La salida del Sahara ha sido para España la principal causa de su desprestigio internacional durante el último tercio del siglo XX

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El Sahara, la última colonia.

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EL ABANDONO

La salida del Sahara ha sido para España la principal causa de su desprestigio internacional durante el último tercio del siglo XX. Ninguna potencia colonial, después de 1945, ha hecho una dejación similar de su responsabilidad, hacia la población colonizada como nuestro país hacia los saharauis, que un día incluso tuvieron nuestra nacionalidad y su territorio fue declarado provincia española. Pasados más de 35 años del abandono, los nómadas no han logrado todavía culminar el proceso de autodeterminación, al que según las leyes internacionales tienen derecho.

Hassan II aprovecha muy bien, en los últimos días de la vida del general Franco, la debilidad que presenta el Estado español sobre todo causada por la inseguridad de su clase política a la hora de asumir el poder y las responsabilidades del Estado. Para los pertenecientes al régimen que acaba conservarlo sin perder la legitimidad y para los que llegan alcanzarlo sin provocar una ruptura social. La clase política española está con la mirada puesta en la sucesión de la Jefatura del Estado y en los problemas que plantea la articulación de un nuevo régimen político. La guerra fría, el Magreb y la suerte de los habitantes del Sahara no están entre sus preocupaciones más acuciantes. Sin embargo para los EEUU el Sahara va a constituir una pieza esencial para lograr la estabilidad regional, pero sobre todo para el control sin sobresaltos del Mediterráneo.

El análisis geoestratégico que realizan desde el Departamento de Estado y desde la CIA, Henry Kissinger y Vernon Walters, son coincidentes y muy favorables para Marruecos en sus intereses regionales a corto y medio plazo. España ocupada en otros asuntos de carácter interno no va a dar al asunto la importancia que tiene y tampoco va a ser consciente del desgaste internacional que le va a suponer, al no encontrarse una salida válida que sea capaz de conciliar la legalidad internacional con los intereses que en ese momento apoya la Casa Blanca.

Los elementos que manejan los analistas norteamericanos, para recomendar una línea de acción, son de una gran complejidad política por el riesgo que implica la situación regional existente, así como para poder defender a su principal objetivo en el sur de Europa y que no es otro que el Estado de Israel. Son los siguientes:

1º. Los acontecimientos políticos ocurridos en Portugal, a consecuencia de la revolución de los claveles, abren un interrogante sobre su papel en la OTAN. Es decir si la apertura a la libertad va a significar sólo eso o si, por el contrario, va a significar algo más como sería en la hipótesis más peligrosa un acercamiento a la URSS. En este último supuesto, la operatividad futura de la base de las Azores estaría en peligro y en consecuencia el control en profundidad sobre el estrecho de Gibraltar.

2º. La incertidumbre originada en España, por la enfermedad del general Franco, acentúa el riesgo de inestabilidad al norte del estrecho por el cambio incierto de un régimen político que llevaba casi cuarenta años en el poder. El sucesor a la Jefatura del Estado, el príncipe Juan Carlos, es aceptado con muchas reticencias por las principales familias del régimen franquista; es rechazado de entrada por la izquierda que le apoda “el breve” por su falta de legitimidad democrática, al haber sido designado a dedo por el dictador; y tampoco es aceptado por su padre don Juan legítimo depositario de la legitimidad dinástica de la Casa de Borbón.

3º. La tradicional aspiración de Argelia, firme aliada de la URSS, de alcanzar la costa atlántica para conseguir la hegemonía en el Magreb, se vería facilitada con la creación de un nuevo país, entre Marruecos y Mauritania, que por ser dependiente políticamente de Argel le abriría el deseado pasillo hacia el océano Atlántico.

4º. La riqueza en fosfatos y petróleo que posee el Sahara. Marruecos y los EEUU. Son los mayores productores mundiales del primero y desde el ácido fosfórico puede obtenerse uranio. Permitir el acceso a estas reservas estratégicas a Argelia suponía facilitar una mayor penetración de la URSS en África.

5º. La debilidad política por la que atraviesa Marruecos. En 1971 tiene lugar un levantamiento militar con el asalto al palacio de Skirat y que se saldó con más de 100 muertos, su mayor parte diplomáticos y miembros de la Corte, y en 1973 el ministro del Interior, general Ufkir, encabezó otra intentona para acabar con la vida del rey durante su viaje de regreso desde París. Cualquier acontecimiento que tuviera lugar en la región y fuera desfavorable para Marruecos, en el equilibrio que Rabat mantenía con Argel por la hegemonía en el Magreb, podía tener una repercusión política negativa para la estabilidad del trono y para los intereses norteamericanos y franceses.

Todos estos factores van a converger en la necesidad estratégica de asegurar la estabilidad en el Mediterráneo occidental, que permita la libertad de movimientos de la VI Flota, pieza esencial para el mantenimiento de los intereses de EEUU en Oriente Próximo. Para lo cual se valoran los riesgos que supondría, por un lado la inestabilidad política existente en España y Portugal y, por otro un eventual reforzamiento de Argelia en detrimento de Marruecos. Para Kissinger la hipótesis más peligrosa era que la inestabilidad de la península Ibérica terminara por materializarse y que simultáneamente un reforzamiento de Argel desequilibrara el trono alauí y la correlación de fuerzas existente en el Magreb, que permitiera la expansión soviética en la zona. La decisión norteamericana estaba sustentada en unos criterios objetivos y en un pragmatismo político y donde, como es evidente, prevalecían sus intereses de control militar por encima de cualquier consideración de derecho internacional.

