martes, 15 de febrero de 2011
El auto judicial resuelve la demanda ejecutiva provisional planteada por Guaguas Municipales para proceder a la ejecución de la sentencia dictada en junio de 2010.
La empresa Global deberá depositar en el juzgado de primera instancia número 1 de Las Palmas de Gran Canaria un listado de bienes y derechos «suficientes para cubrir la cuantía» de la sentencia que le obliga a pagar 3,3 millones euros a Guaguas Municipales, en compensación por el uso de la tarjeta insular de transporte.
La orden judicial que obliga a Global a depositar bienes y derechos por un importe equivalente a 3,3 millones de euros fue dictada el pasado 2 de febrero, y notificada el 8 de febrero, fecha a partir de la cual el juez establece un plazo de diez días para hacer efectiva la aportación del listado de bienes embargados.
El auto judicial resuelve la demanda ejecutiva provisional planteada por Guaguas Municipales para proceder a la ejecución de la sentencia dictada en junio de 2010, que reconoce a la compañía pública de viajeros de Las Palmas de Gran Canaria el derecho a cobrar 2,9 millones de euros más los intereses de demora acumulados por la venta de títulos de la tarjeta insular de transportes entre los años 2001 y 2003, equivalentes a 397.013,15 euros.
La sentencia está pendiente de la apelación presentada en su día por Global, pero el juez concede la reclamación «a favor de la solicitante al haber acreditado su condición de acreedor», por lo que ordena al secretario que decrete el embargo.
La reclamación de Guaguas Municipales se remonta al uso de la tarjeta insular de transportes entre los años 2001 y 2003, periodo en el que la compañía municipal dejó de vender el título de viaje, aunque aceptó su uso por parte de los viajeros.
En ese periodo, la única empresa que vendió los títulos fue Global Salcai Utinsa, por lo que Guaguas Municipales reclamó una compensación en función del número de viajeros que utilizaron el abono en los trayectos urbanos. El juez dio por válidos los argumentos de la compañía capitalina en una sentencia dictada el 3 de junio de 2010, después de varios intentos de llegar a un acuerdo extrajudicial que finalmente fracasaron. La demanda se formalizó en abril de 2008, mientras se estudiaba la venta de acciones de la empresa pública.
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