreso.
Es el tercer decreto tumbado en democracia
Con el rechazo hoy por parte del pleno del Congreso del real decreto para reformar el sector de la estiba son ya tres las ocasiones en las que la Cámara Baja ha tumbado una figura normativa de este tipo, después de los precedentes de 1979 y 2006.
En 2006, en la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, una treintena de diputados socialistas se equivocaron el 9 de febrero de 2006 cuando se votaba el real decreto ley por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, de manera que fue rechazado por el pleno con 152 votos a favor y 169 en contra.
El decreto, que había sido aprobado por el gabinete de Zapatero el 20 de enero, fue derogado, y el Consejo de Ministros tuvo que aprobarlo de nuevo y llevarlo a pleno otra vez. Esa vez no hubo fallos y salió adelante.
La otra ocasión en la que no prosperó un decreto ley del Gobierno fue en 1979, cuando la Diputación Permanente del Congreso rechazó la convalidación de un decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento. Fue el 6 de febrero de aquel año, con las Cortes ya disueltas, y el propósito del decreto era prorrogar "por el tiempo indispensable" la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.
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