Con arreglo a la anterior valoración, la línea de acción que el Secretario de Estado le propone al Presidente Ford es la de reforzar a Marruecos militar y económicamente, con la colaboración de Francia, para asegurar así su estabilidad política interna y a partir de la cual pueda ejercerse el control absoluto de la costa atlántica y del norte de África, por si la hipótesis más peligrosa de todas las contempladas tuviera lugar. A partir de ese momento, la “marcha verde” ya sólo será un problema logístico pues la decisión de realizarla ya había sido tomada como la mejor manera de materializar la línea de acción adoptada. La organizaran agentes de la CIA con dinero kuwaití, una vez que se consigue que el gobierno español no plantee problemas. Es interesante señalar que Kissinger al ser preguntado por su Presidente sobre el contenido del dictamen del TIJ, le dice que ha sido favorable a Marruecos lo que era una falsedad, con arreglo a las dos cuestiones de fondo que le habían sido planteadas al Tribunal por la asamblea General, de esa manera el Secretario de Estado soslayaba el obstáculo que podían representar las reservas morales y mentales de un Presidente que había tenido que sustituir a Nixon por el escándalo del Watergate y cuya inseguridad personal era el rasgo más predominante de su carácter en aquellos momentos.

El mayor obstáculo español lo constituye Franco que no es por principio favorable a permitir presiones o chantajes del vecino del sur. Cuando es informado por Arias, en uno de sus momentos de lucidez durante su internamiento en el hospital Gregorio Marañón en 1974, llega a ordenar la declaración de guerra a Marruecos. A los pocos minutos vuelve a entrar en crisis y, Arias con la colaboración de Carro y Solís incumplen la orden del general y se aprestan a seguir las instrucciones del “amigo americano” para abandonar el Sahara. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores Cortina Mauri partidario de resistir la presión marroquí fue apartado de su responsabilidad, en lo concerniente a este asunto, que asumió el ministro del Trabajo Solís Ruiz quien además de su cargo ministerial llevaba la representación de los intereses económicos del rey de Marruecos en España.

La mayor ignominia de la política exterior española desde las abdicaciones de Bayona, por Fernando VII y Carlos IV a favor de Napoleón, tuvo lugar en el palacio de Marrakech. Por parte española el ministro de la Presidencia Carro, por Marruecos Hassan II. Este último sólo consentiría en parar la “marcha verde” cuando el ministro español accediera a solicitárselo por una carta ¡cuyo texto sería dictado por el propio sultán!

El Príncipe Juan Carlos, como Jefe del Estado interino, tampoco hace un papel airoso durante estos días. Se empeña en realizar un viaje relámpago al Aaiún, donde convence con facilidad a los mandos militares de la firmeza del gobierno y de la necesidad de mantenerse firmes. Mientras negociaba con Hassan II, utilizando los buenos oficios de Vernon Walters, la retirada de las tropas españolas y la anexión de la antigua provincia española al reino alauí. Lo cierto es que aprovechando su ascendiente sobre los militares el príncipe les hace creer que aquello que ellos desean es también lo que quiere el gobierno, ocultándoles la realidad de los hechos.

La actitud del príncipe está motivada por el marco estratégico descrito, que es la causa determinante, y por la necesidad imperiosa de contar con el apoyo norteamericano y francés para afianzarse en el trono. Para estos dos países la estabilidad de Marruecos no era en 1975 un asunto negociable, por ello si Juan Carlos necesitaba el apoyo internacional para afianzarse en España, no podía seguir otro camino que el que le dictaban desde Washington y París. Es evidente que la solución que favorecía las ambiciones marroquíes iba a suponer una vulneración en toda regla del espíritu y la letra de la Carta de San Francisco que fue el germen del nacimiento de la ONU, al finalizar la segunda guerra mundial. La deuda contraída con los saharauis para afianzar el trono español, supondría que las letras las iría pagando la nación española, a lo largo de los años, en la forma de desprestigio internacional.

Si desde un punto de vista de praxis política puede comprenderse, aunque no se comparta, la traición de 1976. La contumacia de los sucesivos gobiernos españoles al seguir apoyando el expolio del Sahara, la vulneración sistemática de los Derechos Humanos y el incumplimiento de la legalidad internacional, a costa de nuestro prestigio, tiene muy difícil explicación en el 2012, pues ya no pueden argüirse razones geoestratégicas o de afianzar una transición. Sólo cabe una explicación, la de los intereses personales creados durante estos años entre los dos países; el sultán pagando la factura y numerosos españoles recibiendo el pago por trabajar para él. El rey de España que tiene una deuda con el pueblo saharaui, todavía no la ha pagado, es quizás el mayor beneficiario de esta situación y tampoco hoy puede achacarlo a la inestabilidad del trono. España no puede ir bien si su prestigio es inversamente proporcional al beneficio material que obtiene la Corona con respecto a Marruecos, a largo plazo tampoco es una buena señal para la monarquía.

Por los acuerdos de Madrid, España cede la administración del Sahara a Marruecos y Mauritania, con el compromiso de las nuevas potencias ocupantes de organizar un referéndum en el cual los saharauis puedan elegir su destino final. Una vez que nuestro país abandona el territorio, se inicia una guerra de resistencia liderada por el Frente Polisario que impide el control territorial efectivo y el abandono, en 1979, de Mauritania, cuya zona es ocupada por Marruecos. La ONU se dio por enterada de los acuerdos una vez constatado por su Secretario General, Kurt Waldheim, que los EEUU sólo contemplaban la anexión final por Marruecos, pero sin hacer cuestión de los plazos. Aunque nunca reconoció el cambio en la titularidad de la administración del territorio, que sigue recayendo en España.

