La sentencia del Constitucional da la razón a la Comunidad de Propietarios del Edificio San Telmo y, por tercera vez, reafirma que el edificio debe ser derribado.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

EL CONSTITUCIONAL RATIFICA LA SENTENCIA QUE EXIGE DEMOLER LA BIBLIOTECA DE LAS PALMAS

CANARIAS SEMANAL

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el ex alcalde de Las Palmas de G.C., Juan José Cardona, para evitar que se hiciera efectiva la sentencia del Supremo que obligaba a derrumbar la Biblioteca del Estado, situada junto a la Avenida Marítima de la capital grancanaria.

   La sentencia del Constitucional da la razón a la Comunidad de Propietarios del Edificio San Telmo y, por tercera vez, reafirma que el edificio debe ser derribado.

   En su anterior sentencia, el Supremo señalaba que la instalación, construida en la época en la que el actual ministro de Industria, José Manuel Soria José Manuel Soria, ocupaba la Alcaldía del Consistorio, es contraria a las disposiciones urbanísticas, elimina zonas verdes y cuenta con una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral.

   Pese a todo, tras este dictamen Cardona  aseguraba "confiar" en que "el Constitucional daría la razón al Consistorio", si bien adelantaba que, en caso contrario, "se recurriría a nuevas vías jurídicas".

 El actual grupo de Gobierno, liderado por Augusto Hidalgo (PSOE) ha manifestado "que estudian fórmulas alternativas que eviten la demolición".

Un "regalo envenado" de José Manuel Soria

    Pero, ¿quiénes son los responsables de una situación que podría concluir con la desaparición de este importante equipamiento público?

 La Biblioteca del Estado  fue construida en 1997, con una licencia ilegal y en contra de la opinión de los técnicos del propio Ayuntamiento.  Los técnicos advirtieron entonces a José Manuel Soria de que, si pretendía llevar adelante el proyecto en la parcela elegida, era preciso elaborar previamente un plan especial para ordenar la zona, en la que estaba previsto ubicar un parque.

    El alcalde, sin embargo, ignoró este informe y, enfrentándose a los vecinos, que veían cómo la biblioteca pública impediría la visión del mar que tenían las viviendas cuando las compraron, siguió adelante con sus propósitos.

   Es por ello que, una tras otra, todas las instancias judiciales han coincidido en que la licencia de la Biblioteca se concedió sin cumplir los parámetros legales requeridos.  El Tribunal Supremo lo hizo en julio de 2014 cuando desestimó las razones que esgrimió la ciudad, después de la sentencia condenatoria del TSJC del año 2002, que daba las razón a los vecinos del edificio San Telmo, ubicado justamente detrás, y que denunciaron al Ayuntamiento al considerar que el proyecto les restaba visibilidad, incumplía parámetros urbanísticos y no se había aprobado un plan especial para su construcción.

   El cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo y ahora ratifica por el Constitucional supondría la demolición de una obra que costó más de seis millones de euros y la pérdida de una infraestructura fundamental para Las Palmas de Gran Canaria.

  Esta posibilidad, sin embargo, no ha motivado a ningún grupo político a utilizar sus recursos con el objeto de que el líder de los derechistas canarios deba asumir la responsabilidad por sus actos, hasta las últimas consecuencias.