lunes, 29 de febrero de 2016
Los expertos piden medidas para aumentar los ingresos en pensiones
"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"
EL ECONOMISTA
En contra de lo que ha sucedido en buena parte de Europa, la tasa de trabajadores mayores que continúan en activo se ha reducido en España en relación a 2007 -año en que se inició la crisis económica- y pasa a ser una de las más bajas del continente.
A este grupo pertenecen, en concreto, aquellos empleados con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años. Con estas cifras como trasfondo, reaparece el debate sobre las reformas pendientes a nivel económico y que pasan, no solo por una nueva revisión del sistema de pensiones, sino también, por incentivar la natalidad y elevar la productividad.
De acuerdo con un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos, a partir de datos de Eurostat, el porcentaje de empleados mayores ha menguado dos décimas en España entre 2007 y 2014, para situarse en el 44,3%. Lo llamativo es que, en ese mismo periodo, ese porcentaje ha pasado del 44,5% al 51,8% de media en la Unión Europea, y que nos aleja del 74% que ostenta Suecia, del 65,6% de Alemania o del 64% de Estonia, los países que lideran el ranking.
Bien es cierto que España ya parte de una tasa de actividad reducida, como recuerda Almudena Semur, coordinadora del Servicio de Estudios del IEE. De hecho, solo está empleada el 56% de la población en edad de trabajar, un porcentaje muy escaso en comparación con el de otros socios europeos, como Alemania (74%), Dinamarca (73%) o Francia (64%).
El empeoramiento de la situación económica a lo largo de los últimos años y el envejecimiento de la pirámide poblacional han provocado un cambio de estrategias claro dentro de la Unión Europea. José Manuel Martín, socio de Sagardoy Abogados considera decisiva la resolución aprobada el 11 de noviembre de 2010 Retos demográficos y solidaridad entre generaciones del Parlamento Europeo, con la que se buscaba orientar a los estados miembros a la hora de implantar el envejecimiento activo entre sus ciudadanos.
Se trata, así, de promover un sistema de jubilación flexible que permita al empleado seguir trabajando y cobrar o no parte de la pensión, de forma que siga contribuyendo a la caja de la Seguridad Social. El objetivo a perseguir sería poner en valor la experiencia.
Sin embargo y, en nuestro caso, pese a que permitir una mayor flexibilidad en relación a la edad en la que una persona se jubila puede tener efectos positivos, esto no permite hacer frente a los problemas de suficiencia que aquejan al modelo de pensiones. "Lo que se ha hecho hasta ahora en España es cambiar únicamente los parámetros y, por tanto, parchear un sistema que por definición será inviable si no se incrementa el número de cotizantes", explica Martín.
Con la introducción del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones (a través de las dos últimas reformas) se ha logrado que el sistema de pensiones público contributivo, tal y como lo conocemos, pueda financiarse. Con todo, Almudena Semur incide en que el modelo sigue sin ser suficiente por dos motivos: el número de cotizantes por jubilado irá disminuyendo con el paso del tiempo y la esperanza de vida de los nuevos jubilados irá aumentado con certeza. Esto supondrá que los ingresos del sistema disminuyan con el tiempo y que, por contra, aumenten los gastos.
Desde el IEE dibujan, así, un panorama en el que el coste de la vida suba, año a año, más que el propio índice de revalorización (que lo haría como mínimo un 0,25%), por lo que las pensiones contributivas irán perdiendo, progresivamente capacidad adquisitiva.
Así y si no se adoptan medidas, nuestro sistema de reparto contributivo convergerá a un sistema de reparto asistencial, en el que los actuales cotizantes, cuando se jubilen, recibirán una pensión mínima que tendrán que complementar con algún plan privado de ahorro individual para garantizarse un nivel de consumo más o menos aceptable.
Dado que la principal debilidad del sistema está en sus ingresos, Semur apuesta por medidas indirectas para fomentar la natalidad y por políticas encaminadas a potenciar el capital humano y a incrementar la productividad, a través de la educación.
Así, considera que la propuesta del Ministerio de Empleo de complementar las pensiones de jubilación, viudedad e invalidez a las mujeres con hijos podría ser una fórmula a analizar como medida de apoyo a la maternidad -y no solo tener un carácter compensatorio, como sucede actualmente-.
Otro tipo de reformas irían encaminadas a acabar con la asimetría entre las bajas de maternidad y paternidad, a flexibilizar los horarios laborales, a potenciar el teletrabajo (reconocido en la Reforma Laboral de 2012) o a aprobar ayudas públicas que fomenten la conciliación de la vida profesional y personal.
En lo relativo a las iniciativas directas, desde Sagardoy Abogados inciden en la importancia de mandar un claro mensaje incentivando fiscalmente los planes de pensiones (tanto los individuales, como los de sistemas empleo, que son los que promueven las empresas).
En su informe The New Flexible Retirement, publicado la pasada semana, la aseguradora Aegon refleja hasta qué punto la jubilación flexible está aún lejos de convertirse en una realidad en nuestro país. De hecho y, según sus cálculos, el 44% de los trabajadores españoles confían en poder retirarse por completo a la edad de 65 años.
Etiquetas:
CRISIS ECONÓMICA,
JUBILACIÓN,
LABORAL
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