———————————————————————————————II

EL DICTAMEN DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA

En su dictamen sobre la cuestión del Sahara Occidental, de octubre de 1975, el tribunal reafirma el derecho de los pueblos a su libre determinación. Para lo que se fundamenta, de manera determinante en lo expresado en la Carta de las Naciones Unidas (arts. 1, 55 y 56; y capítulos XI y XII) y en la resolución 1.514 en la que el derecho a la libre autodeterminación, de los países y pueblos coloniales sería proclamado en los términos siguientes: en los territorios…no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y una independencia absolutas. En un dictamen de 1971, el TIJ ya había reconocido el valor jurídico como Derecho Internacional positivo de la Declaración contenida en la Resolución 1.514.

El dictamen también se fundamenta en las resoluciones 1.541 y 2.625, y define el derecho de los pueblos a la libre determinación en función de la necesidad de respetar la voluntad libremente expresada por aquellos, lo que viene a suponer una norma de Derecho Internacional aplicable a la descolonización de todos los territorios no autónomos colocados bajo la supervisión de la ONU.

Sobre estas bases el TIJ analiza las diferentes Resoluciones referidas a Ifni y Sahara, adoptadas por la Asamblea General entre 1966 y 1973, y afirma que en todas ellas la AG afirma el derecho de la población saharaui a la libre determinación pese a las reivindicaciones formuladas por Marruecos y Mauritania.

El Comité de los 24 decidió en noviembre de 1966 un tratamiento jurídico distinto para la descolonización de ambos territorios. Para Ifni acordaba una transferencia de poderes cuyas modalidades debían acordarse con Marruecos. Para el Sahara se invitaba a España a establecer sin dilaciones las condiciones que permitiesen asegurar el ejercicio de los derechos de la población autóctona del Sahara para la autodeterminación y la independencia.

En su Resolución 2.929 la AG, diciembre de 1966, establecía que la descolonización del Sahara supone la aplicación del principio de autodeterminación y que el cauce para el ejercicio de dicho derecho era la organización de un referéndum, bajo los auspicios de la ONU. La AG lo reiteraría en sus Resoluciones: 2.354, de 1.967; 2.428, de 1.968; 2.591, de 1.969; 2.711, de 1970; 2.983, de 1.972; y 3.162, de 1.973.

Por su Resolución 3.292, de 1.974, la AG pedía a la potencia administradora que dejara en suspenso el referéndum que había previsto organizar durante el primer semestre de 1.975 para remitir el asunto al TIJ y que este pudiera emitir su dictamen a las cuestiones que le planteaba la Asamblea, aunque precisando que tal aplazamiento no afecta al derecho de libre determinación de las poblaciones del Sahara Occidental, de conformidad con la Resolución 1.514. Es decir toda la operación de la “marcha verde” ya está funcionando pero incluso entonces la ONU no se aparta del hilo argumental que la da legitimidad para erigirse en árbitro de la situación: la letra de su propia Carta. El TIJ insistirá en su dictamen al afirmar que el derecho de las poblaciones del Sahara a la autodeterminación constituye un elemento de base de las cuestiones planteadas al Tribunal por la Resolución 3.292.

La primera cuestión planteada al TIJ era si en el momento de la colonización por España era una “terra nullius” y si la respuesta era negativa ¿cuáles eran los vínculos jurídicos de este territorio con el reino de Marruecos y el conjunto mauritano?

El Tribunal afirma que en el momento de la colonización española el Sahara no era “terra nullius”, existían vínculos jurídicos entre el Sultán de Marruecos y algunas tribus que habitaban el territorio, así como derechos, comprendidos algunos derechos sobre la tierra, que constituían vínculos jurídicos entre el territorio y el conjunto mauritano. Pero que, por el contrario, no había sido establecida la existencia de vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental, de una parte, y el Reino de Marruecos o del conjunto mauritano de otra, por lo que el Tribunal no ha verificado la existencia de vínculos jurídicos que por su naturaleza pudiesen modificar la aplicación de la Resolución 1.514 y, en particular, la aplicación del principio de libre determinación a través de la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio.

El texto del TIJ es a primera vista ambiguo, pues reconoce vínculos jurídicos con el sultán de algunas tribus y por otro lado señala que no ha sido establecida la existencia de vínculo jurídico de soberanía entre el territorio y Marruecos o el conjunto mauritano. Es decir por un lado, existen vínculos de carácter personal “d`allégeance” entre un soberano feudal y algunos nómadas, pero por el otro no ha existido una sujeción de soberanía del territorio del Sahara a otro territorio, sea Marruecos o Mauritania. Es decir, la sumisión o servidumbre de algunos individuos a un soberano feudal no puede condicionar la libre autodeterminación de todo un pueblo que ha pastoreado y guerreado por un territorio que siempre ha sido libre. Defender lo contrario sería ponerse al lado de los principios feudales y hacerlos prevalecer sobre los principios que conforman la comunidad internacional, cuando se crea la ONU al terminar la guerra mundial en 1.945. En definitiva el TIJ llega a la conclusión de que no existía vínculo jurídico alguno que pudiera influir sobre el principio de libre determinación, ya que nada indica que en el momento de la colonización por España existiese un único Estado, que englobase los territorios de Marruecos y el Sahara o Mauritania y el Sahara y que hubiese sido desmembrado por el colonizador, hecho que justificaría su reconstitución. El Tribunal da así un marco jurídico contemporáneo a las cuestiones planteadas, sino que además subraya la prevalencia de la Resolución 1.514 y sienta el principio de que es la población la que determina el destino del territorio y no al revés, por lo que el reconocimiento de la existencia de vínculos jurídicos en el momento de la colonización no puede tener más que un efecto marginal sobre las opciones abiertas a los habitantes del territorio, por eso la consulta a los habitantes del territorio en proceso de descolonización es un imperativo absoluto.

