Nuevamente, desde nuestra organización nos vemos en la obligación de realizar una llamada a la reflexión en puertas de un nuevo proceso electoral, que marcará la evolución futura de los derechos e intereses laborales titularidad del colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

Por responsabilidad con los compromisos asumidos por esta organización, en respuesta al apoyo y respaldo recibido por el conjunto de trabajador@s, que aun no siendo afiliad@s nos brindaron su confianza, y en definitiva, por el interés general de la plantilla, el CATT concurre a las inminentes elecciones sindicales con el objetivo de continuar con la incansable lucha iniciada años atrás, para preservar los espacios de libertad y reivindicación necesarios para garantizar el respeto del conjunto de derechos laborales que tenemos reconocidos legal y convencionalmente, y cuyo cumplimiento exige de este colectivo una vigilancia y supervisión constantes para contrarrestar los incesantes “DESCUIDOS Y DEVANEOS” en que incurren la empresa y otras organizaciones sindicales en cuanto a su aplicación e interpretación.

Esa labor es asumida por el CATT sin apartar la vista de la realidad socio-económica actual, lo que nos ha obligado a “echar el freno” en determinadas reivindicaciones laborales para preservar el principio de estabilidad en el empleo, pero NUNCA CON RENUNCIA DE DERECHOS PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADOR@S, sino mero retraso en la aplicación y ejecución del conjunto de derechos laborales reconocidos.

A fecha actual, pese al sacrificio realizado por la parte social, sólo se ha obtenido la callada empresarial por respuesta, sin manifestación alguna de voluntad tendente a restaurar entre las partes el equilibrio cedido, por lo que ha llegado el momento de reactivar esos derechos e intereses legítimos del colectivo de trabajador@s, siempre desde la coherencia y con absoluta LEALTAD y TRANSPARENCIA, labor compleja para la que esta organización precisa de la colaboración de todo el colectivo, cuyo interés y bienestar son la causa incondicional del esfuerzo de nuestro quehacer diario.

En definitiva, como toda relación reciproca esta organización ofrece como aval al colectivo de trabajador@s, su entrega, esfuerzo y compromiso, poniendo a su disposición el adecuado asesoramiento jurídico, debiendo recordar los siguientes logros obtenidos:

Movilidad en Vacío, Actualización Salarial, Complemento Personal Garantizado, Incentivo de Asistencia Continuada…

sin olvidar los conseguidos en la defensa de derechos individuales,

y simplemente espera:

que el compromiso, la autenticidad, la transparencia y la tenacidad

guíen vuestra elección en las próximas votaciones previstas para el 02.07.15, renovando el apoyo a esta organización sindical que trabaja por y para el colectivo de trabajador@s de la empresa Salcai-Utinsa, S.A.

“EL catt LA FUERZA DE LA RAZÓN”

martes, 1 de octubre de 2013

Los ceses de trabajadores por causas disciplinarias son considerados fraude de ley, así se establece en una sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de septiembre de 2013.

"El catt con la FUERZA DE LA RAZÓN"

El despido disciplinario masivo nulo se convierte en colectivo

EL ECONOMISTA

Se deben sumar los empleados despedidos por causas disciplinarias para comprobar si se ha superado el tope establecido por el Estatuto de los Trabajadores (ET) para promover despidos colectivos por causas económicas, organizativas o técnicas, si la empresa reconoce la improdencia del despido de la mitad de los sancionados.

Así se establece en una sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de septiembre de 2013, que considera probado que en dos meses, además de los 21 despidos por causas organizativas o productivas, la empresa despidió por causas no inherentes a las personas de los trabajadores a otros 35 trabajadores, y superó con creces los umbrales requeridos por el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que obligan al despido colectivo.

El ponente, el magistrado Bodas Martín, estima que no habiéndose realizado el periodo de consultas exigido por el artículo 51.2 del ET, procede declarar la nulidad del despido. Por ello, concluye que si se procede como en este caso, sin acreditar que hubo transacción efectiva con los trabajadores, a los que reconoció la improcedencia, éstos carecen de causa disciplinaria, por lo que no están causados por "motivos inherentes a las personas de los trabajadores afectados".

Esta actuación debe ser interpretada como que dichos trabajadores fueron despedidos por motivos "no inherentes a sus personas", al ser impensable que la empresa despidiera disciplinariamente en un periodo muy reducido de tiempo a tantos trabajadores para admitir, sin controversia acreditada, que la mayoría de dichos despidos eran improcedentes, puesto que dicha actuación acredita por sí misma la ausencia de causa disciplinaria.

Esta situación constituye un "fuerte indicio de fraude de ley", por cuanto el reconocimiento de improcedencia permite presumir que los despidos disciplinarios encubrían su verdadera causa, que era económica, técnica, organizativa o de producción, de conformidad con el artículo 6.4 del Código Civil.

Precisa también el magistrado que la Sala no pretende equiparar mecánicamente el reconocimiento de la improcedencia de un despido disciplinario con la concurrencia de fraude de ley, ya que dicha actuación empresarial puede deberse a una transacción legítima.

Plazo de 90 días

Repasando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, estima Bodas Martín que el Alto Tribunal exige, como requisitos constitutivos para que la empresa esté obligada a promover despido colectivo, que se superen los umbrales del artículo 51.1 del ET en un periodo establecido de 90 días y que concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

En estos casos, deberán computarse, además de los despidos producidos por dichas causas, cualesquiera otro que no esté basado en motivos inherentes a la persona del trabajador distinto de los previstos en el artículo 49.1.c del ET.

Si no se hiciera así, si se excluyera del cómputo a los trabajadores despedidos en el periodo de referencia por motivos no inherentes a su persona -concluye la sentencia-, salvo la excepción mencionada, no sería posible la integración, promovida por el Tribunal Supremo.