LOS TERREMOTOS DEL NEGOCIO PRIVADO: HOY CASTELLÓN, ¿MAÑANA CANARIAS?

CANARIAS SEMANAL

Desde el 8 de septiembre, los habitantes de Castellón - en la Comunidad Valenciana - han sufrido alrededor de 400 temblores de tierra provocados por las inyecciones de gas al almacén subterráneo del Proyecto Castor. El 1 de octubre, uno de estos terremotos sobrepasaba la magnitud de los 4 grados en la escala Richter. Durante la noche del pasado viernes al sábado se producían otros cinco seísmos de más de 2 grados de intensidad, uno de los cuales llegó a alcanzar los 3,1. Ante la comprensible alarma suscitada por estos reiterados movimientos sísmicos, el ministerio de Industria se veía obligado a paralizar temporalmente la actividad de Escal UGS, la empresa que lleva a cabo la inyección de gas en el subsuelo, mientras que la Fiscalía Provincial de Castellón incoaba diligencias de investigación penal para esclarecer los causas concretas de los múltiples terremotos que se están produciendo en el Golfo de Valencia.

Los llamamientos a la calma realizados por el ministro de Industria, José Manuel Soria, han tenido una escasa repercusión. Este domingo, una 6.000 personas se manifestaban en Les Cases d'Alcanar -Tarragona - para exigir el cierre y desmantelamiento del depósito submarino de Gas Castor. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, organizadora de la acción reivindicativa, anunciaba también su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Castellón por los "daños" producidos.

¿NADA QUE VER CON EL PROYECTO DE REPSOL PARA CANARIAS?

Además de sostener que la situación provocada por la actividad gasística en Castellón "no es preocupante", el Ejecutivo Rajoy ha mostrado especial interés en desligar por completo lo que está sucediendo en esta región del proyecto para la extracción de hidrocarburos que pretende llevar adelante la multinacional Repsol en aguas canarias.

Dando un paso más allá, y refiriéndose a los diversos planes extractivos que actualmente promueve el Gobierno central, el presidente de la Mesa de Turismo, Abel Matutes, insistía en las diferencias esenciales que -según él - existen entre las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y las que se van a realizar en aguas del Archipiélago. Para el ex ministro de Aznar, las primeras pueden constituir un "riesgo no sólo para el turismo, sino para la economía en su conjunto", mientras que, por el contrario, "considera razonables las autorizadas en Canarias".

Sin embargo, pese a las diferencias ficticias - y reales - que se puedan señalar entre los diferentes proyectos, no es difícil encontrar entre ellos un elemento común definitorio, que permite extraer consecuencias de lo que hoy está sucediendo en la Comunidad Valenciana:la supeditación de los intereses mayoritarios y la seguridad de las poblaciones a las milmillonarias ganancias privada de un pequeño puñado de grandes compañías.

En el caso del Proyecto Castor, aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ni el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa ni el posterior aval del Gobierno "socialista" tuvieron en cuenta el riesgo sísmico existente en la zona. El principal beneficiario del negocio cuyas consecuencias están empezando a sufrir hoy los ciudadanos de Castellón, no fue otro más que magnate de la construcción y presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Principal accionista de ACS, que posee el 66,67% de Escal UGS, que en 2012 tenía 1.518 millones de euros de activos Pérez mantiene un preacuerdo con Enagás para venderle un 33% de su participación.

En los pueblos de esta región mediterránea, tal y como hoy está sucediendo en las Islas, el proyecto fue precedido por promesas de prosperidad y fomento del empleo. Tanto la empresa promotora como el Gobierno del PSOE se encargaron de generar unas expectativas que, huelga decirlo, no se han cumplido en absoluto. "Yo no conozco a nadie del pueblo que trabaje allí", manifestaba a la prensa Manuel París, un pescador jubilado de Vinaroz en días pasados. Las mismas promesas infundadas son propagadas hoy en Canarias por el Gobierno del Partido Popular y los medios de comunicación corporativos del Archipiélago para allanar el camino a las petroleras.

No son éstas, sin embargo, las únicas similitudes que se pueden señalar en lo que se refiere al "modus operandi" de las empresas promotoras de ambos proyectos. La pasada semana se conocía que en los documentos presentados por Repsol al Gobierno español para obtener los permisos de investigación, que le fueron otorgados por el Real Decreto de 16/03/2012, que debían contener las medidas de protección ambiental para las prospecciones en Canarias, fueron calcados por la multinacional de los que ya había presentado obtener los permisos de investigación en el Mar Mediterráneo y el Mar Cantábrico. Es decir, que Repsol ignoró por completo las características del ecosistema canario y no previó ninguna medida específica de protección ambiental para el mismo. Y ello a pesar de que, las prospecciones previstas en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote se realizarán en mar abierto a una profundidad total de unos 6.500 metros, mientras que en los dos otros casos mencionados la profundidad no superaría los 385 metros.

LA ACTIVIDAD SÍSMICA EN CANARIAS QUE TAMPOCO CONTEMPLAN REPSOL Y EL GOBIERNO

Entre las "peculiaridades" del caso canario que tanto Repsol como el Gobierno central han preferido despreciar se encuentra también la actividad sísmica registrada en la zona donde la petrolera tiene previsto realizar su actividad extractiva.

Técnicos contratados por los Cabildos de Fuerteventura y de Lanzarote han podido constatar al menos una docena de movimientos en dicha zona solo desde junio de 2012. Una circunstancia que incrementa los ya elevados riesgos asociados a la realización de prospecciones a varios miles de metros de profundidad.

Cualquiera de estos sismos, en efecto, podría provocar daños en las estructuras y conducciones de las perforadoras provocando un accidente de consecuencias devastadoras para el Archipiélago.

Tras la divulgación de estos estudios elaborados por geólogos, la multinacional ha respondido asegurando "que la posibilidad de movimientos sísmicos en la zona está contemplado en el estudio de impacto ambiental y que la compañía explota yacimientos petrolíferos en países con mayor riesgo sísmico que Canarias".

Para Repsol - y sus promotores políticos y mediáticos - cualquier señal de alerta se encuentra injustificada y responde tan solo a determinados "intereses políticos". Esta negación de la evidencia científica, junto a la utilización de expertos pagados para justificar ante la opinión pública los planes más perniciosos para las poblaciones locales, constituye también otro elemento común al conjunto de los proyectos extractivos que hoy se pretenden imponer en el Estado español.