Desde la entrada en vigor de la Carta de San Francisco, el Sahara se convirtió en un territorio no autónomo. Por esa razón, la potencia administradora tiene el deber de reconocer el principio de la primacía de los intereses de los habitantes del territorio y de desarrollar la capacidad de las poblaciones para establecer un gobierno propio. Los vínculos anteriores que pudieran existir antes de la colonización española están sometidos al derecho intertemporal, por lo que no pueden ser un obstáculo para la aplicación del principio de la libre determinación.

Si analizamos ahora el contenido de la Resolución 2.625 que dice: el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene… una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra… que existirá hasta que el pueblo no autónomo haya ejercido su derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios. Vemos que el Sahara por ser un territorio no autónomo tiene un status internacional que no puede desaparecer, sea cual sea la razón coyuntural aducida, hasta que los saharauis hayan ejercido su derecho a la libre determinación.

Me parece evidente afirmar que, desde un punto de vista objetivo, el derecho de los saharauis a la libre autodeterminación viene avalada no solo por el dictamen del TIJ de 1.975, sino también por el Derecho Internacional que la ONU genera con sus Resoluciones desde 1.945. La decisión de ampliar Marruecos a costa del Sahara es posterior a la elaboración de los principios jurídicos que dieron lugar al fin del colonialismo decimonónico durante la guerra fría. El enfrentamiento entre bloques sirvió como coartada para hacer que los intereses estratégicos prevalecieran aunque ello supusiera condenar a todo un pueblo a perder su tierra.

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LAS CONSECUENCIAS DEL ABANDONO

La estrategia de Kissinger, adoptada por el Presidente Gerald Ford, resultó con el paso del tiempo errónea en lo que se refiere a Marruecos. Las previsiones para la hegemonía alauí en el Magreb no han dado resultado gracias al espíritu de resistencia demostrado por los hombres del desierto. La guerra ha supuesto una losa para el desarrollo del país ya que ha tenido que dedicar una gran cantidad de recursos para mantener la ocupación militar y sin que ello le haya reportado el control de todo el territorio. El Frente Polisario cuenta así con unos territorios que al haber sido liberados de la ocupación marroquí, le concede un status internacional importante de cara al mantenimiento de su derecho. El sultán, por su parte, explota los recursos económicos del territorio sin que se note que los mismos reviertan en el bienestar del pueblo saharaui y habiendo tenido que construir un muro testigo de su ilegal conquista. El muro es la demostración más evidente del fracaso de la invasión marroquí y de las posteriores políticas de integración.

J.F.K. dijo en su visita a Berlín en 1.963, refiriéndose al muro levantado en la RDA, “yo soy un berlinés…es una ofensa no sólo contra la historia, sino contra toda la humanidad; porque separa familias, divide esposos y esposas, hermanos y hermanas; y divide a un pueblo que desea reunificarse”. La existencia de este muro hace todavía más ridícula la propuesta del sultanato de conceder algo que no le pertenece, una “amplia” autonomía a un pueblo al que por la fuerza se le ha privado de su derecho. Kennedy si hoy viajara al Sahara también tendría que decir “yo soy un saharaui”.

En 1.975 los norteamericanos también pensaron que una pequeña población nómada absorbida territorialmente por Marruecos, con la misma religión y cultura, sería integrada en el reino sin mayores problemas, si no en la primera generación sí en la segunda. Hoy, puede decirse que tanto las políticas de colonización e como las de integración, formuladas por Hassan II, han fracasado y se han convertido simplemente en políticas de represión y tortura. El motivo es muy simple, los marroquíes jamás contemplaron el hermanamiento con sus vecinos del sur sino sólo su dominio y la posesión de su territorio. Esa ceguera étnica de Rabat sería una de las principales causas de la resistencia al sultán de los saharauis. Por eso la propuesta marroquí de conceder al Sahara una amplia soberanía no es creíble, al estar dictada por las circunstancias y ser además incompatible con el sistema de poder absoluto del que goza nuestro vecino. Pero, sobre todo, su concesión es inviable pues ni Mohamed VI ni su nación tienen la soberanía sobre el Sahara y cualquiera puede entender que no puedes conceder aquello que no te pertenece, a lo sumo puedes apoderarte de ello con el argumento de la fuerza, pero nada más. Otra vez más resulta patética la política exterior española, controlada por el lobby marroquí, que se empeña en apadrinar una solución que únicamente sería posible si la desearan los saharauis libremente, pero no a cambio de no celebrar el referéndum de autodeterminación.

Las causas geoestratégicas que en buena medida aconsejaron la “marcha verde” también han desaparecido, en primer lugar la hipótesis más peligrosa que contemplaba la inestabilidad política en España y Portugal no tuvo lugar, ambos países culminaron su transición política con su ingreso en la CEE y su incorporación a las organizaciones de Defensa europea. En segundo término, el fin de la guerra fría deja sin sentido el beneficiar militarmente a un país del Magreb en detrimento de sus vecinos, en lugar de buscar el equilibrio regional por la vía del entendimiento político, la cooperación económica y el libre acceso a las materias primas existentes. Finalmente hoy la hipótesis más peligrosa no reside en que un país, u otro, sea el hegemónico en la región sino en el auge y fortalecimiento del integrismo fundamentalista islámico y, este no aparece por generación espontánea sino por el fracaso social y económico de las políticas que han implementado los diferentes regímenes del Magreb. Sólo una modernización estructural en estos países puede permitir una distribución más justa de la riqueza que permita enfocar unas reformas políticas y sociales hacia una mayor participación de los ciudadanos y que permitiría establecer un horizonte asumible de esperanza vital. De no hacerlo el integrismo fundamentalista es la única opción que les queda a una gran masa de personas que viven al norte del Sahara.

