Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

sábado, 12 de octubre de 2013

Los sindicatos UGT, CC.OO., sus altos cargos y varios familiares cobraron 22 millones de los ERE.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

Opacidades y desmanes

EL ECONOMISTA

El último atestado de la Guardia Civil referente a la Operación Heracles II, desarrollada esta semana entre políticos, empresarios y sindicalistas que se enriquecieron ilícitamente con los ERE fraudulentos de Andalucía, reitera la conclusión ya planteada en marzo pasado por la juez Alaya: los sindicatos UGT y CCOO se financiaron de forma irregular en esta comunidad entre 2001 y 2010 mediante su participación en los procesos de despidos y prejubilaciones.

Según un cálculo basado en las investigaciones del instituto armado sobre el dinero que acabó en las arcas de las propias centrales, y los bolsillos de altos y ex altos cargos de ambas y familiares de estos últimos, son al menos 22 millones de dinero público desviado de su fin legítimo.

Como consecuencia, hay ya quince dirigentes y exdirigentes de ambos sindicatos imputados sobre 126 personas imputadas hasta ahora en los ERE, otros nueve aforados señalados como preimputados y hasta 45 posibles imputados más fruto de Heracles II. A ello se suma, además, que la investigación sobre otro posible caso de desvío público, el de las facturas falsas de UGT endosadas a programas de subvenciones de la Junta, también ha recaído en el juzgado de los ERE.

Las consecuencias de esta nueva pieza de la instrucción están aún por llegar, pero el propio sindicato ha tenido que devolver esta semana 25.000 euros defraudados al Gobierno andaluz. Y, mientras, siguen apareciendo nuevas facturas sospechosas tras la investigación interna del sindicato que sólo apunta a "discrepancias habituales" en los conceptos de algunos cobros.

Dos grandes partidas sustentan esa cifra de 22 millones de euros que la Guardia Civil ha conseguido probar hasta ahora. La primera es la que corresponde al dinero recibido directa e indirectamente por Juan Lanzas, el exsindicalista de UGT -afiliado hasta marzo pasado- que junto al exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, está en el centro de la operativa del fraude.

Lanzas acumuló 13,4 millones de los al menos 50 millones que la Junta pagó en sobrecomisiones a las mediadoras de los ERE, las consultoras Vitalia y Uniter. Lo hizo directamente -pagos directos mediante sobres e inclusión de él mismo como intruso en ERE- como a través de sociedades interpuestas controladas por testaferros. Lanzas está encarcelado desde marzo.

El segundo gran bloque de dinero que acabó en los dos sindicatos mayoritarios procede de los pagos que esas dos mismas consultoras hicieron a federaciones concretas de ambos y a empresas integradas en ellos. Vitalia pagó 4,2 millones y Uniter, 3,2 millones. De esos 7,6 millones, UGT recibió 3,4 millones y CCOO el resto. La Guardia Civil, y la juez en un auto de marzo pasado, ya señalaron que no había constancia de los trabajos concretos desarrollados por ambos que justificaran esos ingresos.

El tercer sumando procede del dinero recibido por familiares directos de los sindicalistas imputados, además de algunos sindicalistas como tal, que fueron incluidos como intrusos en los ERE subvencionados. Los de la granadina Dhul -entonces integrada en Nueva Rumasa-, la malagueña Hitemasa o las sevillanas Samec y Saldauto acumulan a nueve intrusos de este tipo que cobraron ilegalmente casi 900.000 euros más.