El pacto sobre las 'cláusulas suelo' no obligará a los bancos a negociar

EL ECONOMISTA

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El arbitraje exprés que ultima el Gobierno obligará a los bancos a informar a los clientes con cláusulas suelo hipotecarias de que tienen a su disposición el mecanismo y atenderles si el consumidor lo reclama, sin tener, sin embargo, que ofrecerles una solución compensatoria de considerar que el contrato es legal. En la práctica se deja la vía judicial abierta tanto al banco como al cliente que prefiera recurrir a ella o esté insatisfecho con la oferta indemnizatoria realizada por su entidad financiera, según el real decreto que el Consejo de Ministros aprobará mañana y tras garantizarse ayer el apoyo del PSOE, junto al logrado previamente con Ciudadanos.

El sistema, instrumentado para impedir que los juzgados se saturen por una problemática que afecta a 1,5 millones de familias y podría costar otros 4.000 millones a las entidades, resuelve así el tema más espinoso. El mecanismo extrajudicial prioriza la devolución al cliente en metálico.

El mismo Tribunal Supremo reconoce la legalidad de estas condiciones contractuales, aunque obligó en 2013 a BBVA, Novagalicia -Abanca- y Cajamar a anular las que aplicaban a particulares y en 2015 a una parte de las fijadas por el Popular, al considerarlas abusivas, porque su comercialización no garantizó que el consumidor sabía a que se exponía.

El fallo, avalado por la Corte de Luxemburgo, está inspirando al resto de instancias judiciales, si bien, la realidad tozuda es que, al final, la mayoría de procesos acaba dando la razón al consumidor. Y es en ese momento cuando obliga a la entidad a devolver el dinero cobrado de más por la activación de unos topes que impidieron al cliente ahorrarse dinero cuando el euríbor colapsó.

No puede hurtar la función del juez de decidir si cada cláusula es o no abusiva ni el derecho de banco y cliente a defenderse. Pero, a fin de equilibrar ambos factores, el mecanismo introduce varios condicionantes para disuadir picarescas o la imposición de estrategias corporativas en detrimento del afectado e, incentivar, a la vez la negociación. En primer lugar, la entidad estará sujeta a dar una respuesta fundamentada y razonada, sea positiva -con una oferta para la devolución del dinero- o negativa. El incumplimiento del protocolo, incluso en la fase de información, será considerado punible conforme al régimen sancionador fijado por la ley 10/2014 de Ordenación y Disciplina de entidades financieras.

Y para fiscalizar el correcto seguimiento y evitar, por ejemplo, que un banco rechace por sistema las reclamaciones para dilucidar el problema en los tribunales, se crea además una comisión. El órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones lo integrarán representantes del Banco de España, de los ministerios de Economía, Justicia y Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, junto a representantes de los consumidores y de la abogacía por petición expresa del PSOE y Ciudadanos para apoyarlo.

La comisión elaborará informes semestrales, se reunirá a convocatoria del presidente del organismo y estará capacitada para recabar información de las entidades. Sin embargo, su formulación ha quedado algo más abierta al ser una demanda impuesta por el PSOE en el último momento y cuyo desarrollo normativo se abordará más tarde, para no demorar la aprobación del real decreto que regulará el sistema de mediación, cuya puesta en marcha será obligatoria el mismo día de su publicación en el BOE.

Junto a las reglas para garantizar el correcto seguimiento incorpora incentivos a fin de servir de estímulo a la negociación e inclinar a las entidades a dar soluciones al mayor número posible de clientes.

Incentivos y sanciones

Los bancos se librarán de las gravosas costas procesales -llegan a 3.600 euros- si pactan una solución con el cliente, si se allanan cuando el consumidor litigue o si el fallo del magistrado es igual o, incluso, menos generoso que su propuesta compensatoria previa. En este último caso, ambos podrían ahorrarse los costes. Sólo tendrán que pagar la partida en caso de que el juez fije una suma superior a la ofrecida.

"Que nadie pueda, detrás de los consumidores, hacer un negocio extra", subrayó el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, en referencia a que, a la vez que se estimula al banco a buscar una solución para resarcir al consumidor, se ahuyenta a bufetes que tratan de hacer su agosto llenando los juzgados de demandas y desaconsejando al cliente hablar con el banco con el régimen fijado para las costas.

Saura fue, junto a la presidenta de la Comisión de Justicia del PSOE, Margarita Robles, quienes adelantaron las líneas claves del sistema tras alcanzar el pacto con el Gobierno. La inicial negativa socialista inclinó al Gobierno a cambiar hasta su formulación para convertirlo en imperativo para la banca y ha retrasado su aprobación dos veces en el Consejo de Ministros. Ambos, junto a Ciudadanos, indicaron que será una vía para agilizar al máximo el resarcimiento a los afectados, sin que sufran quitas ni les cueste dinero. "Favorece a los ciudadanos y permite ejercer sus derechos de forma fácil, ágil y gratuita", reivindicó el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. La banca tendrá tres meses para dar una solución y ejecutarla, frente a los hasta dos años que puede consumir un proceso judicial, refirió Robles.

No obstante, aún hay flecos y matices reformulables, algunos de relieve. No queda claro si las entidades deberán avisar a todos sus clientes con suelos del sistema o se ahorrará la notificación cuando crean que el juez daría la razón al banco. El ministro de Economía, Luis de Guindos, subrayó que el Gobierno establece el mecanismo extrajudicial para que el consumidor recupere su dinero antes, pero la negociación queda entre él y el banco.