La situación actual recomienda ayuda para la modernización del Magreb por parte de los países desarrollados en un marco de cooperación regional y no de enfrentamientos bilaterales. Poner el acento en la democratización de estos países, como si fuera un imperativo categórico, es un error ya que el Corán es además de una doctrina una guía de conducta social; por ello en este momento histórico la democracia no es factible en la mayor parte de los países del norte de África. Cada nación debe ser capaz de encontrar su propio camino siguiendo las pautas de reparto, solidaridad y cooperación, pero sin soliviantar las creencias religiosas de nadie.

Si la política auspiciada por los EEUU se basaba en la defensa de sus intereses en el Mediterráneo y en última instancia asegurar el apoyo militar y logístico a Israel. La política exterior francesa tenía por objetivo preservar su influencia en el Magreb gracias a su acción exterior sobre Marruecos, Túnez y Mauritania. El primero de estos tres países era el único tenía las condiciones geográficas para detener las aspiraciones argelinas hacia el Atlántico. El mantenimiento de su influencia, una vez que Argelia veía sus aspiraciones truncadas, consistía en ver reconocido su papel de árbitro en la región, circunstancia que era posible si desplazaba de las decisiones sobre la descolonización del Sahara a la última potencia administradora: España. Pero gracias también a su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.

España en 1.975, se vio así pillada en medio de una tenaza. Por un lado, su situación política interna no la hacía un aliado fiable para preservar los intereses norteamericanos en el Próximo Oriente; por otro, nuestro vecino del norte no contemplaba el poner en peligro su influencia regional por apuntalar nuestro status y nuestro prestigio internacional. Nuestra debilidad exterior les beneficiaba.

La dejación de las responsabilidades de descolonización, por parte del último gobierno de la dictadura, tenía una causa moral profunda y era el resultado de la cobardía de una clase dirigente insegura de su futuro e incapaz de hacer valer la legitimidad que le otorgaba el cumplimiento del Derecho Internacional, que era donde residía su fuerza y su principal baza para negociar con los EEUU, con Francia y también con la ONU.

Es interesante comparar el caso del Sahara con otro caso coincidente en el tiempo, el de Timor oriental. Indonesia, con una población cercana a los 100 millones de personas y principal aliado de los EEUU en el sudeste asiático, intenta apoderarse de la colonia portuguesa que estaba pendiente de ser descolonizada. Portugal, situada a varios miles de kilómetros, con una transición política bastante delicada y con una situación económica muy débil, supo garantizar la independencia de Timor al impedir la ambición territorial del nuevo aspirante a colonizador, preservar el Derecho Internacional y poner a salvo su prestigio internacional.

La dejación de sus responsabilidades políticas por los más altos cargos en el organigrama del Estado español, sin distinción de ideologías, fue generosamente recompensada por el sultán de Marruecos bajo la forma de dinero, de poder o de ambas cosas a la vez. A costa, claro está, del prestigio internacional de nuestra nación y, de lo que es mucho más importante, de la vida de varios miles de nómadas. La clase política emergente no era mejor, a pesar de la postura inicial del PSOE favorable a la libre autodeterminación de los saharauis, la diplomacia española se ha ido distanciando progresivamente de estos y asumiendo, con el patrocinio francés, no sólo las tesis favorables a Rabat sino haciendo a veces de telonera de violaciones de los Derechos Humanos, como cuando permitió la entrada en España de Aminetu Haidar a la que se le había vedado su entrada en el Aaiun, después de haberle sido retirado ilegalmente su pasaporte. Pero nuestra diplomacia no sólo sabe disculpar y tapar las violaciones de los DDHH, también sabe mirar para otro lado cuando se la provoca, como cuando concede el placet para ser embajador en Madrid a un saharaui, desertor del Frente Polisario, para quien los encantos del sultán han sido tan irresistibles como para tantos personajes de nuestra élite política.

Si se busca una explicación a ¿Por qué el gobierno español sigue actuando en contra de los intereses nacionales, cuando la situación internacional ha cambiado sustancialmente? Pueden darse varias razones aunque la principal es que Marruecos ha logrado establecer en España un lobby en el que militan los políticos más influyentes de la Casa Real, el gobierno y los partidos políticos. En este ámbito la labor desarrollada por Hassan II y Mohamed VI ha resultado todo un éxito.

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LOS DERECHOS HUMANOS

ZP tan sensible, y con razón, al sufrimiento en Irak y a la persecución sufrida por los monjes budistas, actúa activamente a favor de las acciones que desarrolla Mohamed VI en la violación flagrante a los Derechos Humanos que tiene lugar en el Sahara. A pesar de estar el reino alauí acusado, por las principales organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, de practicar de manera sistemática la tortura, los secuestros y las desapariciones en los territorios ocupados, como reconoció en el año 2008 el ex ministro de Hassan II Khali Khenna Ould Errachid quien declaró: “…tres o cuatro oficiales del ejército que han cometido lo que se podría llamar crímenes de guerra contra prisioneros, pero fuera del ámbito de la guerra…muchos civiles fueron lanzados al vacío desde helicópteros o enterrados vivos porque eran sospechosos de simpatizar con las tesis independentistas”. La anterior declaración la efectuaba con todo su descaro y sin ser presionado. El gobierno español sabía perfectamente, en la década de los 80, de las torturas y de las desapariciones que se estaban produciendo en su antigua colonia. Metido como estaba González en el tema del GAL, lo que pasaba en el desierto debía parecerle normal, a pesar de haber firmado en Ginebra, en 1988, el Convenio sobre los Derechos Humanos.

