Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

jueves, 6 de febrero de 2014

Los ecologistas presentan un recurso contra el perdón gubernamental

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ INCUMPLE LA CONDICIÓN LEGAL PARA RECIBIR EL INDULTO

CANARIAS SEMANAL

El pasado lunes, la organización Ecologistas en Acción hacía público que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el indulto concedido al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, condenado por construir en un paraje natural protegido, por entender que esta medida está "totalmente injustificada".

Como se recordará, en el 2010 el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenaba a Ramírez - dueño del Grupo Ralons y de Seguridad Integral Canaria- a tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 43.260 euros por un flagrante delito contra la ordenación del territorio. Ignorando a conciencia la legislación medioambiental el presidente de la U.D. Las Palmas había "extendido" su finca La Milagrosa invadiendo elespacio protegido de Pino Santo, en Teror (Gran Canaria).

En noviembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado recogía el indulto concedió al al empresario grancanario que, según la documentación destapada a raíz del Caso Bárcenas,fue uno de los principales financistas del Partido Popular entre los años 2010 y 2011.

A través de un comunicado, la organización ecologista ha denunciado que el indulto deMiguel Ángel Ramírez se produce en un momento de "permisividad ante delitos medioambientales y urbanísticos".

Los ambientalistas critican, además, que el Gobierno "condicionara la efectividad del indulto a que el empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas, derribe las obras que realizó ilegalmente, cuando eso es algo a lo que ya estaba obligado por la misma sentencia que lo declaró culpable de un delito contra la ordenación del territorio".

La realidad es, sin embargo, que ni la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas ni el hecho de que, efectivamente, el Código Penal establezca que para beneficiarse del indulto deber proceder al derribo solicitado, han inquietado lo más mínimo al bien relacionado empresario. Unos tres años después de que el tribunal le conminara a hacerlo, y dos meses después de recibir el agradecido perdón del Ejecutivo Rajoy, Ramírez continúa sin mover ni una sola piedra de su obra ilegal. Y no parece que tenga ninguna intención de hacerlo.

Hace escasas fechas, la magistrada titular del juzgado responsable del caso recordaba al propietario de Seguridad Integral Canaria que "no ha cumplido los requisitos establecidos en el artículo 80 del CP" para beneficiarse de la "suspensión de la pena". La juez, sin embargo, en contra del criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente, ha decidido "aplazar" su decisión al respecto hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso presentado por Ramírezpara intentar revisar su condena. La defensa del empresario, por su parte, pretende que el Supremo anule definitivamente la sentencia y le permita "legalizar" las obras. Un desenlace que, a tenor de las buenas relaciones de Miguel Ángel Ramírez, no se puede considerar en absoluto improbable.

Mientras espera, sin duda con absoluta tranquilidad, la decisión del alto tribunal, Ramírezseguirá beneficiándose del indulto gubernamental sin tener que cumplir con la establecida obligación de satisfacer la responsabilidad civil por el delito cometido. Y eso que, según el monarca español “irresponsable” por obra y gracia de la Constitución del 78, en este país “la ley es igual para todos”.