RECLAMAN QUE EL PRESIDENTE DE LA U.D. LAS PALMAS CUMPLA SU PENA DE PRISIÓN POR DELITO AMBIENTAL

CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La Federación ecologista Ben Magec ha reclamado que el presidente de la UD Las Palmas y del Grupo RALONS, Miguel ángel Ramírez, cumpla la condena por delito ambiental a la que fue sentenciado tras haber ejecutado obras ilegales en un espacio protegido

Los ecologistas denuncian que el polémico empresario - también imputado por un presunto fraude multimillonario a la Seguridad Social y la Hacienda Pública - "está intentando sortear una vez más la condena a la que fue sentenciado en el año 2010", y advierten que recurrirán un posible indulto si, finalmente, el Gobierno en funciones accede a conceder esta "medida de gracia" al polémico empresario.

"Miguel Ángel Ramírez Alonso -recuerdan desde la Federación ambientalista - está a la expectativa de entrar en prisión para cumplir los tres años de condena e inhabilitación para el ejercicio de la actividad de la construcción a los que le condenó el Juzgado de lo Penal número 5 de las Palmas de Gran Canaria en el año 2010. Se le imputa un Delito contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente al haber construido en su finca, 'La Milagrosa', donde tiene una vivienda, sin autorización y en ningún caso autorizables, un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos, una nueva vía, muros y una pajarera con la tala de múltiples árboles". El suelo afectado es una zona de especial protección por sus valores medioambientales y paisajísticos".

Los ecologistas recuerdan, igualmente, que tras la ampliación de la Sentencia por parte la Audiencia Provincial de Las Palmas, "el Presidente de la U.D Las Palmas, muy bien relacionado con el Partido Popular de las Islas Canarias, y en concreto con José Manuel Soria solicitó y consiguió un indulto parcial del Gobierno de Mariano Rajoy (Real Decreto 863/2013) con el que conseguía rebajar la pena a dos años, con la obligación de demolición de todo lo ilegalmente construido".

Ben Magec - Ecologistas en Acción solicitó entonces la anulación de este indulto "por falta de equidad, justicia y utilidad pública" además de por otros argumentos de fondo. Para ello, presentó Recurso Contencioso Administrativo contra la decisión del Consejo de Ministros ante la Sala tercera del Tribunal Supremo.

"Gracias a esta denuncia -afirman desde Ben Magec - el Tribunal anuló el Decreto del Gobierno por vulnerar el procedimiento establecido para los indultos el 8 de junio de 2015. Sin embargo, no entró en el resto de asuntos de fondo alegados por la organización".

Miguel Ángel Ramírez, dueño de empresas de seguridad con concesiones en todo el Estado a cuenta de varios órganos públicos (Defensa, Seguridad Social y el Metro de Madrid, entre otros), de nuevo ha vuelto a reiterar la solicitud de indulto, al encontrarse con que el Juzgado de lo Penal 5 de las Palmas le ha dado fecha hasta octubre de este año para ingresar en prisión.

El cumplimiento de la condena es una solicitud del Ministerio Fiscal que, entendiendo que las penas hay que cumplirlas, alerta de que en el caso de este empresario se podrían estar utilizando medios "torticeros" para la prescripción de la sanción, de manera que se imposibilite finalmente su ejecución.

Es competencia del Gobierno en funciones la concesión del indulto. "Entendemos que todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso de los Diputados no estarán dispuestas, a estas alturas, a seguir dando muestras que todo vale cuando de gentes con grandes recursos económicos se trata", declara la organización ambiental.

Ecologistas en Acción ya manifestó que Ramírez "no había dado muestras de arrepentimiento y que no se había justificado la necesidad del indulto por el Gobierno".

"Además -recuerdan - hay una oposición clara del Ministerio Fiscal y del Juzgado de lo Penal número 5 de Gran Canaria. Por añadidura, los órganos de la Administración Insular que velan por la protección del Medio Ambiente tampoco han sido consultados, siendo éste un procedimiento preceptivo en estos casos. Además, no se han acometido las obras de rehabilitación del suelo a su estado original con la eliminación de los kilómetros de caminos asfaltados, los depósitos y las construcciones ilegales, tal y como recoge la sentencia de condena".