Por su parte la ONU ha mantenido una postura vergonzante en este asunto, al ser la MINURSO la única misión que tiene destacada en el mundo sin competencias para velar por el respeto a los DDHH.

La violación sistemática a estos derechos por parte de Marruecos comienza a ser insoportable para los gobiernos de EEUU y Francia, que ven como la opinión pública de sus respectivos países está cada día más en contra de la actuación del rey marroquí. En ese sentido hay que entender las declaraciones de altos funcionarios norteamericanos en el sentido de “…no tener intención de presionar al Frente Polisario para que acepte la proposición de autonomía…EEUU desea una solución pragmática bajo los auspicios de la ONU…y han acogido favorablemente las ideas contenidas en la proposición saharaui… “. También la petición realizada por varios parlamentarios europeos, en la Asamblea Francesa, para que Francia respetara el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui antes de asumir la presidencia de la UE. Parece evidente, que el cambio de rumbo de la política francesa respecto al Sahara se producirá en el momento que el pragmatismo norteamericano tome carta de naturaleza efectiva y no sólo declarativa. El trabajo actual del lobby francés es el trabajar para que esa nueva percepción en Washington no se materialice y se produzca el cambio en el Consejo de Seguridad. París es telonero de la Casa Blanca, al igual que Madrid lo es del Elíseo.

El Consejo de Ministros español, en lugar de trabajar en torno al pragmatismo de los EEUU y de poner sobre el tapete internacional su condición de antigua metrópoli, se dedica a abastecer de armamento a Marruecos, unas veces como donaciones y otras utilizando los fondos de ayuda al desarrollo. España también envía alimentos a los campamentos, pero esa circunstancia no equilibra el tema sino que más bien lo recubre con un manto de hipocresía humanitaria. Esta política de abastecimiento militar a un régimen que: vulnera los acuerdos de Madrid de 1.976; viola el Convenio de Ginebra sobre los Derechos Humanos; incumple de manera sistemática las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y utiliza el crimen y la tortura para suplantar una soberanía que no le pertenece. Hace a nuestro gobierno cómplice y encubridor de todos estos desmanes.

La sensibilidad hacia los Derechos Humanos, de una parte significativa del pueblo español, no tiene nada que ver con la actuación del gobierno que los representa, como volvió a ponerse de manifiesto con la multitudinaria manifestación celebrada, a finales del año 2010, en protesta al desmantelamiento a sangre y fuego del campamento de Gdeim Izik, cercano al Aaiún, en donde se habían instalado más de 20.000 personas para protestar pacíficamente, contra las condiciones de vida que tenían que soportar en la capital del Sahara.

El territorio, primero fue cerrado informativamente para después organizar la caza al saharaui, en la más absoluta impunidad, por colonos marroquíes dirigidos por policías y soldados. Gracias al apagón informativo ordenado desde Rabat, no ha sido posible saber el número de muertos, desaparecidos, heridos y torturados que ha producido esta masacre con visos de genocidio.

Según iban creciendo las víctimas, destacados miembros del gobierno español rivalizaban en transmitir su “comprensión” a la opinión pública española, lamentando los hechos pero sin condenarlos. Seguían así la doctrina impartida por Elena Valenciano, quien pedía rigor contra cualquier improvisación en la valoración de los hechos. En esa primera oleada comprensiva hacia Rabat, Ramón Jaúregui, ministro de la Presidencia, afirmaba en sede parlamentaria que el campamento destruido estaba en el núcleo duro de la soberanía marroquí. Más tarde en los pasillos rectificó, señalando que se refería a la administración del territorio. No hay ningún país, incluidos EEUU y Francia, que reconozca la soberanía de nuestro vecino sobre el Sahara que es un territorio pendiente de descolonizar y por ello con el derecho de sus habitantes a elegir su destino. La administración tampoco la tiene reconocida Marruecos por la ONU que, en una resolución de 2002, señala a España como la potencia administradora del Sahara. Es difícil aceptar tamaño desconocimiento por parte del ministro de la Presidencia; es más fácil pensar que prefirió mentir en sede parlamentaria, para ayudar al sultán, pues el coste político de la mentira parlamentaria es en España prácticamente nulo. En cualquiera de los casos es impresentable. Podía aplicarse el ministro la doctrina Valenciano y tener rigor antes de hacer declaraciones.

Mientras tanto Trinidad Jiménez en Bolivia regalando jamones, manera poco honorable de viajar si fuera cierto que había sido alertada por su colega marroquí de lo que iban a hacer. Ya en España pedía que había que ponerse “en el lugar de Rabat” para evitar que lo consideraran como una injerencia. Es difícil ponerse en el lugar de un país que asesina y tortura a la gente por protestar, tampoco se comprende que pueda preocuparle la eventual acusación de injerencia, cuando al reino alauí sólo le compete liberar un territorio que está ocupando de facto desde hace 35 años ¡Que tiempos aquellos! en los que la ministra se ponía pegatinas con la leyenda “Sahara libre”. Después achacaba a la ausencia de un informe fiable la razón para no actuar. En los primeros días ella pensaba que ese informe iba a proporcionárselo Marruecos, así que nuestra ministra le otorgaba graciosamente al país violador el status de juez y parte. Al comprobar las reacciones a su absurdo planteamiento rectificó, y en adelante ya sería la ONU la redactora del informe salvador.

Jiménez parecía ignorar que son más de 40 personas las que tiene su ministerio desplegadas en Marruecos y que entre sus misiones está la de informar de manera veraz al Estado. Además también cuenta con el despliegue del CNI que también están capacitados para contarle lo que pasa y poderla orientar sobre las consecuencias de su inhibición. No es de recibo, el que trate de convencernos que la información existente no es fiable porque los corresponsales de prensa no pueden entrar en el Aaiún. El gobierno tiene sus propias fuentes de información e inteligencia para estar debidamente informado.

Rubalcaba lograba las mayores cotas del esperpento gubernamental, al recibir en Madrid a su colega marroquí, acompañado para mayor escarnio, del general Benslimane que es buscado en Francia por el asesinato de Ben Barka y por la Audiencia Nacional como imputado por el genocidio saharaui y todo ello para aceptar su versión, a pesar de las evidencias existentes en sentido contrario. Esta visita supone la aceptación implícita por nuestro gobierno de constituir el Sahara un asunto interno del país vecino o como dice Jaúregui “el núcleo duro de la soberanía”. España no debió aceptar, y menos en las actuales circunstancias, una interlocución sobre nuestra antigua colonia que no sea entre los ministros de Asuntos Exteriores, o con el sultán. Mucho menos aceptar que este sujeto venga a reírse a nuestra propia casa acompañado de un general que está buscado por la Interpol. Si exceptuamos el caso del ministro de la Presidencia Carro Martínez, ningún miembro del Consejo de Ministros había llegado nunca a una indignidad semejante en nuestras relaciones bilaterales, como la perpetrada por el actual vicepresidente en su entrevista con Cherkaui.

Como remate a este panorama, ZP se pone en plan estadista para defender las violaciones del rey de Marruecos a los Derechos Humanos, según el modelo Palmerstón, “Gran Bretaña no tiene amigos ni enemigos permanentes, sólo intereses y en su defensa siempre empleará todos los medios que tenga a su alcance”, al declarar que las relaciones bilaterales con Marruecos son una cuestión de Estado y que España tiene unos intereses que defender de manera prioritaria. Al parecer la vida de Baby Hamday Buyema, ciudadano español empleado en Foss Bucraa y asesinado con saña por la policía marroquí, durante el ataque al campamento, ni es asunto de Estado ni entra dentro de la defensa de los intereses españoles. El descaro presidencial para encubrir la “razón de Estado”, sólo es superado por su incompetencia para gestionar las relaciones exteriores de España.

Las relaciones con cualquier país son un asunto de Estado, no sólo Marruecos, parece como si el Presidente tratara de establecer una diferencia con el resto de las naciones y nuestro vecino fuera asunto diplomático aparte y concerniente a la Casa Real. Si es así, está equivocado pues según la Constitución las relaciones exteriores, sin excepción, corresponden al gobierno y este no puede hacer dejación de su responsabilidad, ni siquiera en el Jefe del Estado.

Defender los intereses a costa del prestigio internacional es un contrasentido, pues este es la condición necesaria y previa para emprender cualquier acción exterior. Según la ONU España sigue siendo la potencia administradora, el abandono de su responsabilidad en beneficio de un tercero es fuente de nuestro desprestigio no de nuestra fortaleza, sobre todo si con ello se favorece el genocidio y la tortura. Los intereses y la seguridad de nuestra nación se defienden con firmeza, cooperación y buena vecindad en el marco de un espíritu de reciprocidad, no con la debilidad que genera el miedo y que parece comparte todo el Consejo de Ministros. El interés de nuestro pueblo es sobre todo la estabilidad regional, no los negocios en Marruecos del rey de España o el chalet en Tánger de Felipe González. Para defenderse de un vecino expansionista hay que empezar, en el propio país, por controlar a los lobbys que trabajan en su beneficio. En ningún caso puede admitirse que nuestra seguridad dependa de cerrar los ojos y la boca ante el derramamiento de la sangre de unos nómadas del desierto.

“Cuando un país que se ve obligado a escoger entre la paz y el honor, elige la paz. Se verá obligado a combatir con deshonor, en poco tiempo”, le decía Churchill a Chamberlain en la Cámara de los Comunes poco antes de iniciarse la GM II. Es evidente que la acción política de ZP se rige por la filosofía del segundo.

Los políticos mencionados que cuando estaban en la oposición fueron tan sensibles a la opinión pública, cuando Aznar nos introdujo en la guerra de Irak, deberían también saber que muchos ciudadanos de este país tampoco quieren que otros paguen con su sangre o su dolor la incompetencia de los gobiernos españoles que han detentado el poder desde 1.975. Tampoco consideran que Ceuta, Melilla o Canarias deban defenderse encubriendo el terrorismo de Estado que practica Rabat con los saharauis.

La Resolución 1.920, aprobada por el Consejo de Seguridad el 30 de abril de 2010, viene a certificar la consolidación del statu quo existente en el Sahara y ha supuesto una aparente victoria para Marruecos aunque también marca la debilidad argumental de Francia, artífice de su redacción, al omitir de la misma cualquier referencia a los DDHH y a los recursos naturales que son dos importantes cuestiones de fondo. Mucho más si se tiene en cuenta que los marroquíes habían alegado el mismo día de la votación “que tenían motivos extremadamente serios para oponerse a que los Derechos Humanos en el Sahara se sometieran a escrutinio internacional”.

En lo referente a los recursos naturales, el Sahara como territorio no autónomo tiene una consideración distinta de la del país ocupante, hasta que haya ejercido su derecho de autodeterminación. Marruecos no puede suscribir tratados con terceros para la explotación de unos recursos que no le pertenecen, por eso la UE si renueva, por ejemplo, el tratado de pesca en el banco sahariano con el reino alauí está siendo cómplice del expolio, como ha sucedido en diciembre del 2013 cuando el Parlamento europeo ha dado luz verde a la firma del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, habiendo reconocido implícitamente la soberanía marroquí sobre el Sahara occidental, violando así la legalidad internacional y la doctrina de la ONU, plasmada en las numerosas resoluciones aprobadas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las NNUU.

Es extravagante, que el SG de la ONU se haga eco alguna vez de las numerosas violaciones a los Derechos Humanos que se producen en el Sahara y no dote a la MINURSO de competencias en materia de DDHH.

La propuesta marroquí de conceder al Sahara una autonomía no mereció la atención de los miembros del CS, la resolución evitó así caer en una solución – trampa, pues sería admitir que el rey de Marruecos puede ceder algo que no le pertenece. La soberanía pertenece a los saharauis, que son los únicos capacitados para decidir su futuro. Por otro lado esa propuesta marroquí tiene todas las características de un espejismo, ya que el mismo concepto de autonomía está en las antípodas de la propia naturaleza del sultanato, que es en este caso un régimen despótico y teocrático. Para ser viable una autonomía en el país vecino sería preciso cambiar antes toda su superestructura. Pero no hay cuestión, pues estamos hablando de un territorio sobre el que no tiene soberanía.

Para el gobierno español, la Resolución 1.920 le abre la posibilidad de reorientar un asunto del que se había desentendido desde 1.975. Aquello que entonces tenía una cierta explicación, hoy es impresentable desde cualquier punto de vista.

Cualquier observador podría pensar que nuestro país está atado de pies y manos y que carece de argumentos diplomáticos para trabajar a favor de los Derechos Humanos en el Sahara. Todo lo contrario, España tiene un cúmulo de factores a su favor que sólo con la voluntad política de utilizarlos lograría cambiar la situación de manera radical.

1º. Para la ONU, España es la potencia administradora y su presencia en el Sahara estaba avalada por los tratados de Berlín (1885) y de Algeciras (1912), Marruecos no tiene ningún reconocimiento de la comunidad internacional para estar allí sino el apoyo fáctico de EEUU y Francia, que funcionan gracias a la inhibición de España.

2º. El derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación es uno de los principios constitutivos de la Carta de San Francisco y por lo tanto ese derecho no puede ser sustituido por una propuesta de autonomía realizada por una potencia que sólo goza de un derecho de conquista, no reconocido como legal y que por lo tanto es ilegítimo.

3º. La situación estratégica regional de 1.975: inestabilidad política en España y Portugal, y las alianzas de Argelia y Libia con la URSS en la guerra fría, que fueron los argumentos que motivaron el apoyo de EEUU y Francia a Hassan II para apoderarse del Sahara, han variado por la estabilidad política Ibérica y por el final de la guerra fría.

4º. El apoyo incondicional por EEUU y Francia a Marruecos, en el asunto del Sahara, ha incidido negativamente en el respeto a los Derechos Humanos en el Magreb. En esos 35 años Marruecos ha sido incapaz de integrar a un pequeño núcleo de población a pesar de pertenecer a la misma cultura y religión. Sólo ha estado interesado en sus recursos naturales y en incrementar su territorio.

5º. La pasividad de la ONU con Marruecos: al permitirle violar sus Resoluciones y en no dotar a la MINURSO de competencias para defender los DDHH, cuestionan gravemente la credibilidad de la organización para gestionar la crisis.

6º. La estabilidad en el Magreb puede lograrse dentro de un marco amplio de cooperación económica y política, establecido entre los países que lo componen y no con el reforzamiento de uno sólo en detrimento de los demás.

7º. El integrismo fundamentalista islámico será una amenaza en el Magreb, sólo cuando estos países fracasen en su modernización estructural y no logren un reparto más justo de su riqueza. No en si el Sahara es independiente, o no.

8º. Marruecos no puede conceder la autonomía a un territorio sobre el que no tiene soberanía y que ocupa sólo de facto.

9º. El incumplimiento sistemático de la ONU en hacer respetar sus propias Resoluciones, legitima la vuelta a la lucha armada del pueblo saharaui para hacer valer su derecho.

10º. En su calidad de potencia administradora, España puede solicitar del Consejo de Seguridad su intervención para detener la violación de los Derechos Humanos en el Sahara, así como ofrecer la intervención del ejército español como cascos azules para hacer cumplir las resoluciones del propio Consejo de Seguridad, que han sido reiteradamente incumplidas. Es más lógico que nuestras tropas se pongan el casco azul en el Sahara que en el Líbano. La costumbre, de algunos políticos incompetentes, de implicarse alegremente en conflictos internacionales ajenos a nuestros intereses, mientras evitan actuar en los contenciosos que directamente nos afectan, es el camino seguro para alcanzar las más altas cimas del desprestigio internacional, que es donde desgraciadamente estamos.

No me cabe duda, de que cualquier secretario de tercera de una embajada con esos elementos sería capaz de desarrollar una acción exterior más airosa y eficaz que la que han desarrollado, hasta este momento, los ministros españoles de Asuntos Exteriores. Sobre todo si tenemos en cuenta que el país gamberro, violador de la legalidad internacional y causante de numerosas víctimas y desplazados es Marruecos, prisionero de unas ambiciones expansionistas y neo coloniales propias de otras épocas ya superadas.

No puedo terminar este apartado dedicado a los Derechos Humanos en el Sahara sin hacer referencia a la más conocida de las activistas saharauis, Aminetu Haidar. Esta frágil mujer mostró la gran fortaleza de espíritu que posee cuando con sólo decir no, dejó en evidencia a los gobiernos de España y Marruecos, que intentaban impedir su regreso al Aaiún para reunirse con su familia. Su ejemplo muestra la capacidad de resistencia ante la injusticia que tienen los hijos de las nubes.

Diego Camacho.